Lomas de Zamora, octubre 02 (AUNO) – Pablo Filippo pasó su vida viajando. De chico se llenó los ojos con los paisajes patagónicos en los que solía acampar o atravesar, de vez en cuando, en la camioneta junto a su padre, un médico santacruceño. Cuando terminó de estudiar abogacía se preguntó si realmente quería pasar sus días entre los tribunales, y optó por el derecho ambiental. Se graduó en la UBA, obtuvo una maestría en Políticas de Desarrollo Internacional y Latinoamericano en Estados Unidos y fue becado por el gobierno de Japón y el Banco Mundial para hacer estudios globales. Cuando en 2000 la Secretaría de Ambiente puso sobre la mesa la necesidad de crear una ley que protegiera a los humedales en Argentina, él fue el hombre que aceptó el desafío.
Quince años pasaron desde entonces. Quince años en los que decenas de técnicos y especialistas de distintas ONGs se pusieron al servicio de la causa. Hubo senadores que, a pesar de ponerse en contra a los intereses productivistas de sus provincias, decidieron defender e impulsar la iniciativa de una ley de humedales. El proyecto fue modificado, cajoneado, y vuelto a debatir. Hoy, cuenta con media sanción y reposa en la Cámara de Diputados a la espera de ser tratado antes de fin de año –de lo contrario- podría perder su estado parlamentario.
“Para el Gobierno los temas de ambiente son cuestiones de ciencia ficción”, afirma Filippo sobre la negativa del Ejecutivo de planear una alternativa a largo plazo para frenar las inundaciones, que contemple la capacidad de filtración de los humedales como las ciénagas, los esteros o los pantanos. Los colectivos ecológicos y las organizaciones medioambientales, mientras tanto, siguen de pie.
¿Cómo surgió la idea de presentar un proyecto de ley para que se protejan estos ecosistemas?
En 2000 la Secretaría de Ambiente hizo un Seminario Internacional de Humedales y me pidió que diera alguna visión legal sobre su elaboración en Argentina. Cuando empecé a rastrear me di cuenta que no existía nada y empecé a pensar en cómo preparar una ley que regulara a los humedales. Fue difícil darle un contenido básico y una estructura al proyecto, pero después de doce años de trabajo lo más conducente fue sacar una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental.
¿Cuál fue el aporte de las ONGs en la iniciativa?
Durante las reuniones de comisión en que analizamos el proyecto vinieron muchas, particularmente participó la Fundación Humedales con sus técnicos y científicos. Ahora Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el Taller Ecologista, entre otra decena de organizaciones, están haciendo una fuerte campaña de divulgación y esclarecimiento del estado de la ley que, si no se considera este año cae, caduca y hay que presentarla de nuevo.
¿Cómo fue el paso del proyecto por el Senado?
La principal impulsora fue la senadora (Elsa) Ruíz Díaz de Entre Ríos, con la que yo trabajaba. Obviamente, sacar una ley con la cual poner potenciales restricciones al uso de los humedales para una provincia productivista con muchos intereses era un desafío muy grande para la senadora, pero ella se interesó en el tema.
¿Cuál es la situación en Entre Ríos?
Allá tienen muchísimos ecosistemas de humedales de diferente naturaleza, sobre todo los costeros a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay, y también en el interior de la provincia. Pero hay que tener en cuenta que además existe toda una necesidad de desarrollo de actividades productivas y emprendimientos inmobiliarios a lo largo de la costa de los ríos, y poner una ley que potencialmente pueda imponer restricciones, o cuestionar el desarrollo provincial, siempre es un desafío muy grande y hay que ser bravo para enfrentarse.
¿Por qué el proyecto no puede avanzar en Cámara de Diputados?
Entiendo que pueden existir temores sobre la potencial disminución a las actividades productivas que puedan surgir de esta ley: algunos sectores la ven como una amenaza al desarrollo económico y a sus resultados.
¿Y desde el Gobierno?
Para ellos muchas veces no hay tiempo para pensar en las consecuencias a largo plazo, sino en obtener ingresos para paliar la situación inmediata. Ahí los temas de ambiente son cuestiones de ciencia ficción. Además, las ONG’s cuestionan que la principal oposición en la Cámara de Diputados a esta ley venga de Formosa, del diputado (Luis) Basterra. La iniciativa fue consensuada y aprobada por mayoría absoluta en el senado en 2013, y hasta el día de hoy pasó a diputados, se aprobó en comisión cabecera, pero quedó trabada en la segunda comisión, porque la oposición de Formosa demoró el tratamiento. Entiendo que la ley puede verse como instrumento de potencial restricción a los intereses de desarrollos agropecuarios en algunas jurisdicciones.
Agropecuarios y, en el caso de Buenos Aires, inmobiliarios…
Sí, pero no hubo oposición por parte de la provincia de Buenos Aires. Incluso su secretario de Ambiente, Hugo Bilbao, dio un dictamen positivo durante el Consejo Federal de Medio Ambiente, porque comprendió que la organización de un inventario, y el tener en cuenta los servicios ecológicos de los humedales, es una herramienta importante a futuro para evitar las inundaciones.
¿La conservación de ecosistemas impide el desarrollo social?
Obviamente cuando hablo de conservación no me refiero a un conservacionismo extremo porque entiendo que todos los lugares tienen que desarrollarse. Si no hay trabajo hay más pobreza y si la hay, se produce más contaminación. Creo que es importante compatibilizar, en lo posible, todos los usos de los ecosistemas con las posibilidades productivas que puedan existir.
¿Y cómo que influye lo cultural?
Eso es un componente inseparable de la conservación. Es muy difícil separar a la gente del lugar que está usando, es parte del ecosistema. Raramente cuando se toman decisiones sobre los recursos se considera a las poblaciones o su forma de vivir en ellos. No se incorporan estudios antropológicos, no se contempla cómo piensan las comunidades, cómo trabajan, o qué nos permitiría mantener y mejorar esas condiciones de vida.
Una vez dijo que Latinoamérica es la región más rica en humedales, ¿qué puede decir de Argentina?
Nosotros tenemos muchos más humedales en mejores condiciones que otros lugares del mundo. Pero frente al furor de la producción, la sojización y la necesidad de divisas para el país toda esa ventaja está desapareciendo. Según la ley, primero hay que ver qué es lo que se tiene, hacer un inventario de humedales y catalogarlo para ordenar territorialmente al país. No es una cuestión de poner restricciones sino de saber lo que se tiene.
¿Cómo cree que siga la situación de la ley?
Creo que si hubieran sesiones ordinarias que no sean específicas, voluntad política y se pudieran esclarecer cuáles son las posiciones de algunos legisladores, se pondría un poco más en claro la situación. Pero eso no quiere decir que no vaya a salir la ley.
¿Cuál es el gran valor de dar esta lucha?
Probablemente no sea la ley en sí misma, sino el hecho de que se instale en la gente la necesidad de preservar los humedales. Pareciera ser que la Justicia es muy flexible, pero si esto ayuda a poner en agenda y actividad los reclamos legítimos de la población para defender sus ecosistemas, ya es un paso muy importante para este proyecto. Espero que sea un instrumento y que le sirva a las organizaciones para tener otros recursos cuando sea muy abusiva la aproximación a los humedales.
*Nota realizada para la materia Taller de Periodismo Gráfico
AUNO 02-10-2015
LP-AFG
