Hace un año, Anahí Benítez aparecía asesinada en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. Se convertiría en una más de las 870 víctimas de femicidio registradas en el país en tres años, un cifra que visibiliza una problemática que avanza en la sociedad y pone en jaque el rol del Estado y la Justicia.
Su historia es similar a la de muchas víctimas. Anahí tenía 16 años y era una estudiante apasionada de las artes plásticas. Al desaparecer el 31 de julio 2017, su familia, amigos y compañeros de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de Banfield comenzaron su búsqueda.
Tardaron seis días en encontrarla. Había sido asesinada, a unas veinte cuadras de su casa. Su muerte puede parecer una tragedia más, pero no es un hecho aislado. Ella no sólo es víctima de sus agresores, sino que es la consecuencia fatal de un Estado cada vez más ausente, una Justicia que evoluciona con lentitud y una sociedad machista que responde con brutalidad.
Pero Anahí también es símbolo de una lucha, que se desata en las calles y en los barrios más pobres, donde si el Estado y sus políticas no llegan, lo hará el feminismo con ese abrazo, que es contención y abrigo para las muchas mujeres.
Son muchas menos
Al menos 871 mujeres fueron asesinadas por su condición de género en Argentina desde el 3 de junio de 2015 hasta el 29 de mayo de este año, según el Registro Nacional de Femicidios elaborado por el colectivo de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).
Este informe reveló otras cifras escalofriantes: hubo 67 femicidios vinculados a varones y niños, con quienes la mujer tenía relación estrecha; y otros 42 vinculados a mujeres y niñas. En ese mismo período, también se registraron 24 travesticidios.
Ocho de cada diez víctimas fueron agredidas por un hombre de su círculo íntimo (pareja, ex pareja o familiares) y conocidos; mientras que el resto fueron violentadas por extraños, o no existen datos al respecto.
Las modalidades de asesinato evidencian la brutalidad con que son violentadas las víctimas. Es así que 240 fueron agredidas con arma blanca, 207 con arma de fuego, 147 asfixiadas, 119 a golpes y 40 quemadas. Un total de 908 niños y niñas quedaron huérfanos en tres años.
Este registro está elaborado por medios de comunicación, por lo que constituyen “sólo un recorte particular y no son la cantidades reales de femicidios que deberían ser contabilizados”, afirmó la coordinadora de MuMaLá de Lomas de Zamora, Natalia Valle.
La organización no descartó que la cifra sea mucho más alta y preocupante. “No hay voluntad política ni decisión para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres”, criticó.
Las deudas del Estado
“No sólo la cantidad de femicidios es cada vez mayor, sino que no existen campañas de concientización sobre la violencia machista. El Estado está en retirada”, aseguró Valle en diálogo con AUNO.
Entre la lista de asuntos adeudados por el Estado está la Ley 26.485, que creó el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), encargado de “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, entre otras funciones. “Este Consejo pasó a categoría de instituto (INAM) y su presupuesto nunca llegó a ser más de un dígito dentro del presupuesto total nacional”, denunció a referente.
Otra de las disposiciones de esta normativa es la puesta en marcha de la línea 144, que funciona las 24 horas de manera gratuita, con el objetivo de brindar asesoramiento, contención y derivación en casos de violencia de género.
Valle criticó la efectividad de esta vía telefónica, con la cual “cuesta un montón comunicarse” porque “tardan en atender”. “Es desgastante intentar contactarse con la línea 144. Las veces que llamamos y pedimos datos, los que te pasan no son certeros”, consideró.
La Ley 26.150, también conocida como Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), establece que todas las escuelas públicas y privadas a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben integrar la formación en educación sexual dentro de sus propuestas educativas.
En la actualidad, “la ESI no se implementa en ninguna entidad educativa cuando debería darse tanto en nivel inicial, primaria y secundaria”, expuso la referente de MuMaLá.
La difusión de estereotipos prefijados de género, la falta de sanción a los programas televisivos que incitan a la violencia simbólica y la proliferación de publicidades sexistas, son algunos de los reclamos del movimiento feminista con respecto al tratamiento de los medios masivos de comunicación.
Estos puntos estaban considerados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establecía la protección y promoción de “la igualdad entre hombres y mujeres”, así como “el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.
A meses de asumir, el presidente Mauricio Macri derogó la legislación y eliminó una de las herramientas más fuertes del feminismo en su lucha con los medios hegemónicos.
Valle, por otro lado, destacó que muchas actrices se manifestaran a favor de la legalización del aborto. “Que personas mediáticas y formadoras de opinión se manifiesten como feministas y hablen de algo que no se hablaba, como es el aborto, sumó un montón. Es algo que vimos en este último tiempo”, explicó.
