Las empresas Eva S.A. y Benito Roggio son las oferentes en construir la planta de transferencia de residuos en Ciudad Evita, a la vera del Río Matanza que limita con Esteban Echeverría, según se conoció en la apertura de los sobres tras el llamado a licitación realizado por la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse): una jornada en la que los vecinos autoconvocados de La Matanza y Echeverría fueron “agredidos” por personas que –-según denunciaron a esta agencia— les impidieron presenciar el acto público.
En rigor, en el acto se produjo la apertura del primer sobre de la licitación, con la oferta técnica de las empresas oferentes, mientras que en una segunda etapa se abrirán los sobres con la oferta económica.
Los proyectos de la quilmeña Eva S.A. y del polémico grupo Roggio (favorecido largamente con obras públicas durante la gobernación bonaerense de Eduardo Duhalde) cuentan con una base de garantía de oferta de 1.750.000 pesos, que responde a las condiciones iniciales determinadas por la Ceamse.
Según informó a AUNO el vocero de la coordinación ecológica, Alfredo Vega, la evaluación de las propuestas a nivel técnico también incluye un primer análisis de impacto ambiental, en función de lo cual se abrirá un segundo sobre de la empresa que mejor responda a las necesidades de la instalación, y luego de lo que se determinará definitivamente si la propuesta final se acepta, se modifica o se anula.
En materia de consecuencias ambientales, será la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)la que evaluará si la construcción de la firma seleccionada es apta para evitar la contaminación por parte de los residuos que se recibirán, inicialmente, de distritos aledaños.
Sin embargo, los vecinos de la zona echeverriana, que serían los más afectados debido a que son sólo 200 metros los que los separan del predio afirman no haber visto a nadie realizar algún tipo de estudio en el lugar.
En cuanto a los residuos que se tratarán en la planta, Vega aclaró a esta agencia que “no se recibirían” desechos de Capital Federal porque allí se encuentran tres plantas de transferencia, por lo que “la logística necesaria ya está cubierta”.
Por otro lado, los vecinos alegan que el presidente de la coordinadora ecológica habría “dejado entrever” que sí se recibirían los residuos, y no sólo de Capital Federal sino también de otros cinco distritos, que no dio a conocer.
Pese a que la apertura de los sobres se efectuó en un acto público, a las 11 de este jueves 17, los vecinos de Esteban Echeverría y de Ciudad Evita, de La Matanza, no pudieron presenciarlo porque fueron “agredidos verbalmente” por un grupo de personas al que no pudieron identificar como empleados de la coordinadora ecológica estatal.
Una de las vecinas autoconvocadas, la abogada Stella Vega explicó que “había gente con carteles que defendían a la Ceamse como una instalación no contaminante” y agregó que “por la elaboración de esas pancartas, evidentemente, la agresión no fue espontánea”.
Estas personas, según detalló Vega, “querían impedir el acceso a al sala donde se realizaba el acto”, de modo que demoraron el ingreso de los vecinos a tal punto que cuando pudieron entrar al lugar ya era el turno de una licitación correspondiente a la localidad de Ensenada.
Esta situación se suma al “incumplimiento del derecho de acceso a la información pública” como “técnica para que nadie sepa realmente qué se hará en ese lugar y si efectivamente contaminará la zona”, afirmó Stella Vega.
“No creo que sea un secreto de Estado, porque si lo fuera habría que preocuparse más”, ironizó la abogada. Por este motivo, adelantaron que presentarán una impugnación para denunciar el hecho y “las trabas” que se ponen para que no puedan ejercer sus derechos como ciudadanos, además que realizarán una nueva movilización el 1° de agosto a la Plaza de Mayo — día en que se festeja La Pachamama— para hacer referencia a la importancia histórica con la que cuenta el terreno en disputa.
En materia ambiental, los vecinos desconfían de la labor del la UNLaM porque se niega a brindar información abiertamente y, junto con la Ceamse, no permite un debate con los especialistas en ésa área que integran el grupo que pretende impedir la instalación de la planta.
De este modo, el reclamo se centra en que los análisis se realizan “unilateralmente” por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la universidad, contratada por el organismo que es dueño del espacio y promotor del proyecto de instalación de la planta de transferencia.
En tanto, a la hora de los pedidos de explicaciones, quienes viven en Ciudad Evita y el barrio echeverriano San Sebastián dieron curso a cartas dirigidas a la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Medio Ambiente nacional, a autoridades provinciales y municipales.
Sin embargo, “nadie contesta”, se quejó Vega, por lo que “por ahora continuarán los petitorios en el país” pero sin cerrar las puertas a una instancia internacional, si se superan las instancias judiciales locales.
Es así que, ante el llamado a licitación, los vecinos autoconvocados, presentaron el pasado lunes un petitorio a la Defensoría del Pueblo de la Nación en el que constan algunos de los argumentos por los cuales se oponen a la instalación de la planta.
Uno de los motivos principales sería que el predio, que linda con el Matanza-Riachuelo, fue declarado por el Fondo Nacional de las Artes y por la Dirección de Monumentos Históricos como un lugar geológica y arquelógicamente histórico, por lo cual no se puede realizar “ningún” tipo de instalaciones, según afirmó Mabel Álvarez, una vecina del Barrio San Sebastián, de Esteban Echeverría. (ver Revelan que se instalará un basural en un lugar histórico )
Asimismo, exigen efectivizar la penalización de los delitos ambientales y el cumplimiento de la ley 11/1997 de envases y residuos de envases que tiene por objeto “prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de éstos a lo largo de todo su ciclo de vida”.
Además, de la derogación de la ley 9.111/78 que se estableció durante la última dictadura militar y permitió la creación de la Ceamse que, además, le permite disponer de sus deshechos de forma exclusiva, es decir sin un ente regulador estatal que verifique el impacto ambiental que pueda llegar a causar.
Según consta en documentos que Álvarez describió a esta agencia, el predio fue cedido por el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) ad honorem a la empresa el 12 de diciembre de 2007 por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, a cargo de la ex secretaría de Medio Ambiente del distrito de La Matanza Susana Suarez Arocena, donde, además, consta la firma de Raúl Magario, actual secretario de esa cartera.
En cuanto al proyecto presentado por la Ceamse, las instalaciones de la planta constarían de: una entrada, oficinas, caminos para la entrada y salida de camiones, una plataforma elevada sobre el nivel de circulación, maquinarias para la separación de los residuos mediante la técnica de “separación mediante la gravedad”, entre otras.
NL-CP-AFD-EV
AUNO-17-07-08
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