(AUNO-TERCER SECTOR*) La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires la define en su artículo 127 como “la unidad de gobierno y gestión política y administrativa, de representación de los vecinos, que funciona como ámbito de descentralización territorial donde el vecino tiene acción y control directos sobre las políticas públicas y la administración comunal en su más amplio sentido”. La Ley de Comunas, cuyo plazo para ser sancionada venció en octubre de 2001, intenta ser discutida en la Legislatura con la intervención de los vecinos porteños que, además de haber presentado su propio proyecto de ley, se reúnen todas las noches en Bacacay 1715 para debatir los pasos a seguir para que el Gobierno de la Ciudad la apruebe.
Gustavo Desplats, de la Protocomuna Caballito, una de las 50 organizaciones sociales que impulsan la sanción de la ley, señaló a AUNO-Tercer Sector que lo que buscan es que el proyecto de ley elaborado por los vecinos “sea discutido obligatoriamente en el recinto”. Para que sea posible deben reunir 37.500 firmas (el 1,5 por ciento del padrón electoral de la ciudad)y de esa manera, “la Legislatura la tiene que contemplar como una moción popular”, aseguró.
Hasta el momento los vecinos cosecharon 3.600 adhesiones. “Lo que necesitamos es que el debate tome estado público expresó Desplats porque la Ley de Comunas significa un mayor control de la ciudadanía sobre muchos temas, por ejemplo el de los empleados públicos, donde podríamos identificar con toda facilidad quién trabaja y quién no, y podríamos apartar de su cargo al ñoqui que nada más se presenta para cobrar su sueldo”.
Porqué el gobierno de la Ciudad dilata tanto la sanción de la ley es un interrogante que da lugar a distintas interpretaciones. Mora Arauz, de la Fundación Ciudad, afirmó que el retraso se debe a una “falta de voluntad legislativa. Al estar tan fragmentada, al haber tantos bloques, es muy difícil llegar a un consenso”, explicó.
Por su parte, Claudio Augugliaro, presidente del Centro Vecinal Participativo (CEVEPAR) opinó que la demora es porque “los legisladores no quieren delegar el poder, transferir el control de algunos asuntos públicos. La idea de la división política de la ciudad es algo a lo que le teme toda la fuerza política por temor a perder influencia”.
Según Desplats, en una reunión mantenida con Aníbal Ibarra, la respuesta oficial fue que las Comunas “sólo servirían para aumentar la burocratización” y, por ende, el gasto público. Sin embargo, para Desplats esa explicación no es suficiente: “Si yo quiero que me arreglen el cantero de mi casa, tengo que elevar el pedido al Centro de Gestión y Participación (CGP) más cercano. De ahí mi pedido pasa a Planeamiento Urbano, baja a la Subsecretaría de Espacios Públicos, pasa a la Secretaría de Espacios Verdes, la ve el Director de Parques y Paseos, pasa a la Subsecretaría de Reparaciones de Parques y Paseos. Desde esta oficina envían a alguien para que arregle el cantero, siempre y cuando mi papel no se haya perdido entre alguno de estos siete oficinas o no haya sido desestimado. En cambio, de sancionarse la ley, uno va a la Comuna, pide que le arreglen el cantero y listo. Por eso lo que argumenta Ibarra es una gran mentira”, graficó.
Otro de los elementos conflictivos se relaciona con el nivel de autonomía presupuestaria que deberían tener las Comunas. Mientras los 14 proyectos estacionados en la Comisión de Descentralización de la Legislatura prevén un presupuesto que varía entre el tres y el ocho por ciento de los ingresos del Gobierno de la ciudad, los vecinos exigen que no sea menor al 50 por ciento. La diferencia de criterios se debe a que los vecinos proponen tener en su órbita, además del cuidado de espacios verdes, la gestión de las escuelas y de los hospitales.
También se discute la cantidad de integrantes que deberá tener la Junta Comunal elegida por los vecinos mediante voto directo. Según Desplats, “la Ciudad, que alberga más de dos millones setecientas mil personas, tiene que estar fragmentada en 16 Comunas, y cada una tiene que estar encabezada por una junta integrada por siete personas. Así tendríamos un representante cada 200 mil habitantes, y no uno cada 500 mil como quiere Macri. Para nosotros, la manera de llevar adelante una verdadera reforma política es acercando el Estado a la gente”.
Después de los resultados de las últimas elecciones porteñas las agrupaciones piensan que, a pesar de que los legisladores de Mauricio Macri son primera minoría, todo seguirá más o menos como antes. “La conformación venidera va a ser tan heterogénea como la actual “#8220;evaluó Augugliaro-. Detrás de Macri se encuentran radicales, peronistas, alianzas de centro y con Ibarra hay gente del ARI, socialistas, peronistas. Por eso es muy prematuro poder presagiar cómo se manejará la Legislatura”.
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* Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
