“El grado de impericia con que se fue a Malvinas no tiene punto de comparación. Muchas de las muertes que hubo fueron por la propia responsabilidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas. Hay compañeros que murieron en combate frente a los británicos, pero hay otros que murieron por congelamiento, por hambre, por algún tipo de enfermedad, por la impericia y el grado de improvisación con el cual fuimos a las Islas. No había preparación, táctica ni estratégica, ni conducción.” El exsoldado Ernesto Alonso sintetiza un drama que, a 35 años, aún duele y permanece envuelto en oscuridades.
En 1982, Alonso realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento VII de La Plata. El 2 de abril se encontraba en Ezeiza. En diálogo con El Cruce recuerda: “Cuando los militares se enteraron de la recuperación militar, empezaron a darle máquina a la nueva clase y apuntaron al nuevo enemigo: los británicos. En nuestra instrucción, la 62, la bajada de línea era hacia el enemigo interno. En 30 segundos, de un día para el otro, cambiaron el eje”. Y destaca que “con esas Fuerzas Armadas, que no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, sino que se encontraban bajo la ‘doctrina de la seguridad nacional’ para continuar con un régimen político y económico en contra de los intereses de nuestro pueblo, fuimos a Malvinas”.
Mario Volpe llegó a las Islas entre el 12 y el 13 de abril, al igual que Alonso. Con 25 años, se reincorporó al Regimiento VII tras la convocatoria de la Junta Militar. Había realizado la conscripción con la clase 62 en 1981, pues la prórroga universitaria le había permitido terminar de cursar sus estudios en Medicina antes de “cumplir con la Patria”, y en octubre de ese año fue dado de baja por estar casado. “Me llamaron apenas había sido la recuperación de Malvinas, entre el 3 y el 4 de abril. Ya el 9 estábamos saliendo para las Islas. Fuimos con todo el Regimiento, unos mil soldados, de La Plata a El Palomar, de ahí a Río Gallegos y, por último, en avión a Malvinas”, detalla.
En las Islas, Alonso formó parte de la Compañía B del Regimiento VII, en Monte Longdon. Allí estuvo 64 días, en medio de las piedras y en “condiciones infrahumanas”, sin el equipamiento adecuado y casi a la intemperie. Según Volpe, “las condiciones en Malvinas fueron variables” y se intuía un “gran nivel de desorganización”. Cuando las tropas llegaron a las Islas, las posiciones no estaban definidas, por lo que debieron trasladarse en más de una oportunidad y transportar gran parte del material, incluidos los cañones de infantería, con el desgaste que eso implicaba. “No había una organización ni una logística, o no alcanzaba la logística, para poner al Regimiento o las cosas pesadas en condiciones”, explica.
“Al principio la comida fue medianamente pasable. Alcanzaba. Nadie pretende ir a engordar a una guerra, pero luego empezó a escasear. Cuando empezaron los bombardeos y los ingleses cortaron el cerco de transporte entre el continente y Malvinas, ahí ya la cosa se complicó”, recuerda Volpe. “En realidad, había mucho alimento en Puerto Argentino, pero la decisión que tomaron fue de no consumirlo, porque pensaron que se podía extender el conflicto”, agrega.
Volpe y Alonso no padecieron torturas, pero fueron testigos de los tormentos infligidos a otros combatientes. “El soldado Eduardo Dávila fue estaqueado por el sargento ayudante de la compañía por ir a sacar comida. El mismo sargento le puso una tenaza en la boca y lo hacía pasear, mientras lo apretaba, como para cerrársela”, detalla Volpe y señala cierta “naturalización de esa violencia”: “Ellos eran los dueños de cada persona, como decían cuando uno entraba al Regimiento: ‘Usted olvídese acá de quién es, porque acá ahora mandamos nosotros’”. Y afirma que “ese maltrato se vivía durante gran parte de la conscripción” y que las prácticas llevadas a cabo en las Islas eran “las mismas que se utilizaban en el continente, incluso con los desaparecidos”.
“Las torturas nunca se dieron por cuestiones de traición a la patria, de no querer combatir, sino por cuestiones famélicas, por hambre. Cuando empezaron los combates y comenzó a faltar la comida o era escasa, se sucedían estas cosas”, subraya.
Por otra parte, Alonso evoca el caso del soldado conscripto Manuel Gramisci: “Cuando se produce la Guerra, Gramisci, un desertor de la colimba que estaba en la compañía Servicios, se presenta en el Regimiento y lo mandan castigado a la compañía de Infantería donde estaba yo. Ese soldado fue estaqueado en Malvinas por el oficial Juan Baldini. Creo que la paradoja es que los dos mueren por los británicos. ¿Quién era el enemigo? Para Baldini, el enemigo no tendría que haber sido Gramisci”.
