Lomas de Zamora, septiembre 27 (AUNO).- En agosto de este año se presentó el Registro Nacional de Controladores de Admisión y Permanencia (Rencap), a través del cual el Estado podrá nuclear datos y regular tanto a los “patovicas” como a las empresas que los contratan. Su correlato bonaerense fue puesto en marcha la semana pasada durante un acto del que participó la cúpula del gobierno provincial. Sin embargo, a pesar de ser una ley de carácter nacional, su vigencia no es federal porque necesita que cada una de las provincias ratifique la 26.370 para que pueda tener plena vigencia.
Actualmente, Buenos Aires es la única provincia que dictó una norma para llevar a cabo los instrumentos legales que establece esa ley nacional con la cual “aparecen dos elementos fundamentales: el Estado se encarga de capacitar a los patovicas, y pasa a ser su habilitante y controlador”, explicó a AUNO Oscar Castellucci, titular de la Asociación Civil Martín Castellucci, el joven muerto luego de una golpiza de un patovica del boliche La Casona, de Lanús.
Apenas 14 días después, Oscar, iniciaba un camino para modificar la realidad que le había quitado a su hijo: la violencia de los “patovicas”. La sanción de la ley 26.370 que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia fue el primer paso institucional para evitar que se repitiera la tragedia de Martín.
“Hicimos un camino que tuvimos que caminar pasito a pasito. Aprendimos que una ley sancionada no es mucho, sino que hay que reglamentarla, que las provincias tienen que dictar una ley provincial.” Así sintetizó Oscar las primeras “alegrías” que tuvo en su lucha por erradicar la violencia ejercida por los controladores de boliches.
“La aplicación de la ley trae muchos beneficios, no sólo a los jóvenes que concurren a los boliches, sino también a los controladores que pasarán a ser trabajadores con derechos”, detalló Oscar, quien ocupa el cargo de director del Centro de Formación Nº 402 Martín Castellucci para “patovicas”.
Acerca de la aplicación de la ley en el resto del territorio nacional, Oscar aseguró que “hay provincias interesadas, pero está muy demorado debido a que lleva tiempo el tratamiento y sanción de las leyes. Esperamos el apoyo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para difundir la ley”.
A modo de comparación, Castellucci afirmó que “la estructura institucional de la provincia está completa”, pero que hay que corregir errores y ampliar el dictado de cursos.
De hecho, en el territorio bonaerense, según datos del Sindicato Único de Trabajadores de Control, Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) hay entre 20 y 30 mil “patovicas”, de los cuales el 90 por ciento trabaja “en negro”.
Para erradicar esa situación, la ley establece como requisito para inscribirse en el Rencap el alta laboral, certificado de antecedentes penales, entre otros.
Hasta el momento, hay tres centros de formación profesional para ellos, los cuales están ubicados en La Plata, Ramos Mejía y Quilmes, y ya comenzaron a dictar cursos a mediados de año.
Estos centros dictan cursos a 60 alumnos que son instruidos en diversas temáticas, como derechos humanos, formación legislativa, laboral y penal, mediación y resolución de conflictos de maneras no violentas, técnicas de neutralización de agresiones físicas (Tenaf), primeros auxilios y prevención de siniestros, entre otras.
No obstante, Oscar explicó que “hacer estudiar a alguien que trabaja es complicado. Hay diferencias de formación, hay gente que tiene estudios universitarios y hay algunos que no han terminado el secundario”.
A partir de octubre los controladores tendrán la posibilidad de concurrir al Registro Público Provincial de Personal de Control de Admisión y Permanencia (RECAP) para iniciar los trámites de registro y habilitación.
Debido a la falta de oferta de los cursos de capacitación, los “patovicas” serán inscriptos en el RECAP de manera provisoria.
Para nivelar su nivel educativo a la hora de comenzar el curso, la ley establece como requisito la finalización de la escuela secundaria, lo cual actualmente se aplica con el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs).
“Para marzo de 2011 habría unos 50 anexos en los que se dictarían cursos. Los docentes son seleccionados por la provincia, hay desde abogados hasta trabajadores sociales y psicólogos”, expresó Castellucci.
En cuanto a los empresarios dueños de locales nocturnos, Castellucci denunció que “están acostumbrados a 20 o 30 años de hacer lo que se les antoja. El hecho de que hayan estado ausente en todas las discusiones que se llevaron a cabo durante el tratamiento del proyecto de ley, lo demuestra todo”.
“Se avanzó bastante. Pero todavía falta mucho”, dijo para sintetizar el recorrido que lleva su lucha contra la discriminación y violencia “patovica”.
PT-AFD
AUNO-27-09-10
