Lomas de Zamora, mayo 27 (AUNO).- La localidad de Monte Chingolo, Lanús, se convirtió el sábado en epicentro de la fiesta patria popular de santiagueños radicados en el sur del Conurbano bonaerense, organizada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) que buscó difundir de esa manera la situación de vulnerabilidad y “desprotección estatal” que viven los pueblos campesinos de esa provincia a manos de grandes terratenientes.
Locro, empanadas, chorizo y tortillas con todo el sabor santiagueño circularon desde temprano por la cancha de futbol del club Defensores de Gonnet, ubicado en Villa Cadorna, uno de los barrios con mayor cantidad de santiagueños de la zona: aproximadamente el 70 por ciento de los habitantes de ese conglomerado. La “Gran Peña Familiar” unió en un mismo espacio las ganas de festejar el encuentro de la comunidad santiagueña y la necesidad de construir conciencia en torno a la problemática territorial en la provincia natal.
“Es muy importante que no olvidemos nuestras raíces”, opinó en diálogo con AUNO Américo Gómez, uno de los organizadores del encuentro por el 25 de Mayo y militante del Mocase. “Todos nosotros llegamos a Buenos Aires, víctimas de la exclusión en nuestra provincia. Nos fuimos porque allá no teníamos trabajo, educación o salud, pero nuestros padres y hermanos siguen allá sufriendo el desalojo silencioso de la pobreza y de los intereses de grandes terratenientes.”
La raíz de la disputa territorial en Santiago del Estero se basa en que tierras que hace algunas décadas no tenían valor para el agronegocio, luego se volvieron explotables producto de las nuevas tecnologías de cultivo. Tanto es así que en la primera década del siglo XXI la superficie de cultivo de soja se cuadriplicó en la provincia, hasta posibilitar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010, según datos del Ministerio de Agricultura.
El Mocase estima que existen cerca de 25 mil familias campesinas santiagueñas, cuya su mayoría no poseen títulos de propiedad, pero que vivió y trabajó en esos campos por más de 20 años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada Ley Veinteñal. Sin embargo, la falta de recursos y de información posibilita que muchas veces los campesinos sean desalojados sin resistencia.
“La responsabilidad de regularizar la situación dominial es de la Provincia a través del Registro de Poseedores de 2007, pero la realidad es que el organismo se encuentra desfinanciado y los relevamientos no se realizan”, detalló a esta agencia uno de los vocero del Mocase, Roger Almaraz.
Según la organización, la violencia en los conflictos por el territorio “disminutyó un poco” desde octubre de 2012, cuando se produjo el asesinato de Miguel Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela del paraje Simbol, del departamento de Copo. Un hecho por el que está acusado un empresario salteño.
Sin embargo, “el gobernador (Gerardo Zamora) ha incumplido su compromiso con los campesinos y hoy seguimos sufriendo de forma constante los desalojos ilegales, el armado de causas, la criminalización de los campesinos y el amedrentamiento por parte de los empresarios a través de sus bandas armadas y con la complicidad policial”, denunció Almaraz y vaticinó que “si no se resuelve el problema de fondo, la violencia vuelve”.
De hecho, el día anterior a la peña en Monte Chingolo, una comunidad de 27 familias, muchas de ellas pertenecientes al pueblo originario Tonocoté, que viven en la ribera del Río Dulce, en una zona conocida como Mal Paso, en el barrio Aeropuerto de la capital de Santiago del Estero, fueron reprimidos en un operativo de la policía provincial. A causa de los golpes y las balas de goma hay cinco heridos, entre ellos chicos y una mujer embarazada.
La comunidad fue reprimida por resistir un intento de desalojo que permitiría el desarrollo de un proyecto de desmonte que, según la organización Greempeace, transgrediría la Ley de Bosques.
“El monocultivo y el desmonte están destruyendo nuestras tierras”, acusó Almaraz y remarcó que según datos oficiales Santiago del Estero es la provincia con mayor superficie deforestada del país en los últimos años. Según informó Greenpeace, “desde la sanción de la Ley de Bosques (2008) hasta junio de 2011 en la provincia se deforestaron 399.660 hectáreas, de las cuales 195.001 se desmontaron en la Categoría II–amarillo y 6.719 en la Categoría I-rojo, que no permiten desmontes”.
“¡Por la tierra, el agua y el monte!”, lanzó Almaraz en la peña del sábado y dejó claro que el pueblo santiagueño “no quiere ni un muerto más”. Además del fallecimiento de Galván, el campesinado santiagueño lamentó en los últimos quince años el asesinato en 2011 de Cristian Ferreyra, a manos de una banda armada que respondía a un empresario local. También las muertes de Sandra “Ely” Juárez, cuando se enfrentaba a una topadora en 2010, y Ezequiel Jerez, un nene de 6 años asesinado en 2000 por un empleado de un empresario.
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE POZO DEL CASTAÑO
Además de compartir una olla popular y la música de bandas de folcklore, la “gran peña familiar” del sábado permitió recaudar fondos para la lucha por regularizar la situación dominial de la comunidad campesina de Pozo del Castaño, departamento de Figueroa, en el norte de la tierra de los Carabajal.
Tras años de lucha, la Justicia otorgó una medida cautelar que desalojó a la empresa “Carne para todos” del territorio que habían quitado a una comunidad campesina de 65 familias que ocupaban esas tierras hacía más de veinte años.
“La medida nos garantiza un año más de tranquilidad, pero necesitamos acelerar el proceso judicial para que se nos otorguen los papeles definitivos de la posesión de las tierras y hay gastos que tenemos que cubrir”, explicó a esta agencia Roger Almaraz, vocero del Mocase que vive en ese paraje.
Actualmente, la comunidad ocupa unas 12 mil hectáreas, donde siembran maíz, zapallos y calabazas, y practican la cría de vacas, cabras, chanchos, yeguarizos y gallinas.
RM-AFD
AUNO-27-05-13
