Lomas de Zamora, noviembre 11 (AUNO).- Vecinos de Santa Catalina anunciaron que continuarán la manifestación con cortes en Camino Negro frente a los Tribunales de Lomas de Zamora para exigir la resolución de las apelaciones que podrían revertir el fallo judicial que la semana pasada ordenó el desalojo de 50 vecinos de un predio de esa zona.
A una semana de que se produjera el desalojo y tras dos días de movilización, fueron 200 los vecinos y miembros de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos que apoyaron el reclamo con el que se manifestaron hoy en los Tribunales de Lomas de Zamora donde cortaron parcialmente la avenida Larroque y Camino Negro.
Este mediodía, durante el corte, el secretario de Gobierno de la comuna, José Romero; el delegado municipal de Villa Albertina, Raúl Magallanes, y vecinos afectados por la medida se reunieron en la Municipalidad para discutir sobre los reclamos.
“Lo que se está haciendo es definir cómo se acompaña a la gente”, definió Magallanes en diálogo con AUNO, pero destacó que “hay una medida de la justicia y el Estado municipal no puede solucionar esto”.
Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lomense, Pedro Ponce, quien también participó de la reunión, afirmó a AUNO: “Esto ha sido una gran estafa, la mayoría de los vecinos tiene 14 o 15 años viviendo en el lugar”.
“Las familias compraron en 1996 los terrenos a un particular y hoy conservan como documentación que lo avala los boletos de compraventa y los recibos de diferentes servicios, por ejemplo Edesur”, agregó.
En 2008, el supuesto propietario del lugar María Luis Martínez, “el mismo que había vendido los lotes, –-según Ponce—, denunció que los vecinos ocupaban el terreno de forma ilegal”.
El matrimonio Martínez, según reveló Magallanes, “donó en 1996 tres parcelas de un lotes de 90 por 83 metros a la Dirección General de Escuelas”. Luego, en la mitad de ese terreno fue construida la Escuela 93 y en la otra parte se edificaron las viviendas de los vecinos desalojados.
La expulsión de las familias se produjo el jueves pasado mediante un operativo a cargo de 400 efectivos, entre Gendarmería y Caballeria a raíz de una denuncia por “usurpación”, según explicó Ponce.
“Nos dejaron en la calle sin aviso”, afirmó a esta agencia Claudia Molina, una de las vecinas sin vivienda quien detalló que entre los expulsados sumaban “15 familias, entre las que había mujeres, ancianos y 26 chicos”.
Incluso, “una embarazada tuvo que ser internada al día siguiente a causa de fuertes pérdidas”, agregó Molina que lleva una operación reciente en su pierna por la que tuvo que recibir 18 puntos.
Hasta que se defina la causa en la que interviene el juez de garantías, Horacio Hyrb y el fiscal Gustavo Giorgi, “los vecinos duermen en la escuela 94, sacaron todas las pertenencias, muebles, ropa de sus casas, y de día esperan en Tribunales”, explicó Ponce.
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