La “Masacre de Budge” no fue el primer caso de gatillo fácil en el país. No obstante, es uno de los más recordados, convertido en un antecedente obligado a la hora de hablar de represión policial y de darle batalla. ¿Por qué?, preguntó AUNO a abogados referentes en la defensa de familiares de víctimas de casos de ése tipo. “Fue paradigmático. Fue el primero en que un barrio entero reaccionó pidiendo su esclarecimiento y el que vino a romper con el sueño ochentista del ‘nunca más’. De repente, unas familias y un abogado (León ‘el Toto’ Zimerman), plantearon a gritos que las fuerzas de seguridad estatales seguían violando los derechos humanos de los habitantes”, resumió, desde Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), Sergio Smietniansky.
El contacto con el fusilamiento de los jóvenes Olivera, Argañaraz y Aredes y la decisión de hacerse cargo de la defensa de sus familiares en el esclarecimiento del caso impulsó al “Toto” Zimerman a fundar la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), organismo que abrazó la gran mayoría de las causas en las que asomaba la sospecha de abusos de poder por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública. “Gatillo fácil” se las llamó desde entonces.
“Lo más importante desde la ‘Masacre de Budge’ es que comenzó a generarse un movimiento en defensa de los derechos humanos ante el abuso de la fuerza pública, con metodologías propias de los años post dictadura”, sostuvo Smietniansky.
Para Alberto Ozam, abogado de los familiares de Carlos Ezequiel Ávalos, un adolescente de 16 años asesinado por un policía en Villa Fiorito, la “Masacre de Budge” tuvo una influencia más profunda a nivel social, ya que “puso en evidencia el pensamiento que la mayoría de la gente tiene sobre la Policía”, pensamiento que se divide en tres ejes: “Corrupción, violencia y un sistema piramidal mafioso”.
Pero además, aquel fusilamiento “no sólo demostró algo que todo el mundo sabía; no sólo le dio existencia social” a un fenómeno que se cubría, como el “gatillo fácil”, sino que evidenció que “algo se puede hacer” para combatirlo, remarcó Ozam.
En tanto, el análisis del referente de CADep, una de las corrientes en las que derivó el organismo creado por Zimerman, arrojó que “todavía queda mucho por andar, porque la existencia de casos de “gatillo fácil” a diario demuestran que las prácticas represivas se siguen reproduciendo en un marco de políticas institucionales de impunidad que las amparan”.
—¿Cómo podrían desactivarse esa metodología? “La solución es unidad, organización y lucha –remarcó Smietniansky—. La batalla legal es un eslabón más dentro de una batalla mucho más importante que tiene que ver con crear conciencia en la sociedad, sobre todo en los barrios más pobres, de donde surgen la mayoría de las víctimas. Si no hay presión social, lo que sigue al gatillo fácil es la absolución fácil del asesino”.
RCI-AFD
AUNO-28-10-09
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