A tres semanas de haber sido declarado “espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos”, el centro clandestino de exterminio durante la última dictadura conocido como el Pozo de Banfield volverá mañana a estar sobre el tapete cuando un grupo de organizaciones de derechos humanos nucleadas en Justicia Ya – La Plata presente ante al Juzgado Federal 3 un listado con más de 170 represores y cómplices de la represión, miembros la mayoría de ellos de las cúpulas de mando políticas, militares y policiales de la época, según reveló en exclusiva para AUNO Adriana Calvo, miembro de esa organización. Los abogados también presentarán “pruebas fehacientes” de que en ese lugar efectivamente existió un sótano donde se reprimió, algo que no había sido probado hasta ahora.
Según explicó Calvo, el pedido que realizarán es que los más de 170 represores —identificados con nombre, apellido y cargo— sean incorporados a la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que se los detenga y se los indague por las “aberraciones” cometidas contra 279 detenidos identificados y al menos otros 60 de los que sólo se posee una descripción parcial, siempre según las precisiones aportadas por la representante de Justicia Ya a esta agencia.
Además, el “extenso y exhaustivo” informe que será presentado pasado el mediodía de este jueves ante el Juzgado Federal 3, a cargo del juez Arnaldo Corazza, aporta precisiones de testigos, tanto ex detenidos como miembros de las fuerzas de seguridad de que el sótano mencionado por algunos sobrevivientes como lugar donde se realizaban las torturas efectivamente existió y que se encuentra oculto.
“El Pozo de Banfield fue un lugar de suma importancia porque era sede de las direcciones policiales metropolitanas de Seguridad e Inteligencia y de Investigaciones”, precisó Calvo a AUNO. Pero además fue un punto “clave en el marco del Plan Cóndor, ya que muchos detenidos en Uruguay fueron trasladados a Banfield y a Quilmes, intermitentemente, y luego desaparecidos en Uruguay o aquí mismo”.
Según ese informe, estos son los números del terror: al menos 170 represores miembros del Estado, de las cúpulas militares y de los altos rangos policiales, 279 detenidos identificados por nombre y apellido, 60 con identificación parcial (“El Negro de Zárate”, “Siete empleados de una fábrica textil” del mismo distrito), y un 50 por ciento de todos los detenidos que aún permanecen desaparecidos.
“Tenemos una gran cantidad de represores listados porque contemplamos a la cadena de mando completa, empezando por los presidentes de facto, los ministros del Interior, gobernadores bonaerenses y ministros de gobierno de la provincia durante la época, además de la cadena de mando policial: los comandantes de la zona 1, de la subzona 11 y del área 112”, precisó Calvo, quien lamentó que los altos mandos policiales “hayan muerto” sin haber sido investigados.
Todas las precisiones dadas en este artículo se originan en el trabajo de recopilación de datos de Justicia Ya, que actualizó la presentación que en 1997 se había hecho al juez español Baltasar Garzón, con parte de este contenido. “En su momento no se le dio curso y cuando se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (en 2005) hubo que comenzar todo de nuevo”, explicó Calvo, también representante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
La presentación incluye una descripción del campo de concentración, de las condiciones de vida infrahumana que allí se padecían y de la participación de la dirigencia eclesiástica, lo que ya había quedado en parte manifiesto a partir de la condena a Christian von Wernich, ex capellán de la Policía Federal al que se relacionó con el Pozo.
“No obstante, hay que tener en cuenta que los detenidos que no fueron identificados seguramente hayan sido más, ya que los liberados no siempre pudieron reconocer a quienes compartieron lugar de detención con ellos, a veces por estar incomunicados, a veces por no haber permanecido demasiado tiempo en el Pozo”, destacó Calvo.
Existe también otro elemento de gran importancia para la causa, sobre el que por el momento no pueden darse mayores precisiones. Según adelantó Calvo, no hubo hasta aquí pruebas testimoniales de la existencia efectiva de un sótano como lugar en el que se realizaban las torturas. Durante mucho tiempo se creyó que ocurrían en todo el edificio, que tiene una planta baja y dos pisos. Al parecer, Justicia Ya habría conseguido un testimonio “muy, muy importante” para demostrar que hubo un sótano y que allí se reprimió.
El trabajo de recopilación de datos será entregado este jueves 2 de octubre ante el Juzgado Federal 3 de La Plata, con una conferencia de prensa a las 11.30 en la que Justicia Ya revelará las informaciones que adelantó esta agencia.
LP-AFD
AUNO-01-10-08
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