San Vicente: Denuncian que un proyecto inmobiliario pone en riesgo los humedales

Melanie Berardi

Un grupo de vecinos y proteccionistas del municipio de San Vicente exigen la intervención de las autoridades locales y provinciales ante el “avance de un emprendimiento privado que pretende rellenar e instalarse en los humedales” de la Laguna del Ojo, aseguraron. La Autoridad del Agua (ADA) se reunió esta semana con representantes de la Fiscalía del Estado para avanzar en la demarcación de la línea de ribera, y así poder dar respuesta al reclamo vecinal.

Estos puntos son *clave para poder determinar el futuro del barrio privado conocido como Mundo Natural, ubicado sobre Rivadavia, entre Magallanes e Iturralde, terrenos que se consideran parte de los humedales. Las obras del barrio privado consisten en el relleno con tosca y la apertura de calles en un espacio donde “no debería haber intervención del hombre”, explicaron a AUNO desde Vecinos Autoconvocados En Defensa de la Laguna.

Luego de averiguaciones en el municipio y otros vecinos de San Vicente, dieron cuenta que este emprendimiento inmobiliario no contaba con habilitación municipal ni provincial. Además, sus desarrolladores estaban “vinculados a otros barrios cerrados del distrito conocidos como Nuestra Tierra y Fronteras, ligados a diferentes causas judiciales por estafas”.

El biólogo Alberto De Magistris, que acompaña el reclamo del grupo, señaló la paradoja que existe cuando los intereses privados pretenden “apropiarse de espacios que tienen un interés público”. “Ese loteo se vende como ‘Mundo Natural’, cuando lo único que requiere el desarrollista es dinero. Quienes están a la expectativa de asentarse en estos lugares, no tienen vínculo con la comunidad local y quieren disponer de un lugar donde el Estado puso su esfuerzo para mantenerlo natural”, criticó.

Los cientos de propietarios estafados y las posibles inundaciones en los barrios aledaños, en caso de continuar el relleno de los humedales, son algunos de los temores de los vecinos. “Quienes estudiamos y trabajamos en torno al medio ambiente también nos preocupa la destrucción de la flora y fauna nativa, la contaminación de las napas y la falta de valoración por parte de las autoridades”, afirmaron los proteccionistas.

Estos meses de reclamos se transformaron en un pedido al Municipio de San Vicente para que intervenga en el conflicto, como así también a la ADA, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS); y a la Defensoría de La Plata.

La obra del emprendimiento había sido paralizada en julio de este año por el Juzgado de Faltas, que ratificó la clausura de los inspectores de Obras Públicas del municipio, debido a que el barrio privado presentaba “anomalías e irregularidades”; y no contaba con el permiso y/o autorización municipal o provincial para realizar los trabajos. Los desarrolladores no habían presentado “la documentación pertinente en el municipio, con firma del personal interviniente que aporte seguridad” al proyecto, informó la Justicia. Sin embargo, los trabajos continuaron y la relación entre vecinos y el Gobierno recrudeció.

El Concejo Deliberante también ordenó el parate de los trabajos a través de una ordenanza que autorizó al Ejecutivo para disponer del uso del suelo de esa zona y evitar el movimiento de suelos y apertura de calles, que “no fueran dispuestas por resolución”. Esta medida quedó sujeta a la demarcación de la línea de la ribera, un trámite que comenzó en 2016 y se aceleró a mediados de este año por la urgencia medioambiental que el barrio privado generó en los sanvicentinos.

“El interés que demostró el pueblo nos sorprendió, ya que pasamos de ser un grupo muy acotado de vecinxs a uno numeroso y comprometido con la causa. Tenemos la suerte de contar con gente muy preparada y formada en la temática”, destacaron.

La Laguna del Ojo es de importancia turística e identitaria como parte del distrito de San Vicente y fue declarada reserva natural provincial. Así lo decretó el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli en 2011 al área conformada por la Laguna del Ojo (Facundo Quiroga desde Iberá Oeste hasta Iberá Este), el Arroyo San Vicente (por Antártida Argentina) y Laguna La Bellaca (Circunscripción II Rural y riberas del espejo de agua).

