(AUNO-TERCER SECTOR*) Un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense plantea la posibilidad de colocar a disposición de la Justicia de la provincia a todos los menores que viven en situación de riesgo social. Diversas organizaciones vinculadas a la temática de la infancia critican la iniciativa por oponerse a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y la denuncian como una forma de “criminalizar la pobreza”.
Impulsada por el presidente del Senado provincial, el justicialista Alejandro Corvatta, el proyecto les atribuye a los magistrados del fuero penal de menores la facultad de intervenir en cualquier asunto que afecte a un chico o joven, aun sin que exista una cuestión delictiva de por medio.
El proyecto pretende reemplazar a la ley Integral de la Niñez 12.067 sancionada en diciembre de 2000, que contó con el apoyo de numerosas organizaciones que trabajan en la problemática de la niñez, pero que nunca pudo ponerse en práctica debido al planteo de inconstitucionalidad que le formulara el procurador general de la Corte Provincial, Eduardo De la Cruz.
Mientras la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires avaló la constitucionalidad de la norma, el senador Corvatta pidió suspender su aplicación por 180 días, alegando falta de presupuesto, y presentó, a modo de reemplazo, el cuestionado proyecto.
Organizaciones no gubernamentales como Cable a Tierra, Tierra de Todos, Camino al Sol, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Agrupación Lucía Cullen, y El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo (que congrega a más de 300 entidades de todo el país dedicadas a la contención de chicos en situación de riesgo) condenaron el proyecto Corvatta y reclamaron la vigencia de la ley 12.067.
En declaraciones a AUNO–Tercer Sector, la asesora legal del Movimiento Nacional de Los Chicos del Pueblo, Laura Tafetán, consideró que la iniciativa busca “fortalecer los intereses de grupo de algunos funcionarios del sistema judicial bonaerense, que no se resignan a perder los espacios de poder que la ley Integral de la Niñez les quitaba”.
“Cada chico alojado en una institución correccional le cuesta al Estado provincial cuatro mil pesos por mes, un presupuesto difícil de resignar con facilidad”, argumentó.
Según Tafetán, la normativa que debería estar vigente “establecía mecanismos administrativos y sociales para contener al menor y consideraba la instancia judicial como último recurso. En cambio, con el proyecto Corvatta, sucede todo lo contrario”, explicó.
Por su parte, la Comisión de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) que preside la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, calificó la iniciativa de “inconstitucional”, por considerar que “contradice los tratados que Argentina suscribió en materia de minoridad y que ratificó en su Carta Magna, reformada en 1994”.
La Ley 12.067 se creó como un instrumento superador del decreto 1067 de patronato, promulgado por la dictadura militar. Establece una serie de mecanismos administrativos, en el ámbito provincial y municipal, con el objetivo de proteger de los derechos de niños y jóvenes ante la separación de un menor de su ámbito familiar.
Contempla, además, que cuando un menor vea afectados sus derechos como consecuencia de la insatisfacción de sus necesidades básicas, se apliquen programas dirigidos a brindar apoyo económico a la familia con el fin de evitar su desmembramiento.
El rechazo de las organizaciones sociales al proyecto se fundamenta en que la iniciativa se “aparta de estos mecanismos administrativos y le otorga atribuciones originarias al fuero judicial competente, que puede intervenir y dictar la internación de un chico en un reformatorio cuando lo crea conveniente”, además de permitir que personal policial y administrativo interroguen a un menor bajo custodia.
Por ahora, el proyecto Corvatta es discutido en la Comisión de Niñez y Familia del Senado de la provincia de Buenos Aires y su tratamiento está previsto dentro del actual período de sesiones ordinarias. Mientras tanto, las ong’s que trabajan por los derechos de los niños siguen reclamando la vigencia de la ley 12.067.
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
