Lomas de Zamora, 3 de mayo (AUNO).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó el beneficio de la Ley 24.390 (conocida como 2×1) para reducir la pena de prisión por crímenes de lesa humanidad en el caso del represor Luis Muiña y generó rechazo en las principales organizaciones de derechos humanos, que afirmaron que se trata de una medida que busca “generar impunidad”.
“El caso es inconstitucional, no está votado por toda la Corte en unanimidad. Además, no es aplicable con estos casos. La ley no estaba en ese momento”, cuestionó la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, en diálogo con AUNO, debido a que la ley aplicada no estaba vigente ni al momento de la ejecución de los crímenes como tampoco en el periodo de prisión preventiva.
Cortiñas apuntó que “esta es una campaña para terminar con los juicios donde se busca borrar todo y tergiversar el pasado”, y relacionó la sentencia a las recientes declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que expresaron el pedido de “reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de estado.
“El nuevo Gobierno nunca se interesó por los derechos humanos y están entrando en la historia como negacionistas. Es un error que está premeditado, no es un error por ignorancia. No van a poder borrar el pasado ni distorsionarlo. El pasado está en el pueblo”, concluyó la emblemática figura de Madres.
También expresó su rechazo Giselle Teper, integrante de la agrupación H.I.J.O.S, quien señaló en dialogo con esta agencia que “es un fallo que pretende generar una impunidad en los genocidas y no hay manera de entender que un país que juzgó y condenó haya hecho un fallo como el de hoy”.
“Las repercusiones las vamos a ver en la defensa de los genocidas, porque se abre una puerta para todos. Es un hecho continuado por el negacionismo del Estado. Habrá que ver si ahora favorecen a los demás, en las otras causas”, alertó la militante social.
"Los genocidas son genocidas y tienen que ser condenados con todo el peso de la ley", dice Estela de Carlotto
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 3 de mayo de 2017
Además, el periodista y abogado que preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky advirtió, en conferencia de prensa, que existe “una decisión de ir dejando en libertad a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad”
Los tres integrantes de la Corte Suprema que constituyeron la mayoría para la aprobación del fallo son Elena Highton, junto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes ingresaron con la actual gestión de gobierno, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda rechazaron la aplicación del beneficio.
AUNO 03-05-2017
MLG-JIG-AFG
