Luego del conflicto con cortes de ruta desatado tras la toma de viviendas en el Barrio Obrero, de Lomas de Zamora, los vecinos sin casa propia llegaron a un acuerdo con las autoridades municipales mediante el cual se les dará prioridad de alojamiento en un próximo plan de adjudicaciones de hogares. Sin embargo, las personas desalojadas denunciaron que el pacto alcanzado no tiene “ningún valor legal” porque no hay documentación oficial de por medio.
De concretarse, el arreglo alcanzaría a las más de 200 familias que debieron dejar las propiedades que habían “tomado” en el complejo construido en el marco del Plan Federal de Viviendas, impulsado por el Gobierno nacional.
José Luis Saleh, que ante el desalojo por parte de la Policía Bonaerense debió abandonar la casa sin terminar que había ocupado en el Barrio Obrero, confirmó a AUNO que “en una reunión que tuvimos ayer en la Municipalidad de Lomas de Zamora, el secretario de Obras Particulares, Jorge Barrachina, prometió a los aproximadamente 60 vecinos que asistimos al lugar en busca de una respuesta, que en el próximo plan se nos iba a tener como prioridad en la adjudicación de (nuevas) propiedades”.
No obstante, aseguró que como comprobante de esa promesa “se anotó a las personas que concurrieron al lugar en un cuaderno que no tiene ningún valor legal”, por lo que no confían en ese documento.
Saleh contó a esta agencia que “algunos (vecinos) fueron a reclamar al Gobierno nacional, que les indicó que la solución la debían dar las autoridades comunales y otros nos dirigimos directamente a la Municipalidad”.
Además, indicó que en la reunión “se habló de los plazos” aunque “sin llegar a nada concreto”, y explicó que los funcionarios “prometieron que al terminar el año, las obras ya empezadas estarán listas y podrán ser ocupadas por la gente a quienes fueron designadas con anterioridad” y recién “el año próximo” comenzará la construcción de los nuevos inmuebles.
Aún así, “no tenemos ningún comprobante y no estamos censados” registrados para la adjudicación de casa, insistió a la vez que criticó a las autoridades municipales porque “no supieron dar una solución para su situación actual”.
“Pensamos en armar una comisión para ayudarnos entre nosotros”, reconoció, al mismo tiempo que lamentó que “algunos (de los desalojados) nos albergamos en casas de parientes y otros optaron por la opción de alquilar”.
El hombre adelantó que el próximo lunes los vecinos harán una reunión en Villa Albertina para juntar toda la documentación para el censo que comenzará la última semana de agosto, y el que martes 21, a las 9, la presentarán personalmente en la Municipalidad.
Otra vecina del barrio llamada Valeria Fernández informó a esta agencia que el jueves concluyó el desalojo de quienes ocuparon las viviendas en el Barrio Obrero, y que luego los policías se hicieron presente con los propietarios de las casas que, según ella, “no son gente de los alrededores del lugar”.
Como muchos de los afectados por esta situación, Saleh exigió “un control serio en el que se estudien las necesidades reales de cada caso y se prioricen a aquellas familias sin recursos”.
Tras el desalojo del jueves a cargo de la Policía Bonaerense, más de 100 personas realizaron un corte de calle sobre Camino Negro, a la altura de Puente de La Noria, en reclamo de las viviendas prometidas y financiadas por el plan habitacional del Gobierno Nacional.
Esta manifestación fue el modo de protesta que utilizaron algunos vecinos en repudio del desalojo y con el objetivo de hacer escuchar su reclamo, pero no fue la única manera de pedir una respuesta.
Saleh se justificó: “Ocupamos las viviendas por miedo. Nosotros necesitamos un lugar para vivir, todo era incertidumbre y nadie nos daba una respuesta”.
RCI-AFD
AUNO-17-08-07
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