(AUNO-Tercer Sector*) Una de las premisas fundamentales de todo sistema republicano reside en la publicidad de los actos de gobierno. Y aunque todavía los legisladores nacionales están en deuda con la sanción de una ley nacional, el municipio de Morón sancionó una ordenanza que permite acceder a la información generada por el Poder Ejecutivo municipal y el Consejo Deliberante. La norma fue elaborada con la colaboración de una organización de la sociedad civil y permite también el acceso a la información producida por terceros cuando es financiada con fondos de la comuna.
“La ordenanza dice que cualquier ciudadano puede acceder en forma gratuita a estadísticas de la Municipalidad y del Consejo Deliberante, al presupuesto y al sueldo que perciben los funcionarios, aunque no con sus nombres, ya que están protegidos por la ley de datos personales”, señala Mariela Belski, unas de las coordinadoras de la Asociación por los Derechos Civiles (ACD) entidad que participó en la iniciativa.
El articulo 4 de la norma, sancionada el pasado 14 de junio, permite acceder a “toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soportes magnéticos o digital, o en cualquier otro formato, y que haya sido creada u obtenida” por el ejecutivo municipal y el Consejo Deliberante, o “aquella producida por terceros”, que sean financiadas por fondos públicos.
La norma también establece, a pedido de las ONGs, que los pedidos podrán realizarse en forma verbal, “ya que imponer que la solicitud sea sólo escrita limita el acceso”, explicó Belsky. Y además, precisa que no es necesario explicar los motivos de la solicitud. “Creemos que la ciudadanía debe poder solicitar información pública sin tener que explicitar cuáles son las razones para hacerlo”, sostuvo.
Aunque es considerado como un paso importante en el camino de lograr la transparencia en la gestión pública, Belsky cuestiona que la norma es restrictiva ya que no toda la información generada por la comuna puede ser monitoreada.
“La municipalidad tiene un plazo para dar la información que es de 30 días y sí pasado ese plazo no la dan, tienen que explicar porqué no la entregan y el ciudadano tiene el derecho de recurrir a la justicia. Ahí esta el problema –cuestionó Belsky- ya que esto implica que el interesado debe disponer de recursos para recurrir a un abogado. Por esto es imprescindible garantizar un procedimiento sumarísimo para reclamar la protección del derecho ante la justicia”.
La ordenanza fue aprobada después de las modificaciones propuestas por las ong’s que fueron convocadas por el municipio de Morón a través de su website para aportar sugerencias. “En líneas generales, la iniciativa original no permitía a cualquier persona acceder a la información pública y tampoco contemplaba la gratuidad. Tampoco eran claros los mecanismos para su implementación y limitaba la posibilidad de una revisión judicial”, detalló Belsky.
Con la sanción de esta norma, Morón se convierte en el cuarto distrito del país que cuenta con una ordenanza que permite acceder a la información generada por las entidades comunales.
A nivel nacional el decreto 1172 del año 2003 obliga a todos los funcionarios y organismos del Poder Ejecutivo a brindar información sobre su agenda y actividades oficiales. Y, esta previsto que en este año el Congreso discuta un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública que involucrará a los tres poderes del Estado.
Además de ACD, también aportaron sugerencias el Centro de Implementación de Políticas Publicas para la Equidad y el Crecimiento, Centro de Estudios Legales y Sociales, Poder Ciudadano y el Colegio de Abogados de Morón.
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Asociación por los Derechos Civiles.
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