El sistema universitario nacional enfrenta una situación «crítica» en materia presupuestaria debido a una caída real de las transferencias del 45,6 por ciento desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, lo que implica una «reducción inédita» de los recursos disponibles para el funcionamiento de las universidades del país, mientras que el desfinanciamiento amenaza el funcionamiento del aparato científico-tecnológico.
Así lo advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco del 95° Plenario de Rectoras y Rectores que tuvo lugar este 27 de marzo en La Pampa, donde –además de elegir nuevas autoridades para el período 2026-2027– alertó sobre el recorte de fondos a la educación y la ciencia por parte del Gobierno, lo que «ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios».
En un comunicado, explicaron que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios de las y los docentes universitarios solo se incrementaron un 158 por ciento, mientras que en el mismo período la inflación acumulada fue del 280 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del 32 por ciento.
«Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia», remarcaron.
En este sentido, indicaron que para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3 por ciento respecto de los niveles vigentes de febrero de 2026.
En tanto, el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no superó «en ningún momento durante la actual gestión de Gobierno» el 64 por ciento del que tenía en enero de 2023, lo que la ubica actualmente en torno al 40 por ciento de los valores respecto de dicho período. Sin mencionar que, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, durante la gestión libertaria se perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias.
«El análisis de partidas presupuestarias específicas muestra que el recorte no involucra solamente a las transferencias a las universidades, sino que incluye a las líneas presupuestarias que, si bien no forman parte de los presupuestos universitarios, son centrales para sostener el funcionamiento del sistema», añadieron.
De esta forma, si solo se tiene en cuenta el presupuesto «efectivamente ejecutado», en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades era equivalente al 38,05 por ciento de lo ejecutado en 2023; el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria se ubicó en apenas el 1,02 por ciento; el que financiaba los montos de las Becas Progresar lo hizo en torno al 26,02 por ciento del nivel de 2023; y aquellos vinculados con el desarrollo de infraestructura universitaria o con el acompañamiento a las trayectorias de formación estudiantil de los beneficiarios de las Becas Progresar, en el 0 por ciento.
«Más específicamente sobre las Becas Progresar, el presupuesto vigente de los renglones vinculados con su financiamiento y con el acompañamiento de trayectorias se redujeron un 82 por ciento en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95 por ciento por debajo del valor que tenía en 2023″, señalaron.
La ciencia nacional, en alerta máxima
En cuanto al sistema científico-tecnológico, el CIN, junto con la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT), manifestó «con extrema preocupación y máxima alerta la situación crítica y sin precedentes» que enfrenta la ciencia nacional, donde el «deterioro acelerado del financiamiento, de las condiciones de trabajo, de los salarios y de la infraestructura indispensable para la investigación amenaza directamente la continuidad misma de las capacidades científico-tecnológicas construidas durante décadas».
Los organismos remarcaron que las universidades públicas, en conjunto con las instituciones de investigación, «constituyen el núcleo del sistema científico nacional» en el cual «se desarrolla la enorme mayoría de la investigación argentina, se forman las y los investigadores que sostienen la producción de conocimiento, y se preserva la infraestructura crítica que permite innovar, transferir tecnología y contribuir con el desarrollo económico y social del país».
En esta línea, advirtieron que el desfinanciamiento actual «compromete de manera directa el funcionamiento de estas instituciones, poniendo en riesgo proyectos estratégicos, laboratorios, becas, carreras de posgrado y equipos de trabajo consolidados», lo que a su vez vuelve al sistema científico-tecnológico nacional «incapaz de atraer y retener a sus jóvenes talentos», quienes se ven forzados a emigrar en busca de condiciones laborales y profesionales que hoy no encuentran en la Argentina.
«Esta pérdida no solo empobrece el presente: erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de las y los investigadores más creativos, productivos y con mayor proyección. La fuga de talentos es una consecuencia directa del desfinanciamiento y constituye uno de los factores más graves de degradación del sistema científico y universitario», subrayaron.
Ante este contexto, enfatizaron que la ciencia y la universidad pública «son pilares de la construcción democrática y motores del desarrollo nacional» y que su «debilitamiento no solo compromete el presente, sino que pone en riesgo las capacidades estratégicas que la Argentina necesita para enfrentar desafíos globales en salud, energía, ambiente, producción, soberanía alimentaria y transformación tecnológica». «La pérdida de estas capacidades no se recupera fácilmente: reconstruir equipos, laboratorios y trayectorias lleva años, a veces décadas», advirtieron.
De esta forma, las autoridades exhortaron al Gobierno de Milei a «garantizar los niveles de financiamiento indispensables para preservar la continuidad del sistema científico-tecnológico y asegurar el pleno funcionamiento de las universidades públicas y los institutos de investigación» y reafirmaron su «compromiso histórico con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad con un sistema científico-tecnológico robusto, federal y al servicio del país». «En este contexto crítico, convocan a toda la sociedad a acompañar la defensa de estos bienes públicos fundamentales», concluyeron.
Durante el Plenario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fue electo presidente del Consejo, mientras que su par de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, fue nombrado vicepresidente. «Vamos a reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza», señaló Bartolacci.
En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea, fue designado como consejero de la Magistratura de la Nación en representación del ámbito académico para el período 2026-2030. «Esta representación ratifica un proceso comenzado en 2018 destinado a promover una participación activa en defensa de las instituciones de las que formamos parte y que son pilares de nuestra sociedad”, indicó.
AUNO-28-3-26
FM-SAM
