(AUNO-TERCER SECTOR*) La ley que reglamenta las interrupciones de aquellos embarazos que resulten incompatibles con la vida extrauterina, busca ser aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa se corresponde con una normativa similar, actualmente vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque presenta algunas diferencias.
El proyecto fue redactado por la diputada socialista María José Lubertino, y tiene por objeto regular los procedimientos que debiesen llevarse a cabo en el sistema de salud público y privado respecto a los embarazos en donde el feto padezca anencefalia o alguna otra patología que resulte incompatible con la vida. La intención es, según la legisladora, “garantizar la salud integral de las mujeres entendida como un completo bienestar social, físico y psíquico”.
“Cuando una mujer se entera que está embarazada imagina un posible futuro. Al saber que ese ser que porta sufre una patología como la anencefalia, todos estos sueños se derrumban. Es un proceso psíquicamente muy traumático. Esto no sólo afecta a la mujer embarazada, sino a todo el entorno familiar. Es necesario intervenir legalmente porque se trata de una cuestión de salud pública”, fundamentó Lubertino a AUNO-Tercer Sector.
La anencefalia es una patología que impide que el feto desarrolle su sistema nervioso. Al nacer, la criatura que padece esta afección sólo puede vivir durante unos pocos días. Este proyecto prevé que, transcurridas las 72 horas después de la detección de esta enfermedad, la mujer pueda pedir la interrupción de su embarazo sin que medie intervención judicial alguna.
Aunque están contempladas las objeciones de conciencia que podría formular el personal médico con respecto a este tipo de operaciones, los sistemas de salud público y privado deberán garantizar “#8220;según el proyecto- que otros profesionales se presten a interrumpir un embarazo con esas características.
Según Lubertino, esta es una de la cuestiones centrales del proyecto,
debido a que cuando se detecta un caso de anencefalia, “los médicos por lo general se niegan a intervenir y derivan la cuestión a la órbita judicial. Si bien hasta ahora, la justicia siempre autorizó las interrupciones, el trámite se vuelve muy prolongado y esto redunda en un grave deterioro psíquico que este proyecto pretende mitigar”, remarcó.
En junio pasado, la legislatura porteña aprobó una ley que autoriza la interrupción de los embarazos incompatibles con la vida, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformó, de esta forma, en el primer distrito del país en sancionar una legislación sobre la controvertida cuestión.
Si bien el proyecto de Lubertino tiene muchos puntos en común con esta normativa capitalina, presenta una diferenciación central: la intervención podría practicarse 72 horas después de estar diagnosticada la patología. Mientras que en la Ciudad debe aguardarse a que el feto cumpla las 24 semanas de gestación.
“El plazo que rige en la Capital Federal para autorizar esta intervención es innecesario. Si el diagnóstico está comprobado, la mujer embarazada presta su consentimiento y el personal médico no realiza objeciones de conciencia, se puede intervenir mucho antes. No es necesario esperar 24 semanas de gestación. ¿Qué sentido tiene prolongar el sufrimiento de una mujer que atraviesa una situación como ésta?”,consideró Lubertino.
El proyecto fue presentado ante al Comisión de Salud de la Cámara Baja y su autora desconoce si su tratamiento podrá llevarse a cabo antes de que finalice el actual período de sesiones ordinarias.
“Desconozco cual será la suerte de esta iniciativa. Espero que se le otorgue un tratamiento rápido para que este proyecto no duerma el sueño de los justos. Existe un vacío legal y una problemática referida a la salud pública debemos atender con urgencia. Espero que al momento de debatir tengamos presentes estas cuestiones”, concluyó.
*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
