Lomas de Zamora, mayo 07 (AUNO).- A mediados de abril, la Corte Suprema cuestionó la “debilidad institucional” de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). La expresión apuntó a los escasos avances en torno recomponer, prevenir y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la cuenca, que tildaron de “inoperante” el accionar del organismo y aseguraron que está en riesgo la salud de 8 millones de personas. En tanto Acumar, solo presentó una serie de informes para defenderse ante el máximo tribunal.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, se quejó porque no hay un “avance” respecto a los controles por la contaminación industrial y remarcó que las empresas siguen siendo “privilegiadas” por sobre el medio ambiente. “Les resulta gratuito a Acumar y a los funcionarios incumplir el fallo porque no hubo ninguna sanción, penalidad o multa”, puntualizó Alberti durante una entrevista con AUNO.
Las autoridades de los gobiernos nacional, provincial y porteño fueron intimadas mediante un fallo a que en un plazo de 30 días presenten un plan concreto de saneamiento de la cuenca que recorre 15 municipios. La sentencia no solo señaló la “debilidad institucional” de Acumar sino que también detectó un “bajo nivel” de cumplimiento de ella.
Los vecinos reclaman que los parámetros que utiliza la Acumar para medir el nivel de contaminación deben “elevarse” porque los actuales son “permisivos”, y acusan que la “política de privilegios” de las empresas sigue vigente. La asociación remarca que el control a los sectores privados es uno de los indicadores con “mayor deuda”.
Las industrias registradas a lo largo de la cuenca hídrica son 16.701, de las cuales 1385 son agentes contaminantes y 505 de ellas fueron adaptadas para no generar desperdicios, lo cual haría suponer que no contaminan. “Pero lo más triste es que lo siguen haciendo”, lamentó el presidente de la asociación.
“No se salvaguarda la salud de 8 millones de personas. Cuando hablamos de que el control industrial es una farsa, estamos diciendo que no se cuida la salud de la población. Es una vergüenza que se siga postergando de esta manera”, cuestionó Alberti.
Si bien Acumar favoreció aspectos de la contaminación visual, la calidad del agua “no mejoró en lo absoluto”, añadió. Es lo que define la “inoperancia e ineficiencia” del organismo, además de ser “lenta”, enfatizó el vecino.
AUNO intentó comunicarse sin éxito con autoridades de Acumar. En un comunicado reciente el organismo anunció que la próxima semana llamará a “licitación” por la limpieza del Riachuelo, una vez vencido el plazo que le dio la Corte. La nueva licitación estará en el sitio de Compras Públicas de la República Argentina (comprar.gob.ar) y a la empresa ganadora le vencerá la concesión en 2021.
La concesión anterior había sido otorgada en 2015 a Servicios Emiser, que hasta 2017 debía hacerse cargo de la limpieza de los espejos de agua. Ese mismo año, el nuevo concurso fracasó porque las empresas La Mantovana, la unión transitoria de empresas (UTE) entre Urbaser y Seob SA y la firma Control Ecológico habrían incumplido con cuestiones legales administrativas. Por eso, el nuevo intento de licitación se hará este año.
UN PROBLEMA QUE VIENE DE ARRASTRE
Los gobiernos habían presentado en 2006 un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que la Corte aprobó con una sentencia en julio de 2008. Ese año se estableció que las metas del proyecto serían mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, recomponer y prevenir los daños en el ambiente de la cuenca.
Sin embargo, un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió dos deficiencias que “persisten e impiden” cumplir con el PISA: el funcionamiento estructural de la Autoridad y el sistema de medición del cumplimiento de la sentencia.
Una de las cuestiones que implicaban a los gobiernos era el traslado habitacional de la población. Debían construirse 17.771 viviendas para las personas afectadas por el mal estado del Riachuelo. Sólo se terminaron 3.992, es decir que desde 2010 hasta la actualidad se ejecutó un 22 por ciento del plan habitacional.
A principio de este año, Acumar presentó un informe donde prevé que la entrega de viviendas durante 2018 será de 1761 y proyecta que para 2019 serán relocalizadas 2584 familias de distintos puntos del conurbano bonaerense.
En el mismo informe, las autoridades de la cuenca detectaron en 2017 la presencia de 301 basurales a cielo abierto de los cuales 195 fueron saneados y 106 están pendientes. Esperan “finalizar” con la limpieza en el transcurso del año.
Otra de las tareas de Acumar era realizar un relevamiento acerca de las enfermedades producidas por la contaminación en 632 barrios vulnerables de los cuales sólo 37 fueron censados, según un informe elaborado por las autoridades del organismo en diciembre de 2017.
El último fallo de la Corte determina que la información recogida por Acumar “no precisa” cuál es la cantidad y la distribución de las personas que presentan alguna enfermedad vinculada a la contaminación ambiental. En el informe que la Autoridad realizó, aclaró que hay seguimiento de 345 personas con plomo en sangre, aunque este número sólo representa a los habitantes 37 barrios censados y deja en vilo a los 595 restantes.
En este sentido, hay incertidumbre ya que al momento de realizar el documento la institución contaba con la información consolidada de 20 barrios. En noviembre último incorporó a su registro de casos a 1567 personas con enfermedades producto de la contaminación, de los cuales 282 son niños menores de 6 años.
Con respecto a la intimación de la Corte sobre Acumar, Alberti acotó que están a la “expectativa y con esperanza” de que el saneamiento sea una realidad. Confesó que si no tienen esperanza “no podrían estar trabajando” sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo. “Se tienen que comprometer con los plazos y es probable que lo hagan”, arriesgó.
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AUNO-07-05-18
