Lomas de Zamora, marzo 25 (AUNO).- A pesar de que la actividad judicial volvió hace varias semanas tras la feria de verano, la investigación sobre el pasado de la ex fábrica textil Campomar “sigue sin avanzar”, lamentaron los miembros de la Comisión de Vecinos por Memoria, Verdad y Justicia de Valentín Alsina. Reclamaron que la Cámara Federal de La Plata se expida sobre la apelación para que se examine todo el predio y no sólo sectores específicos y, también, sobre la presentación que realizó un ex detenido-desaparecido para ser querellante en la causa.
Luego de que el tribunal platense decidiera sectorizar la investigación a los lugares donde fueron hallados dos cráneos a comienzos de la década de 1980, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) apeló la medida para que el georadar de Gendarmería Nacional analizara el predio en toda su extensión. Sin embargo, pasados casi cuatro meses, la Justicia no aceptó ni rechazó la acción presentada por el organismo de derechos humanos.
Tampoco avanzó en cuanto al pedido de un ex detenido desaparecido que asegura haber sido torturado allí, en 1978, durante un breve cautiverio en el predio, en donde está proyectado construir un total “248.000 metros cuadrados” de edificios de departamentos, según indica la constructora a cargo del complejo Nuevo Valentín Alsina, Electroingeniería.
Ante estas presentaciones aún sin resolución judicial, los vecinos que impulsaron la investigación lamentaron lo actuado por la Cámara Federal: “No sólo no decidieron sobre lo presentado a fines de 2012, sino que sí aceptaron una propuesta posterior de la empresa constructora para iniciar los trabajos siguiendo un cronograma de trabajo”.
Según el proyecto de la constructora, “se iría investigando y, de no hallarse nada, se construiría; pero sólo se hace hincapié en la posibilidad de la aparición de huesos y se deja de lado cualquiera de los otros usos represivos que se le pudo haber dado al predio”, explicó Juan Ayala, miembro de la Comisión vecinal.
“La Cámara Federal sí se expidió sobre uno de los puntos presentados por la Comisión Provincial por la Memoria y decidió rechazar un pedido de audiencia pública con todos los involucrados”, agregaron los vecinos.
La actividad militar en las casi 25 hectáreas “está comprobada por los relatos de varios testigos”, aseguraron los miembros de la Comisión de vecinos, pero resta determinar “qué tipo de delitos se llevaron a cabo, que pueden ir desde el cautiverio y la tortura hasta el fusilamiento y posterior enterramiento de militantes secuestrados”.
PT-AFD
AUNO-25-03-13