Si bien se establece que ese espacio “debe sustraerse de la libre intervención humana, a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o su naturaleza en conjunto” que cumplen “un rol trascendental en la cuenca hídrica Matanza Riachuelo”, la Provincia nunca la promulgó ni delimitó la reserva natural, explicó a AUNO De Magistris, biólogo de la ONG Pilmayqueñ.

Existe un circuito que se conoce como “Reserva Natural San Vicente”, pero su delimitación excedería lo que los vecinos y visitantes de la Laguna entienden como reserva, que puede ser la zona de acampe o el descanso al borde del barrio. “Eso es menos del 10 por ciento del humedal. La gente da por supuesto que alguien está protegiendo esto y sucede que no”, remarcó el docente de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNLZ.

Estos “vacíos legales” son aprovechados por los “vivos y quienes tienen acceso”, como los desarrollistas que tienen algún tipo de posesión sobre los terrenos. “No podemos decir que esta persona está dentro de la reserva porque la autoridad provincial no la delimitó. En nuestro criterio, la extensión de la reserva es exactamente igual a la extensión de la línea de la ribera y no puede ser menor”, afirmó el investigador.

Además hizo hincapié en la necesidad de un proyecto de planeamiento urbano, impulsado por los municipios y aprobado por la Provincia.“Esto se tendría que haber frenado sin haber llegado a instancias de justificarlo. Hay que reconocer que el Municipio sí hizo. Sabemos que todas las comunas tienen mucha reticencia en actuar por el medio ambiente porque no están preparados en el tema y porque hay una cuestión muy establecida de confabulación con los intereses privados”, reflexionó.

Una línea clave para preservar el humedal de la Laguna

Unos 40 propietarios, muchos de ellos de “Mundo Natural”, participaron del primer encuentro con los representantes de la ADA, realizado a principio de este mes en el Palacio Municipal sanvicentino, para tratar la demarcación de la línea de ribera. Allí firmaron el dictamen definitivo, el cual podrá ser apelado por los afectados hasta la próxima semana, cuando saldrá la resolución final y ya no se aceptarán modificaciones.

Según explicaron desde el organismo provincial, la tarea de mensura se realizó el año pasado tras recorrer el espejo de agua y sus zonas linderas, donde se colocaron cuatro mojones para georreferenciar la línea. Luego, utilizarán una metodología de teledetección con imágenes satelitales de alta resolución y con gran precisión. Una vez tomadas las imágenes, confeccionarán el plano catastral y dominial que marcará las parcelas linderas a este espejo de agua e incluidas dentro de la línea de ribera.

El secretario de Gobierno de San Vicente, Alejandro Magnetti, informó a AUNO que esta implementación de la Ley 12.257 es una gestión que se pidió en 2016. “Hay gente que está comercializando los terrenos pero no está presentada la documentación como corresponde en el municipio”, aseveró. Además de la clausura por el Juzgado de Faltas, el municipio hizo una presentación en la ADA, una denuncia en la Fiscalía Descentralizada de San Vicente y una en La Plata, donde está siendo evaluada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

“Ese terreno data de muchos años. Es un loteo donde nunca se abrieron las calles porque no había gente viviendo. Ahora hay una persona que los está comercializando, pero hay que ver si son los titulares y qué derechos tiene. Ahí el municipio no puede intervenir porque son terrenos de un privado”, explicó el funcionario.

Los vecinos y proteccionistas apelaron la semana pasada a la demarcación a partir de imágenes de un drone, donde puede observarse las zonas inundables; y un mapa con una línea de ribera de carácter extraoficial, acompañado de su informe, a fin de “colaborar con su correcta delimitación”.

“Con una línea de ribera bien trazada, podríamos evitar muchísimo daño a futuro. Se trata de proteger nuestros recursos y cuidar al pueblo de San Vicente; e impedir que cualquier emprendimiento inmobiliario avance. También apostamos a la educación para valorizar y concientizar acerca de los recursos naturales y de la hermosa reserva con la que contamos”, indicaron desde el grupo de vecinos.