El papel de los legisladores también se pone en jaque en la actualidad. En ese sentido, la visibilización de los colectivos de mujeres en las calles cumple un rol cada vez más importante a la hora de discutir sus derechos en el Congreso. Así lo evidenció la votación sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso en junio pasado.
“Son muy pocos los legisladores que acompañan el movimiento feminista y muchos otros se hicieron eco del reclamo porque eramos un montón de personas inundando la Plaza del Congreso. No es algo que se puede pasar de largo porque somos votantes. Toda la gente que que se sumó al movimiento feminista permitió que se movieran las piezas del juego con el Poder Legislativo y los medios de comunicación”, señaló Valle.
La calle, terreno en disputa
Es innegable la explosión del movimiento feminista en estos últimos años. Las marchas por “Ni Una Menos” y el aborto legal, seguro y gratuito convocaron a miles de personas a manifestarse a las calles de todo el país.
Uno de los puntos de este crecimiento se debe a los cientos de adolescentes y jóvenes que manifiestan el despertar de “una conciencia que empuja a salir a luchar por lo que nos corresponde”, indicó Valle.
La asunción de un Gobierno “liberal y anti pueblo” fue otra de las causas, según enumeró la referente de MuMaLá Lomas. “Hay más familias en situación de calle. Sabemos que la pobreza tiene cara de mujer. Estamos en una época complicada, por eso es importante hacer escuchar nuestra voz. El movimiento feminista argentino está dando que hablar en el mundo y se ha fortalecido”, afirmó.
En la escuela y la plaza también sorprendió una marea feminista que invitó a desterrar un tabú: el aborto. También permitió que la “Justicia patriarcal” otorgara una sentencia histórica en el caso Diana Sacayán, al condenar a prisión perpetua a Gabriel Marino por el travesticio de la referente trans.
“Eso lo conseguimos los que les militamos y salimos a la calle, que es el terreno de disputa, donde podemos hacer torcer el brazo con quien sea. Es alentador y esperanzador que haya tanta juventud. Ojalá continúe con estos ánimos de lucha y ganas de conquistar”, manifestó la integrante de MuMaLá.
Una Justicia sin formación ni recursos
El Registro Nacional de Femicidios elaborado por MumaLá estimó que el 18 por ciento de las víctimas había realizado denuncias judiciales previas, mientras que el 10 por ciento tenía medidas de protección.
Los números reflejan que las medidas de restricción “no están debidamente monitoreadas por la Policía ni por el Poder Judicial”, según sostuvo a AUNO la abogada Raquel Hermida Leyenda, titular del equipo Red de Contención, conformado por un grupo de profesionales interdisciplinario para el asesoramiento y seguimiento de casos de violencia de género.
Hermida Leyenda consideró que “la mejor manera de monitorear a un violento es a través de una pulsera o tobillera electrónica”, que estigmatiza al victimario y no a la víctima. Se trata de “un simple sistema electrónico que puede seguirse desde cualquier comisaría”.
“Pedirle a una víctima que cuide a sus hijos, su cartera, su celular y que, además, avise a la Policía por medio del ‘botón de pánico’ es una locura”, afirmó la letrada.
Este mecanismo de restricción “sólo se probó en cuatro casos en la Ciudad de Buenos Aires” y no se determinó el presupuesto para comprar estas herramientas de monitoreo. “No existe un presupuesto para defender a las mujeres víctimas de violencia de género. Y el que está, es muy pobre y poco pragmático su uso”, sumó.
La falta de perspectiva de género en la Justicia es una de violencias más explícitas. Sin embargo, sí existe la capacitación en casos con víctimas de violencia de género para los actores judiciales. El problema es que no es obligatoria.
La doctora se manifestó a favor de que esta formación debería “ser impuesta desde quién toma la denuncia hasta el más alto actor judicial de los tribunales intervinientes”. “La capacitación sobre perspectiva de género se da mediante profesionales especialistas pero lamentablemente muchos no la tomaron en cuenta, mientras que otros ni siquiera conocen la temática”, expuso.
Sentencias favorables a la lucha
A pesar de estas falencias, Hermida Leyenda destacó que la Justicia tiene una evolución “muy positiva” en cuanto a la violencia de género, los femicidios y la violencia sexual. Sus progresos se desarrollan a partir de “sentencias favorables en la lucha”, que permitieron “hacer historia en la jurisprudencia”.
Entre ellas, enumeró algunos de los cambios: el caso de Zulma Abdala, una mujer víctima de violencia de género que grabó el video “Zulma pide ayuda”. Hermida Leyenda patrocinó su caso, que logró cambiar las amenazas y lesiones, en contexto de violencia de género, en agravantes.
