Organizaciones, instituciones, transportistas y profesionales nucleados en el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad alertaron sobre la crisis que atraviesa el sector, la cual “no hace más que vulnerar los derechos de las personas con discapacidad”.
El Foro advirtió en un comunicado del 3 de enero que 200 mil personas de todo el país pueden quedarse sin servicios básicos de atención y cuidado, mientras que 150 mil trabajadores y trabajadores de sector están en riesgo de perder su puesto producto de la crisis económica y el escenario inflacionario.
En diálogo con AUNO, la presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (CASAIE), Elizabeth Foschi, explicó que “los aranceles de las prestaciones no se condicen con la inflación actual, por lo cual empieza a ser imposible prestar los servicios”.
“La brecha que hay entre los aumentos de aranceles que nosotros nos baja el Estado y los incrementos de todos los costos que tenemos como instituciones, que son costos operativos, sueldos, insumos, recursos humanos; es totalmente insostenible”, puntualizó la titular de la organización que integra el Foro.
La CASAIE, un organismo de alcance federal que nuclea a los centros categorizados ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Dirección Nacional de Rehabilitación, agrupa a más de 70 instituciones, las cuales “se dedican a favorecer la educación de las personas con discapacidad en la escuela común”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), Carlos Muñoz, detalló que durante 2023 «los aranceles aumentaron un 120,8 por ciento y el IPC (Índice de Precios al Consumidor) un 220 por ciento” mientras que el incremento de “los sueldos hasta diciembre promedio fue de 168 por ciento”.
«Con el agravante que nosotros facturamos a los 30 días de dada la prestación y lo cobramos recién entre 60 y 90 días, el costo financiero directamente se lleva todo el aumento”, explicó Muñoz, quien remarcó que pierden “todo con la inflación», por lo que «no hay posibilidad de subsistir de esta forma”.
Sobre ello, Foschi agregó que las “obras sociales están pagando a más de los 150 días, otras no, pero es de los 60 (días) en adelante siempre, nunca antes”, y destacó que “si ya era inviable antes financiar, ahora se hace mucho más inviable”.
La AIEPESA es una entidad civil que nuclea aproximadamente 250 instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales, dedicadas a la atención de personas con discapacidad, las cuales brindan 350 prestaciones, explicó Muñoz.
La crisis del transporte en discapacidad
La brecha entre aranceles y costos se suma la situación del transporte, el cual “en el mes de diciembre, se pagaba 272 pesos el kilómetro recorrido” y “el combustible estaba alrededor de 320 pesos, según la jurisdicción, a veces un poquito más”, mientras que “hoy el combustible supera los mil pesos”, detalló Muñoz, por lo que los transportistas del sector desde el primero de enero cortaron el servicio.
“Se trata de una medida definitivamente atípica, pero además involuntaria. En los últimos años, hemos tenido que estar permanentemente trabajando en reuniones con los financiadores del sistema, para que los aranceles que se pagan por kilómetro vayan alcanzando alguna manera la inflación de este tiempo. Sin embargo, asistimos los primeros días del mes de diciembre del 2023 al más brutal y violento aumento de nuestro principal insumo, que es el combustible”, aseguró a AUNO el presidente de la Asociación de Transportes Especiales (ATRAES) de Santa Fe, Pablo Bolego.
Bolegó explicó que, desde antes que asumiera el gobierno de Javier Milei, sus aranceles se mantienen en 272 pesos mientras que el combustible en el interior del país «ya roza los 1.032 pesos”, por lo que desde ATREAS esperan “una recomposición arancelaria urgente”.
“Lo que habría que hacer es una inyección de dinero al sistema para que esto pueda volver a ponerse en marcha y en movimiento, no tenemos el dinero para salir a trabajar mañana y esto hay que destrabarlo inyectando los recursos necesarios”, subrayó.
“Desde CASAIE, específicamente, y junto con el Foro en pos de los derechos de la persona con discapacidad solicitamos en principio un aumento del 100 por ciento”, y a su vez este 100 por ciento va a ser como «un piso para poder después ver los aranceles que se devienen para el 2024”, sostuvo Foschi.
En tanto, Muñoz consideró que “la solución tiene que venir en forma inmediata, porque después va a pasar con las instituciones”, ya que “no se van a poder pagar los sueldos”, y remarcó que “los sueldos tienen que aumentar, sino la gente no puede subsistir”.
AUNO-15-1-23
FM-SAM
