La Justicia falló a favor de las universidades públicas nacionales, por lo que el Gobierno de Javier Milei deberá cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, recomponer los salarios de los trabajadores docentes y no docentes y los montos asignados a becas estudiantiles.
Así lo dispuso este 31 de marzo la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con las firmas de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes dieron lugar al amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
«Una excelente noticia para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como atravesamos», indicó el CIN en una publicación de Instagram, donde celebró la medida, al igual que los gremios universitarios.
«Frente a un gobierno que ataca sistemáticamente el salario y el presupuesto universitario, la respuesta es clara: organización y lucha. La ley se cumple. Lo votó el Congreso. Lo ratifica la Justicia», afirmó la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios línea Histórica (Conadu Histórica).
En el marco de paros nacionales y otras medidas de lucha, el gremio advirtió en un comunicado que no permitirá «más dilaciones ni maniobras dilatorias», a la par que señaló que «es urgente la recomposición salarial y el financiamiento adecuado» de las casas de altos estudios. «Hoy, más que nunca, es momento de masificar para profundizar el plan de lucha nacional: en defensa de nuestros salarios, de las condiciones de trabajo y por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario», sentenció.
En tanto, las y los docentes universitarios de la UBA, que se hicieron eco de la noticia, aseguraron en una publicación de Facebook que profundizarán su plan de lucha hasta que se aplique la recomposición salarial del 50 por ciento.
En esta línea, estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) realizaron una clase abierta en la calle Miró al 500, Caballito, frente al departamento del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien viene de un rally de escándalos tras su viaje a Nueva York con su esposa a bordo del avión presidencial y ahora es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
“La docencia universitaria está siendo empujada a condiciones cada vez más precarias. Frente a esto, resulta inadmisible que quienes defienden el ajuste estén atravesados por cuestionamientos públicos sobre su situación patrimonial. No puede haber recursos para unos pocos mientras se desfinancia la educación», sostuvo Juan Duarte, docente de la UBA.
La lucha por el financiamiento universitario
La disputa legal comenzó el 21 de agosto de 2025, cuando el Congreso de la Nación aprobó el proyecto de ley para proteger el sostenimiento de la educación pública. Sin embargo, el 10 de septiembre de aquel año, el Poder Ejecutivo rechazó la iniciativa de manera total a través del decreto 647/25.
Tras el veto presidencial, la Cámara de Diputados y el Senado ratificaron el proyecto con la mayoría especial de dos tercios de los votos. De esta forma, la propuesta se convirtió en ley bajo el amparo del artículo 83 de la Constitución Nacional. El conflicto recrudeció el 20 de octubre de 2025, cuando el Ejecutivo dictó el decreto 759/25.
En dicho decreto de promulgación, el Gobierno incluyó una cláusula que frenó la aplicación de la norma. El texto oficial estableció que la ley se aplicaba «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629«. Esta norma de administración financiera determina que toda ley que autorice gastos «quedará suspendida en su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional«.
Ante esta maniobra, el CIN y diversas universidades nacionales presentaron una acción de amparo el 29 de octubre de 2025. Las instituciones solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del decreto oficial. Además, pidieron el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, referidos a salarios y becas.
El 23 de diciembre de 2025, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 11 admitió la medida cautelar. El magistrado ordenó a la demandada que cumpla de forma inmediata con la ley. En su análisis, el juez indicó que «la insistencia legislativa imponía una obligación de hacer al Poder Ejecutivo».
El Estado Nacional apeló la decisión el 29 de diciembre de 2025, bajo el argumento de que la normativa ponía en riesgo el equilibrio macroeconómico. El Gobierno sostuvo que la actualización de gastos sin previsión de ingresos ponía en peligro la estabilidad financiera de la Nación. Además, los abogados oficiales cuestionaron la imparcialidad de los jueces por su condición de docentes universitarios.
La Cámara, en su fallo del 31 de marzo de 2026, rechazó los planteos oficiales. El tribunal evaluó el impacto fiscal de la medida, el cual fue estimado por la Oficina del Presupuesto del Congreso en un 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno. Para los jueces, esta cifra representa «un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública».
El fallo judicial subrayó la jerarquía de las normas en el sistema republicano. La sentencia aclaró que el Poder Legislativo no se halla vinculado hacia el futuro por sus propias autorrestricciones. Según el texto, «una norma posterior puede derogar una anterior, sea expresa o tácitamente».
Los magistrados determinaron que el Poder Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una ley con sustento en otra norma anterior de igual jerarquía. El tribunal aplicó el principio jurídico de que la ley posterior deroga a la anterior. Por ello, concluyeron que la negativa gubernamental afecta el derecho constitucional de enseñar y aprender.
La resolución final confirmó la vigencia inmediata de la recomposición salarial y la actualización de las becas estudiantiles. El Poder Ejecutivo debe ahora actualizar los haberes docentes y no docentes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Justicia puso fin a la suspensión administrativa y garantizó el flujo de fondos hacia las universidades nacionales.
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FM-SAM
