(AUNO-TERCER SECTOR*) Según datos oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires existe un déficit habitacional que afecta a 370 mil personas. La problemática de la falta de vivienda propia es sufrida en el país casi tres millones y medio de familias. Ante esta situación, desde fines de la década del ’80 comenzaron a trabajar en el país las organizaciones civiles cuyo objetivo es que todos accedan a un techo a partir de la puesta en marcha de planes de autogestión para la construcción de viviendas impulsados por cooperativas.
En este contexto, se llevó a cabo la “Semana del Hábitat Popular”, un espacio donde
integrantes de las organizaciones civiles y el Estado buscaron criterios comunes para avanzar en la consolidación de políticas públicas que reviertan la situación de miles de familias.
Néstor Jeifetz, representante del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó a AUNO-Tercer Sector que “hubo avances en la necesidad de transformación de la política de emergencia, tomando la emergencia en un sentido integral y no sólo en el aspecto habitacional sino desde la perspectiva de la educación, la salud y los derechos básicos de las personas”.
En el congreso realizado la semana pasada, desde el 2 al 7 de agosto participaron entidades como la Fundación Vivienda y Comunidad, el MOI y el Secretariado de Enlaces de Comunidades Autogestionadas (Sedeca); y representantes de Poder Ejecutivo porteño –a través de la Secretaría de Desarrollo Social- y de la Comisión de Vivienda de la Legislatura.
Durante el congreso fue aprobada la propuesta de creación de una Mesa de Trabajo con representantes de todos los sectores “que en el corto plazo desarrolle políticas de autogestión y de emergencia”. Para ello, según Jeifetz, es necesario profundizar la ley 341 que da marco legal a los procesos de autogestión porque “la ley fue un paso, pero no alcanza. Ahora queremos vivienda digna, no personas que estén hacinadas en pensiones subsidiadas por el Estado”.
En este sentido, la propuesta del movimiento giró en torno a la creación de un Banco de Inmuebles. “La idea es que se recuperen y centralicen todos aquellos inmuebles de la ciudad de Buenos Aires que puedan ser destinados a la vivienda de emergencia, transitoria o definitiva y que se destinen los recursos a la creación de un fondo de autogestión que permita financiar proyectos de compra o construcción de viviendas”, explicó el referente del movimiento que responde a la CTA.
En el congreso también se planteó la necesidad de capacitar a todos los actores sociales que participan en la tarea de resolver el problema habitacional. “Es vital la capacitación, investigación y formación que deben recibir tanto familias, como técnicos y funcionarios públicos”, señaló Jeifetz.
La Semana del Hábitat Popular sirvió también para intercambiar experiencias de autogestión cooperativa con otras de Uruguay, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y República Dominicana.
Si bien en el país diferentes organizaciones trabajan desde hace varios años, la experiencia más desarrollada es la de Uruguay. Desde 1968 existe en ese país la ley nacional de viviendas, donde se prevé la participación de la gente en los planes de construcción y el ahorro de los participantes. En Uruguay, al año se construyen entre 800 y 1000 viviendas a partir del Plan Quinquenal de construcción que debe presentar el Estado uruguayo.
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Cómo Cumunicarse:
MOI: Teléfono 4301-6818
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
Sin techo pero con propuestas
Las organizaciones que se ocupan de las personas sin techo se reunieron en un congreso con representantes de cooperativas de países latinoamericanos para debatir sobre la emergencia habitacional. Con el gobierno de la Ciudad acordaron formar una mesa de trabajo que impulse políticas de autogestión como instrumento para resolver la falta de vivienda propia.
