El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su “profunda preocupación” por retrocesos en los derechos de mujeres y diversidades en Argentina desde fines de 2023 y reclamó al gobierno de Javier Milei que adopte “medidas urgentes” para garantizar políticas de prevención de la violencia de género, el acceso al aborto legal y seguro y la continuidad de programas de salud sexual y reproductiva.
El organismo señaló que la situación incluyó el cierre o degradación de instituciones clave, la retracción de políticas públicas y una reducción drástica del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género y sostener programas como la Educación Sexual Integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
El comité también solicitó al Estado argentino que presente, en un plazo de dos años, información por escrito sobre la implementación de recomendaciones prioritarias vinculadas con el acceso al aborto legal y seguro, la Educación Sexual Integral (ESI) y las políticas de prevención de la violencia de género y acceso a la justicia.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, afirmó que “Argentina asumió compromisos internacionales claros en materia de derechos de las mujeres y hoy debe adoptar medidas urgentes para asegurar su cumplimiento”. “Lo que está en juego es la vida, la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de millones de mujeres y adolescentes”, agregó en un comunicado.
En este sentido, la dirigente sostuvo que “no hay margen para demoras: el Estado debe dar explicaciones antes del próximo ciclo de revisión y mostrar medidas concretas, no promesas”.
Las observaciones finales se emitieron tras el examen periódico del Estado argentino ante la ONU realizado el 10 de febrero, en el que el comité evaluó el cumplimiento de la convención y escuchó exposiciones oficiales y de organizaciones de la sociedad civil.
En ese marco, Amnistía Internacional presentó un informe en el que alertó sobre retrocesos normativos, institucionales y presupuestarios vinculados con políticas públicas destinadas a mujeres y diversidades.
El comité manifestó preocupación por la reducción presupuestaria y operativa de mecanismos de protección frente a la violencia de género, entre ellos el Programa Acompañar y la línea 144, además de la disminución de Centros de Acceso a la Justicia y la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
El organismo también advirtió sobre un debilitamiento sustancial en la implementación de la ley de Educación Sexual Integral y sobre la suspensión y el fuerte recorte del Plan ENIA, a pesar de los resultados positivos que el programa registró en la reducción del embarazo adolescente.
Además, el comité señaló obstáculos persistentes en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos la falta de insumos, personal capacitado y equipamiento, además del uso abusivo de la objeción de conciencia y el aumento de la mortalidad materna vinculada a causas obstétricas directas.
Por último, el organismo expresó preocupación por el aumento de la violencia digital contra mujeres, incluidos casos de acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas, y advirtió que estas agresiones impactaron de manera particular en mujeres políticas y periodistas, mientras recomendó fortalecer la implementación de la ley vigente y establecer protocolos de respuesta rápida.
AUNO-12-3-26
FM-SAM
