«¡Que digan dónde están!» fue el grito que se hizo eco en los miles de manifestantes que, a 50 años del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-eclesiástico-militar, colmaron la Plaza de Mayo para recordar a los 30.000 detenidos-desaparecidos, exigir Memoria, Verdad y Justicia y echar por tierra el discurso negacionista del gobierno de Javier Milei.
“¡Son 30.000! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!», abrió el documento leído por los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales ante la multitud que con fotos, pañuelos y pancartas pintaron las calles de Buenos Aires –y todo el país– de memoría colectiva.
El texto recordó que el golpe instauró un modelo económico basado en la valorización financiera del capital, la desindustrialización y la apertura indiscriminada de importaciones, sostenido sobre más de 800 centros clandestinos de detención.
A medio siglo de aquellos hechos, los organismos exigieron la apertura inmediata de todos los archivos de todas las áreas del Estado del período 1974-1983, para avanzar en la identificación de responsables civiles y militares aún no condenados.
“Aquellos a los que les arrebataron la vida eran hijos e hijas de este pueblo llenos de alegría, sueños y esperanzas, que se impusieron la tarea de cambiar el mundo y el país. Esa tarea está inconclusa y es nuestra responsabilidad tomar sus banderas en estos momentos donde gobiernos de ultraderecha integrados por sectores fascistas junto al imperialismo han vuelto a atacar a los pueblos de nuestro continente y del mundo”, señalaron.
El estado actual de los juicios fue uno de los ejes del documento. Los organismos señalaron que, en 20 años de procesos judiciales, 1.231 genocidas fueron condenados, pero advirtieron que «más del 80 por ciento tiene el beneficio del arresto domiciliario, 61 están en la cárcel VIP de Campo de Mayo y solo 18 en cárcel común», por lo que exigieron «cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas» y el fin de las demoras judiciales.
El documento apuntó con especial dureza contra la actual administración. «Hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio», sostuvieron los organismos, al denunciar el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el desfinanciamiento de los espacios que funcionan en ex centros clandestinos y el incumplimiento de las reparaciones históricas a ex presos políticos, exiliados y sobrevivientes.
La búsqueda de los nietos apropiados por la dictadura ocupó un lugar central en los reclamos. Las Abuelas de Plaza de Mayo llevan 140 casos resueltos y advierten que casi 300 personas permanecen con su identidad cambiada. En ese marco, denunciaron la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos y la reducción a la mitad de la planta de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. «Nunca es tarde», convocaron a quienes tengan información sobre posibles hijos e hijas de desaparecidos.
El documento señaló el claro paralelismo entre el programa económico de Milei con el que impuso la dictadura “para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia», al sostener que la desindustrialización de los años 70, las reformas de los expresidentes Carlos Menem y Mauricio Macri son los antecesores de la reforma laboral, la previsional, la tributaria y la entrega de bienes comunes a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsados por el Gobierno.
“Hace 49 años, Rodolfo Walsh difundió su Carta Abierta a la Junta Militar y denunció la miseria planificada, el verdadero corazón del proyecto de la dictadura. Sabemos quiénes se beneficiaron con la sangre del pueblo: los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, Ford, Mercedes Benz, Martínez de Hoz, Braun, Fortabat, los Madanes Quintanilla, entre otros, que aumentaron exponencialmente el endeudamiento externo», señalaron.
También denunciaron la persecución judicial y la criminalización de la protesta como herramientas del Gobierno para desarticular la organización popular. El documento reclamó la libertad de Milagro Sala, Facundo Jones Huala y otros presos políticos, exigió el sobreseimiento de Alejandro Bodart y la anulación de su condena, y rechazó «la prisión y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner» en un proceso al que calificó de «absolutas irregularidades», a la par que convocaron a la derogación del protocolo antiprotestas de la exministra de Seguridad y actual Senadora Nacional, Patricia Bullrich.
El pliego de reclamos incluyó la defensa de la educación pública, el sistema de salud, las jubilaciones y los programas sociales. «Repudiamos el brutal ataque a las y los jubilados y la represión a todas las movilizaciones populares», sostuvieron, al tiempo que exigieron justicia por Pablo Grillo y reclamaron la aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario. En materia laboral, los organismos y organizaciones convocantes demandaron un paro general y un plan de lucha a las centrales sindicales.
El documento cerró con una convocatoria a la unidad y con los reclamos proyectados hacia el futuro. «La memoria es nuestra herramienta», indicaron en desafío al Gobierno de Milei, antes de exigir que «los genocidas y sus cómplices den la información que ocultan».
La plaza respondió con la consigna que atravesó el acto de principio a fin: «¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!».
Foto de portada: X/@Abuelasdifusion.
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