De vuelta a las calles

Las municipalidades de Lanús y Lomas de Zamora anunciaron que incorporarán personal retirado de las fuerzas de seguridad. No está claro cómo será la selección. Los concejales de la oposición exigieron precisiones y advirtieron que, de no tomarse los recaudos necesarios, podría incorporarse a personal exonerado y significar «un retroceso en materia de derechos humanos».

Una nueva polémica se abrió en los partidos de Lomas de Zamora y Lanús desde que sus gobiernos comunales confirmaron que incorporarán a policías retirados con la intención de tener más efectivos en las calles. Desde los bloques opositores la respuesta no se hizo esperar y denunciaron que la iniciativa “es una medida de campaña” que “no solucionará el problema de la inseguridad” y exigieron detalles acerca de cómo se seleccionará al personal para evitar que accedan agentes “exonerados”.

Integrantes de los concejos deliberantes de ambos distritos del sur del Gran Buenos Aires se mostraron “preocupados” por la iniciativa oficial, a la que varios jefes comunales adhirieron durante un acto realizado, hace tres días, en La Matanza junto al gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

En su sitio digital en internet, la Municipalidad de Lanús publicó un aviso en el que anuncia que “contratará personal retirado de Policía, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario”, ante lo cual concejales de ese distrito resaltaron la importancia de evaluar los “métodos de selección” del personal.

El secretario de seguridad de la Municipalidad de Lanús, Reynaldo Simone, explicó a AUNO que el procedimiento de selección constaría de “dos etapas, una preselección que van a hacer las autoridades comunales y una segunda” etapa a cargo del Ministerio de Seguridad provincial, aunque admitió “desconocer por ahora los criterios a emplear”.

“Si tomamos (agentes) retirados, que en muchos casos pueden haber sido exonerados, no va a bajar el nivel de delincuencia porque la pobreza sigue”, sostuvo la concejala de Libres del Sur en Lanús Paola Resano.

Stella García, su par de Solidaridad e Igualdad (SI), fue más allá y advirtió que “el ‘retiro’ muchas veces es una salida elegante ante situaciones cuestionables”, de modo tal que “para no ir a juicios o de evitar mostrar los problemas internos de la propia policía, se les suele dar la baja o el retiro a los efectivos”.

No obstante, Simone argumentó que los agentes que resulten “reincorporados” deberán estar incluidos en un “registro único provincial” que sería construido por la cartera bonaerense, según adelantó Simone que confirmó que esos policías “serán los choferes de los patrulleros” y que “tendrán portación de arma”.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales de la Coalición Cívica (CC) del mismo distrito, Mariano Amore, aseguró desconocer “cómo se instrumentará” la medida porque el Ejecutivo municipal “sabe que tienen mayoría y hace el anuncio antes de pasar por el Concejo Deliberante”.

En sintonía, García destacó que “lo ideal sería estar seguros de quién va controlar la selección del personal” y valoró como lo más positivo “a las innovaciones en equipamiento”, aunque ironizó: “Hay que ver en manos de quién estarán”.

Además de la incorporación de agentes retirados, el plan provincial — que prevé inversiones en patrulleros, motos, celulares y cámaras de vigilancia— plantea otro tópico no menos polémico: imponer una presunta solución al debate sobre la “inseguridad” y la edad a partir de la cual los chicos pueden ser juzgados.

Al respecto, Resano aseguró que tanto la baja de la edad de imputabilidad como la posible reincorporación de personal retirado “es un retroceso en materia de derechos humanos” y recalcó “no estar de acuerdo” con las iniciativas por tratarse de decisiones “facilistas”.

En ese mismo sentido, el edil por Libres del Sur de Lomas de Zamora Claudio Morell aseguró que no cree que “éstas medidas sean correctas” para resolver el problema de la seguridad: “Lo que hacen es criminalizar la pobreza con decisiones de campaña. Al final lo que están haciendo es ignorar los problemas centrales, que son el hambre y la falta de trabajo”.

Para la representante del SI en Lanús “hay otras medidas como la de la distribución de la riqueza y la declaración de la emergencia laboral que serian resguardos para evitar la pobreza y no salen con esta velocidad”.

Los concejales consultados por esta agencia aseguraron que en las próximas reuniones de comisión, en ambos legislativos municipales, pedirán “explicaciones e informes” a los ejecutivos de cada distrito para “controlar la forma de aplicación” de los anuncios.

PER-AFD
AUNO-25-04-09
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