EL VALOR DE UNA PELÍCULA
La causa judicial que busca reconocer los tormentos a los soldados como crímenes de lesa humanidad fue iniciada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, a partir de la promoción de la película Iluminados por el fuego, de Tristán Bauer. Tras la proyección, los exsoldados conscriptos que habían concurrido a verla coincidieron en que se quedaba “corta”, pues lo que habían vivido en las Islas era mucho más terrible. “Jamás pensamos que iba a tener esta repercusión. Cuando terminó la película todos quedamos un poco conmovidos por la historia y le dije a los combatientes: ‘Qué fuerte esto’, y ellos me respondieron: ‘Es fuerte, pero se queda corto’. Ahí empezamos a investigar qué era ‘quedarse corto’ en una película que hablaba de soldados torturados y con hambre”, rememora Vassel en diálogo con El Cruce. Ante la denuncia de los excombatientes, el funcionario comenzó a recolectar y sistematizar los relatos de las víctimas para denunciar lo ocurrido. La investigación fue más extensa de lo previsto, pues debió afrontar las “resistencias iniciales” de quienes nunca habían contado el caso, incluso a sus propias familias.
Aunque intuía lo que podían revelar los testimonios, “no esperaba encontrar soldados que murieran de hambre. Es cierto que hubo zonas donde llegaban más o menos alimentos por una cuestión de bloqueo del enemigo, pero cuando eso sucede son todos los que sufren. Y en Malvinas no hubo ningún oficial ni suboficial que muriera de hambre ni sufriera los problemas de hambre que tuvieron los demás”, detalla Vassel, para quien “hubo una decisión de alimentar a la tropa de una manera determinada que no contemplaba las necesidades calóricas de los combatientes”.
Con 23 casos, la denuncia fue presentada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, en abril de 2007. Vassel señala que la decisión de radicar la denuncia en esa provincia fue “un nuevo acto de reivindicación de la soberanía argentina”. De ese modo, se dio inicio a la causa 1777/07, que hoy cuenta con más de 120 testimonios.
Alonso, quien es secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, afirma que “estos relatos siempre existieron” pero la dictadura intentó “acallar las voces de los que habían sufrido ese tipo de torturas”. “La experiencia vivida por los exsoldados conscriptos en Malvinas no difiere de la experiencia que vivieron muchos colimbas desde el ‘76 hasta el ‘83 en el servicio militar obligatorio y, por supuesto, la población civil que sufrió el terrorismo de Estado”, denuncia Alonso.
UN INFORME INAPELABLE
La Guerra de Malvinas debe analizarse en el contexto de la última dictadura. Muchos de los oficiales que estuvieron al mando de los soldados en las Islas fueron autores de crímenes de lesa humanidad en el continente, como el primer caído en combate, el represor Pedro Edgardo Giachino; Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta y Horacio Losito, entre otros. En ese sentido, el abogado y miembro del equipo jurídico del CECIM Jerónimo Guerrero Iraola remarca la “íntima vinculación entre el plan sistemático de exterminio de personas implementado por la última dictadura cívico militar, influenciada y guiada por la doctrina de la seguridad nacional promovida desde la Escuela de las Américas, y lo sucedido en Malvinas”. Este correlato entre el plan sistemático de exterminio que se llevó a cabo en territorio continental y el cometido en el territorio insular “comenzó a ser indubitable a partir de la desclasificación, primero del Informe Rattenbach y luego de todos los archivos relativos al conflicto bélico del Atlántico Sur”, sostiene.
Después de la derrota en Malvinas, la Junta Militar designó un equipo de militares, liderados por el teniente general Benjamín Rattenbach, para realizar un relevamiento sobre el conflicto, con el objetivo de limpiar su imagen. Los resultados no fueron los esperados por las Fuerzas Armadas. El Informe Rattenbach, elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur, demostró la improvisación de la dictadura, los maltratos hacia los soldados y las pésimas condiciones que debieron soportar en las Islas. Mal preparadas y peor conducidas, las tropas argentinas no sólo resistieron al enemigo, sino también el hambre y el frío.
Oculto bajo la carátula de “Secreto de Estado”, el Informe Rattenbach se difundió en forma completa el 7 de febrero de 2012, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó su desclasificación y su difusión.
El 2 de abril de 2015, la mandataria anunció la desclasificación de la documentación vinculada al desarrollo del conflicto bélico. El decreto 503/15 permitió acceder a archivos inéditos para complementar la historia de Malvinas. Entre los archivos del Ministerio de Defensa, se destacan los legajos de los militares que estuvieron en las islas y las Actas de Recepción que completaron los soldados a su regreso al continente, entre 1982 y 1984. Allí dejaron constancia de las pésimas condiciones, el hambre y los castigos que debieron soportar en las Islas.
