(AUNO-TERCER SECTOR*) Más allá de los acartonados despachos judiciales y del frío contenido de los códigos procesales, existe en el conurbano bonaerense una realidad que diariamente empuja a la marginalidad, la violencia y el delito a cientos de miles de chicos. Un fiscal y un funcionario judicial asumieron que una sociedad justa no se construye con la mera y distante aplicación de las leyes, sino que además hacen falta acciones solidarias concretas. Junto con el compromiso de todo un barrio iniciaron la construcción de un comedor que pretende atender las necesidades de casi seiscientos chicos por día, en la localidad de San Miguel, y que será administrado por un grupo de madres.
El fiscal de San Martín Horacio Palasuelos, junto con el funcionario judicial Juan Manuel Casolati ya habían impulsado un emprendimiento similar en la localidad de Don Torcuato, y al cual concurren actualmente más de 300 chicos. En diálogo con Auno-Tercer Sector, Casolati reseñó que “la dura situación de la niñez en el Gran Buenos Aires los motivo a emprender una tarea reparadora que movilice a la mayor cantidad de gente posible”.
“En la Justicia uno toma contacto con muchas situaciones terribles y dolorosas que son provocadas por la insatisfacción de las necesidades más básicas. Se nos ocurrió junto con Palasuelos que con la voluntad solidaria de muchas personas se pueden resolver un montón de cosas simples que pueden ayudar a cambiarle la vida a un chico; como por ejemplo un plato de comida caliente, un juego o con el afecto de todos los días.”, señaló Casolati.
Para construir un comedor de este tipo se necesita la movilización de todo un barrio. Casolati contó que, en principio se lleva a cabo una reunión con todos aquellas personas que estén interesadas en participar y se les piden que aporten lo que tengan o puedan. Así se consiguen desde los materiales de construcción hasta los alimentos. Luego, son las madres o las abuelas las que se encargan de administrar el funcionamiento del comedor.
“En Don Torcuato tenemos más de 30 madres trabajando todos los días y son ellas las verdaderas encargadas de la administración del comedor. Nuestra misión es la de dar un impulso. Luego es la comunidad la que se organiza y lleva adelante todo lo demás”, explicó.
El nuevo comedor, que tendrá además una guardería, funcionará en San Miguel y estará ubicado en el Barrio Vuelta de Obligado, un asentamiento a orillas del río Reconquista que congrega a más de 6 mil personas y donde se verifican condiciones de extrema pobreza. Las madres que gestionan su construcción ya consiguieron, junto con la ayuda de Casolati y Palasuelos, reunir los primeros materiales y el trabajo de la gente del lugar que está dispuesta a colaborar en la edificación.
“Construir un lugar para darle de comer a tantos chicos es muy importante. Pero lo más destacable es todo lo que se genera detrás de esto. Es un factor de promoción muy importante porque de esta forma se establecen lazos solidarios entre todos y esa es la mejor forma de construir una sociedad mejor, en la cual no haya excluidos”, opinó Casolati.
Estos integrantes del poder judicial de la provincia de Buenos Aires aseguran que no reciben subsidios oficiales y que todo la ayuda que reciben la recolectan de “la gente que está dispuesta a colaborar”.
“El 15 de marzo empezamos con la construcción “#8220;reseñó Casolati-, esperemos tener todo listo para dentro de dos meses. Para esa fecha calculamos que el comedor estará trabajando a pleno. Ojalá salga todo bien para que podamos implementar este sistema de gestión solidaria en otros lugares del conurbano”.
*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector