La falta de entrega de anticonceptivos por parte de muchas empresas prepagas, el cobro por la colocación de dispositivos intrauterinos en algunos centros de salud públicos y la ausencia de una campaña de difusión nacional, figuran entre las principales falencias detectadas por un monitoreo sobre los derechos sexuales y reproductivos realizado por el Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sociales (Conders)
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado por la ley 25.673, en 2003. El plan está diseñado para dar respuesta al grave problema de la mortalidad materna a raíz de los abortos practicados sobre embarazos no deseados, el embarazo adolescente y el contagio de SIDA u otras infecciones de transmisión sexual.
Al programa lo anima la idea según la cual todas las personas tienen el derecho a elegir y recibir un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio. La meta que se persigue es que cada pareja pueda decidir la cantidad de hijos que desea tener. Es la primera vez que desde el Estado se expresa en forma concreta la voluntad de aplicar acciones en ese campo.
El ministro de Salud, Gines González García, asegura que “a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en cualquier centro público sanitario o en cualquier hospital público, existe toda la información y, si alguien decide recibir algún medicamento anticonceptivo oral o inyectable, preservativos o dispositivos intrauterinos (DIU), los tendrá totalmente gratuitos”.
La directora de la Casa de la Mujer de Rosario, Liliana Pauluzzi, señala lo contrario. Paulazzi es también coordinadora del Consorcio Argentino de Anticoncepción de Emergencia (CAAE) e integrante del Consejo Asesor del Latinoamericano (CLAE).
Pauluzzi señaló a la agencia AUNO que si bien las mujeres de todas las edades tienen una alta propensión a utilizar algún método para regular su fecundidad, sigue habiendo desigualdades en el acceso a los métodos anticonceptivos.
“Las adolescentes y las mujeres pobres de nuestra sociedad son las más afectadas por la falta de oportunidades para acceder a métodos seguros y efectivos”, argumentó.
Respecto del Programa Médico Obligatorio, la resolución del Ministerio de Salud 310/2004 señala que “tendrán cobertura del 100 por ciento los medicamentos anticonceptivos hormonales de uso sistémico y que se encuentran explícitamente comprendidos en la norma de aplicación emergente de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable”.
Según Natalia Gogliormella, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno porteño, en todos los hospitales, centros de salud y también en coberturas médicas prepagas se puede obtener gratuitamente DIU, preservativos, test de embarazos, anticoncepción de emergencia, pastillas anticonceptivas y anticonceptivos inyectables, según indicación médica para cada situación particular.
Sin embargo, según pudo constatar esta agencia, hay coberturas médicas de importantes empresas prepagas que no entregan a sus clientes las pastillas anticonceptivas tal como lo indica la ley.
“Las obras sociales privadas no tienen que cubrir anticonceptivos orales, se supone que si uno puede pagar una cobertura mensual, también puede pagar sus medicamentos.
La ley es sólo para los hospitales públicos, donde va gente que no puede comprarlos”, afirmó Silvana Cuenca, encargada de la administración y recepción de denuncias sobre las irregularidades de Cobermed.
Las irregularidades que se detectaron en el programa no se produjeron sólo en la Capital Federal, sino también que se registran en las provincias. Según el estudio del Conders, después de tres años de vigencia el plan, todavía hay personas que desconocen que pueden recibir anticonceptivos gratis o ser asesoradas en sexualidad y reproducción.
Pauluzzi advirtió que si bien el programa indica en uno de sus artículos que se deberán realizar campañas sistemáticas de difusión, éstas “son escasas o no existen”. Ese mismo relevamiento permitió descubrir problemas particulares. Salvo en el caso de Mendoza, en las demás provincias no se entrega anticoncepción de emergencia, debido a que el Ministerio de Salud de la Nación no envía insumos. El Gobierno mendocino los compra por su cuenta.
El relevamiento permitió detectar también que algunos médicos cobran por la colocación de un DIU en el sector público y que hay centros de salud que venden anticonceptivos cuando deberían entregarlos gratis, y que escasean preservativos en algunas provincias.
“Consideramos que muchos de los problemas señalados existen. Este trabajo nos parece muy valioso para mejorar la atención”, señaló Valeria Islas, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, durante la presentación del informe del Conders, en el auditorio del Centro de Información de las Naciones Unidas para la Argentina y Uruguay, en la Capital.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el derecho a la planificación familiar como “un modo de pensar y vivir, adoptado voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país”.
Según la OMS, cerca de 230 millones de mujeres en el mundo, una de cada seis en edad reproductiva, no tienen acceso a muchos de los métodos anticonceptivos ni a la información correspondientes. Más de una tercera parte de todos los embarazos, 80 millones al año, son embarazos no deseados o inoportunos.
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