Adrogué, diciembre 1° (AUNO).- Leonel Sotelo está en la puerta de su casa de Rafael Calzada con sus hermanos. Es la madrugada del 1° de diciembre de 2016. “En un rato vengo”, les dice, y se va con su amigo Alan Devesa a correr picadas en moto por la avenida Hipólito Yrigoyen. Leonel se sube a la moto nueva que tanto había deseado, que se compró hace dos semanas con la plata que logró juntar. Le encantan los fierros: anda en moto desde los 15 años. Ahora tiene 19 y trabaja en un lavadero de autos en Monte Chingolo junto a su papá y algunos de sus nueve hermanos.
Se hacen las 3 de esa madrugada de diciembre y con Alan ya están pegando la vuelta de las picadas; por Burzaco, se dan cuenta de que tienen muy pegado a un policía local. Por más que tratan de desviarse, se lo siguen cruzando, y termina detrás de ellos. Sobre Humberto Primo empiezan los disparos. Del arma del policía salen nueve tiros. Alan recibe uno en el glúteo. Leonel tiene menos suerte: le entran dos balas por la espalda que salen por el estómago. Cuando trata de darse vuelta, se le incrusta una más en el cuello. Las dos primeras, sin embargo, lo matan.
Para Noemí Robelli, la mamá del joven asesinado, el calvario empieza cuando amanece. Son las 8, la hora en que Leonel sale para el trabajo. La familia piensa que quizás se quedó a dormir en lo de su novia o en lo de alguno de sus muchos amigos, pero no está. Nadie lo vio.
A las 14 un auto particular para frente a su casa. Dos mujeres policías bajan y le piden a la madre del joven que vaya a la comisaría 2° de Burzaco con todos los papeles de su hijo, pero la documentación la tiene él encima. Al intentar saber qué pasó, la única respuesta es que se presente. “Cuando llegué me dijeron que se había producido un enfrentamiento. Quería ver a mi hijo y me dijeron ‘no, en ese enfrentamiento su hijo falleció’”, relata Noemí.
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De esa noche trágica hoy se cumple un año. Las cosas, sin embargo, no cambiaron mucho: la causa está estancada y el policía Giuliano Armando Fattori, alias “Tano”, sigue portando un arma y trabaja en una comisaría local de Burzaco, aunque a la familia nunca se le informó cuál es. Por el homicidio de Leonel está detenido, desde el mismo día del crimen, Alan, su propio amigo.
Es que Fattori asegura que disparó en “legítima defensa” porque los chicos le querían robar, que Alan tenía un arma, que él fue el primero en disparar. “Es mentira, porque los chicos no llevaban armas”, asegura Noemí. Esa supuesta arma nunca se encontró ni pudo probarse su existencia. Los casquillos encontrados en la escena pertenecían todos a un mismo arma de 9 milímetros, el calibre de las pistolas reglamentarias de la Policía.
Hasta ahora no hubo avances. En la última entrevista que Noemí tuvo con el fiscal que hasta esta semana tuvo la causa, Raúl Rossi, él le dijo que le cree al policía. El caso pasó hoy de la UFI n°8 de Lomas de Zamora a la n°4, y aún no se saben las razones del cambio ni quién será el nuevo fiscal, aunque la familia espera que esto sirva para que pueda darse un giro en la causa y así investigar a Fattori.
A Alan, que estuvo detenido cuatro meses en la comisaría 2° de Burzaco y ahora está en la cárcel de Junín, lo van a elevar a juicio por el asesinato de su amigo y el supuesto intento de robo. Sin embargo, nunca se pudo demostrar y, aunque el muchacho asegura que le realizaron pericias en la comisaría para saber si disparó un arma —sin un cuerpo médico presente, como correspondería—, ese procedimiento no figura en el expediente.
Un caso más de gatillo fácil, de criminalización de los pibes de barrio. “Yo lo que pido es que se haga justicia; mi hijo nunca le robó a nadie. El policía me lo mató alevosamente, me lo mató”, se lamenta Noemí. Hoy, en el aniversario del crimen, la familia organizó junto a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) una recorrida para hacer pegatinas en el barrio de Burzaco donde mataron a Leonel, para difundir el caso con los vecinos y que se conozca lo que pasó.
El 15 de diciembre, Correpi realizará el Informe de la Situación Represiva Anual en Plaza de Mayo. El caso de Leonel se suma a las más de 5 mil víctimas de violencia institucional que el organismo pudo contabilizar; 5 mil víctimas que, como Leonel, murieron en manos de las fuerzas que los tendrían que haber cuidado.
AUNO-01-12-2017
MIJ-MDY
