El Comité Legislativo de La Plata aprobó un nuevo proyecto para que el predio Santa Catalina del partido de Lomas de Zamora sea declarado, bajo la Ley 12.704, como “Paisaje Protegido de Interés Provincial”. El proyecto fue aprobado luego de que la Justicia desestimara una denuncia contra de la venta de esas tierras a la empresa Covelia S.A.
En la reunión del Comité Legislativo se debatió si era correcto que la provincia declarase una ley de reserva a terrenos de dominio nacional, una alternativa que podía surgir de ese encuentro era justamente que si el predio no era nombrado “Reserva Natural Provincial”, se podía recurrir a la ley de “Paisaje Protegido”.
“La 12.704 es una figura de protección de menor categoría (que la de Reserva Natural), pero a los fines de no perder lo que conseguimos nos puede servir como una situación intermedia”, consideró el ingeniero agrónomo y docente de la facultad de Agronomía de la UNLZ Alberto De Magistris.
La aprobación del proyecto de ley fue anunciada en el ámbito de un encuentro ambiental regional realizado paralelamente a la reunión del Comité Legislativo, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).
En respuesta a por qué el predio debe considerarse un área protegida, los más de 40 habitantes y vecinos de las zonas aledañas a esas tierras que participaron del encuentro regional dictado en la UNLZ, coincidieron en argumentar que “la actual nomenclatura del predio no permite que sea utilizado con fines industriales ni de urbanización”.
La denuncia que el Juzgado Federal N°3 de La Plata desestimó el miércoles pasado fue presentada por el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Walter Martello para evitar que la UNPL vendiera 307 hectáreas del predio Santa Catalina a la empresa Covelia S.A., en donde se encuentra una laguna que no está registrada en los planos del terreno y “por lo que la empresa puede disponer de ella a su antojo”, aseguró De Magistris.
La presentación judicial desestimada no sólo reclamaba por los residuos en el área del predio, sino también se manifestaba en contra de la potestad de la UNLP a vender un espacio de dominio nacional. Por ese motivo, Martello cuestionó la sentencia que consideró que desde la UNPL “obraron de buena fe” y que el tema de la basura en Santa Catalina es “responsabilidad del municipio”.
La discutida ley 12.704 establece en el artículo 7 que antes de efectuarse cualquier tipo de obra pública o privada en las tierras declaradas “Paisaje Protegido”, los interesados deberán contar con “una autorización de la entidad correspondiente, previa presentación obligatoria de una evaluación de impacto ambiental”.
Según los argumentos, si Santa Calina es declarada como “Paisaje Protegido de Interés Provincial” se terminaría con la discusión de si es pertinente que la provincia declare una ley de reserva en cuanto a terrenos de dominio nacional debido a que el artículo nueve de la ley 12.704 establece que sólo el municipio correspondiente deberá recepcionar que se cumplan las condiciones de reglamentación destinada al “plan de manejo ambiental del área y los períodos de monitoreo” para comprobar que se mantengan las condiciones que dieron origen a la declaración del predio como tal.
Las agrupaciones denuncian, además, que en Santa Catalina ya existe una fábrica de Pavisur y una molienda de vidrio de forma “ilegal” arguyendo que esas tierras fueron declaradas como “reserva histórica”, por lo que la zona está destinada a “usos específicos”, como actividades educativas y de investigación.
El encuentro regional ambiental contó con un panel de personas que tenía como objetivo informar a los vecinos cómo esta concluyendo el año, y fue conformado por la coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, Silvia Ferreira; el concejal del movimiento Libres del Sur de Lomas de Zamora, Claudio Morel; el especialista en derecho ambiental Julio Cesar Medina; y la representante de la multisectorial “Todos por Santa Catalina”, Patricia Rodríguez, además de De Magistris.
AAF-AFD
AUNO-01-12-08
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