El abogado del CECIM afirma que la documentación revelada “permite dar cuenta de la sistematicidad y la generalidad de los hechos, cómo fueron planeados, y de la existencia de una decisión deliberada de la dictadura cívico militar de generar un manto de impunidad, de obstaculizar la posibilidad de cualquier abordaje y juzgamiento de las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, y, obviamente, también de velar su responsabilidad en todo lo que tuvo que ver con los ejercicios militares que se llevaron adelante”.
Los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas desclasificados en 2015 “constatan todo lo que venimos denunciando desde el ‘82 hasta la fecha y la planificación e inteligencia militar para estas cuestiones”, enfatiza Alonso y especifica que “en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, sea de Fuerza Aérea, Ejército o Marina, hay, por lo menos, un hecho denunciado”. En sintonía con Alonso, Volpe, quien es director del CECIM, señala que “no eran casos aislados ni por cuestiones de jerarquías”.
Los hechos comprobados abarcan múltiples tipos de torturas: estaqueamiento, enterramiento, picana con teléfono de campaña, sumersión en agua helada, castigos físicos y tormentos psicológicos. “Si uno busca un cabo que hubiese estaqueado, lo encuentra; si busca un sargento lo encuentra; y un teniente también. En todas las fuerzas y en todas las jerarquías hubo alguien que estaqueaba, que torturaba”, subraya Volpe. También hubo muertes por hambre: “Una gran cantidad de soldados tenían pie de trinchera, que no sólo se produce por el frío o por mojarse los borcegos, sino también por una dieta hipocalórica. Esas lesiones también se produjeron a consecuencia de la improvisación que hubo”, resalta el director del CECIM. La desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas no sólo confirmó las denuncias, sino que amplió la cantidad de casos, reconocidos por los propios militares.
“NO SOPLAN BUENOS VIENTOS”
A una década del inicio de la causa, “hay más de 120 denunciantes, alrededor de 80 hechos probados y ninguna indagatoria, lo cual da cuenta de una connivencia también de la Justicia al momento de impulsar una causa que hoy tiene la jerarquía de una megacausa, asimilable a las grandes causas por violaciones a Derechos Humanos que están en actual juzgamiento en distintos fueros federales del país”, explica Guerrero Iraola. En ese sentido, el abogado del CECIM resalta el “carácter reparatorio” de los juicios: “El hecho que la Justicia acompañe con acciones estos procesos resulta central para poder llevar tranquilidad a las víctimas”. Pero a tres décadas del inicio de la Guerra de Malvinas, la víctimas que confiaron en el Poder Judicial para llevar adelante estas acciones reparatorias aún no obtuvieron respuesta.
Tras el fallo de la Corte del 19 de febrero 2015, que declaró “prescripta” la causa por las torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados durante la guerra, el CECIM recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La Justicia también está violando derechos fundamentales por vía de una ‘revictimización’. Es decir, fueron víctimas de los hechos terribles que nosotros denunciamos, de las torturas, pero también ahora son víctimas de la privación del acceso a la justicia, de un Estado que diez años después no les lleva ni una respuesta en relación a lo que ellos han planteado”, sostiene Guerrero Iraola. En esa sintonía, el secretario del CECIM dijo que “es inadmisible que en diez años, con la cantidad de pruebas, no se haya llamado a una indagatoria” y resalta que “el pueblo debe saber la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas”.
El panorama actual no es alentador. “Vemos un retroceso en el impulso que habían tomado las políticas reparatorias, las políticas de defensa de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”, afirma Alonso, al tiempo que lamenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 14 de febrero pasado. En el marco de la causa “Fontevecchia y otros c/República Argentina”, el máximo tribunal resolvió que la CIDH no puede revocar sentencias de los tribunales argentinos y afirmó que no es una “cuarta instancia” revisora para el país.
Entre el 11 y el 18 de marzo último, una comitiva de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), compuesta por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Pepe Di Paola, Ernesto Alonso, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Susana Méndez, Ana Barletta, Yamila Zavala Rodríguez, Sandra Raggio, Fernando Moreira y Julio Marcelo Dileo, estuvo en Malvinas y desarrolló una serie de actividades marcadas por el reclamo de soberanía y resolución pacífica del conflicto, y el pedido de verdad y justicia por los soldados muertos y torturados durante la guerra.
“No soplan buenos vientos para la defensa de DDHH en nuestro país, pero estos procesos no son para toda la vida”, admite el secretario del CECIM. Sin embargo, confía en que, en sintonía con el reclamo histórico de los organismos, gran parte de la sociedad “no quiere volver hacia atrás con respecto a estos temas”.
GN-GDF