Otro caso fue el de Beatriz López, quien fue absuelta por asesinar a su marido y policía bonaerense, Gastón Márquez. Ella vivía con él y su hija, en un contexto diario de torturas, abuso sexual y privación de la libertad. Por ese motivo, López le disparó con su arma reglamentaria.
Hermida Leyenda consideró este caso como “uno de los más importantes” porque marcó un precedente: la violencia de género es un delito en materia de derecho penal, no una cuestión de familia ni un crimen pasional.
“En este caso, modificamos la jurisprudencia nacional en legítima defensa, en contexto de violencia de género convivencial. Además, logramos que la violencia de género sea considerada un delito permanente”, indicó.
La excarcelación para mujeres sin hijos se convirtió en un hecho con la causa de Eva Analía de Jesús, conocido como “Caso Higui”. La joven asesinó a Cristian Espósito, líder de una patota que intentó violarla en 2016 por ser lesbiana.
La causa que tuvo como protagonista al ex jugador de independiente Alexis Zárate, asimismo, permitió validar la declaración de la víctima en casos de abuso sexual para condenar a su agresor. Zárate había abusado de Giuliana Peralta en un departamento en Wilde en 2014.
“Así evoluciona la Justicia: cambiando la jurisprudencia en cada una de las causas que atañe al movimiento feminista”, explicó Hermida Leyenda. Un movimiento que también consiguió la figura “femicidio” en 2012 para definir a aquellas mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer.
Deconstruir desde los barrios
En los barrios más pobres del conurbano bonaerense, las niñas, jóvenes y adultas se ven atravesadas por una cultura machista que las violenta por ser mujeres, pobres, migrantes o pertenecer a pueblos originarios. Allí, la construcción de un feminismo popular es un camino para enfrentar las condiciones de desigualdad.
En ese contexto, surgió el colectivo de mujeres Mariposas de Villa París, instaladas en el barrio homónimo de la localidad browniana de Glew. Las referentes crearon este espacio de contención antipatriarcal para mujeres que vivían en una toma de tierras de ese barrio y padecían maltrato por parte de sus parejas.
A medida que realizaban el seguimiento de cada caso, las Mariposas se encontraron con un gran abanico de violencias institucionalizadas que van desde la discriminación en las salitas del barrio, al negarse a atender a mujeres de bajo recursos, trans, travesti o lesbinas; hasta un Estado, que “no llega” a las zonas más pobres.
Cuestionar las violencias hacia las mujeres desde una mirada compleja, la defensa de sus derechos, las situaciones del barrio que los vulneran y la deconstrucción de estereotipos son algunos de los ejes tratados entre mateadas y talleres que llevan a cabo en su sede, ubicada en Alfonso XIII 2.230 entre Yapeyú y Mendoza. Allí también funciona un merendero y un espacio de niñez. El sustento es a pulmón, a través de ventas de la feria del colectivo, peñas y donaciones.
“Las organizaciones sociales son indispensables para construir feminismo popular en los territorios porque hacen hincapié en generar diferentes estrategias para que más mujeres tengan mayores oportunidades. La propuesta es lograr que todas las mujeres seamos protagonistas de nuestras vidas, lo cual se consigue de manera colectiva”, explicó a AUNO la referente de Mariposas Silvina Rivas.
Los colectivos de mujeres son quienes ponen el cuerpo y la voluntad para luchar contra la violencia más instalada en las mujeres de mayor vulnerabilidad. “Este vínculo de cercanía es importante para el empoderamiento de las compañeras. Apuntamos a que todas las mujeres conozcan sus derechos, estén informadas y logren ejercerlos”, agregó otra integrante Marta Piren.
Las Mariposas coincidieron en que “la violencia de género no disminuyó”, ya que “el machismo responde de manera inmediata a la lucha feminista y arremete con mayor violencia”. “Hoy, las mujeres están más empoderadas y se posicionan de otra forma ante la opresión de sus parejas”, consideró Rivas.
Otra de las referentes Myriam Machaca señaló que muchos de los beneficios, planes sociales y cooperativas “casi no existen”, por lo que “se presentan situaciones más críticas para resolver, a causa de la coyuntura económica y social”. “Más allá de que la Ley existe, no se cumple en los barrios donde las mujeres son victimizadas”, indicó Machaca.
“Las chicas del barrio saben que estamos a disposición a través de una red de Whatsapp y contamos con asesoramiento legal a través de la Fundación Propuestas. Queremos brindarles contención, abrigo y abrazarlas colectivamente para que tome la mejor decisión. La palabra y nuestro apoyo es fundamental”, explicó Piren.
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