Las declaraciones en un matutino porteño del ex presidente del Banco Central Alfonso Prat Gay en defensa de La Salada, la feria informal que reúne a miles de personas a la vera del Riachuelo en Lomas de Zamora, y de sus emprendedores reavivó una recurrente polémica sobre el paseo de compras a cielo abierto al que la Confederación Argentina de la Media Empresa (Came) descalificó por sustentarse en “comercio ilegal, contrabando, evasión tributaria y informalidad extrema”.
En diálogo con AUNO, el administrador de Punta Mogotes –una de las ferias más grandes del predio de La Salada-, Jorge Castillo, aseguró que desde la Came “mienten, mienten y mienten”.
En cambio, para Gustavo Vera, representante de la Asociación Cooperativa La Alameda que presentó más de 90 denuncias contra grandes marcas por trabajo en talleres clandestinos, “la discusión entre La Salada y las empresas (por la Came) es como la pelea entre el carterista y (Luis) el ‘Gordo’ Valor”.
Prat Gay, virtual candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica en su carta del martes pasado en Clarín había explicado que “es imposible estar a favor de la microempresa y en contra de La Salada” ya que, según argumentó, no es posible condenar por su informalidad a los feriantes que trabajan a orillas del Riachuelo cuando desde el Gobierno no se facilita el traspaso a la formalidad.
En ese sentido, consideró erróneo condenar como “ilegalidad la informalidad de los vulnerables de la sociedad, como lo son la mayoría de los feriantes de La Salada. Es decirles que como ser pobre es ilegal, delinquen de facto”.
La carta del economista obtuvo la respuesta al día siguiente, y en el mismo medio, del presidente la Came, Osvaldo Cornide, que opinó que “La Salada es consecuencia de una debilidad social profunda que persiste en la Argentina”.
No obstante, el punto fuerte de la respuesta de Cornide fue la desautorización que hizo el miembro de la CC al sentenciar que “sorprende que (Prat Gay) minimice el sentido ético de lo que significa la cultura de pagar impuestos, de respetar los derechos, de combatir la piratería, y de encontrar salidas laborales dignas a los emprendedores que están en esos predios”.
En Punta Mogote, añadió Castillo, se paga “casi un millón de dólares de impuestos a lo largo de todo el ejercicio anterior. Además, en cuánto a los impuestos, a cuántos negocios vas y te dan boleta cuando vos compras ¿y vienen a fijarse qué pasa en La Salada?”
Uno de los párrafos más polémicos del economista fue aquel en el que aseguró haber “recorrido los talleres-hogar de distintos puntos del país en los que se fabrica la ropa que se vende en La Salada” y haber “visto el orgullo de los hijos que ayudan a sus padres a recuperar su dignidad con el trabajo de sus manos”.
En cambio, para Gustavo Vera, el referente de La Alameda, la discusión acerca de la feria “no aborda el tema sustancial”, porque “ni La Salada significa trabajo digno, porque replica la explotación de las empresas, ni es el problema de las deformaciones de los derechos laborales. Las grandes marcas hacen un uso sistemático los talleres clandestinos para obtener mayores beneficios”.
En ese sentido, amplió su explicación al sostener que “El meollo de la cuestión pasa por corregir urgentemente los costos y beneficios en la cadena de valor; si el tallerista sigue recibiendo sólo el 15 por ciento se transforma en el que tiene el ‘látigo’ para explotar al costurero, pero quienes manejan los precios que abren el juego a la esclavitud son las marcas”.
También indicó que el Estado, que “tiene que regular la cadena de valor y asegurar una justa redistribución de las ganancias”, sigue haciendo la vista gorda porque “no hacen nada ante la evasión tributaria que significa el trabajo esclavo y persiguen al perejil”.
Así y todo, tal como lo había hecho en una entrevista publicada el mes pasado por AUNO, el administrador de Punta Mogotes insistió a esta agencia que en La Salada “no existen los talleres clandestinos” sino que son todas “pymes familiares”.
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AUNO-03-04-09
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