Otro estigma de la “Masacre de Budge”

Una resolución de la Justicia había beneficiado con prisión domiciliaria al máximo responsable del fusilamiento de tres jóvenes en 1987: Ramón Balmaceda. La familia de los chicos ahora apelará esa medida y solicitarán la prisión efectiva. Lo harán formalmente acompañados de una movilización hasta los Tribunales lomenese.

Los familiares de los tres jóvenes asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense en el marco de lo que hoy, a 22 años del hecho, se conoce como la Masacre de Budge, solicitarán ante la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Lomas de Zamora el revocamiento de la resolución que le permitió al suboficial y principal responsable del triple crimen, Juan Ramón Balmaceda, cumplir la condena de 11 años de prisión en su casa. Familiares y vecinos de las víctimas, junto acompañarán la instancia judicial con una concentración en las puertas de los tribunales.

A mediados de la década de 1980, Juan Ramón Balmaceda se desempeñaba como suboficial de la comisaría 10º de Lomas de Zamora, mejor conocida en la zona como la de Puente La Noria. “Era el intocable de Budge”, definió Antonio Olivera.

En 1994 la Justicia lo señaló “culpable” del crimen del hijo de Olivera, Agustín, y de sus dos amigos, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, fusilados mientras estaban sentados en una equina por Balmaceda y los cabos Isidoro Romero y Juan Alberto Miño. Los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión.

“No puede estar en su casa una persona que cometió un delito, que permaneció en libertad durante todo el proceso judicial en el que se determinó su culpabilidad y que, luego de prófugo, haya permanecido tras las rejas sólo un año –-sintetizó el abogado de las familias Alejandro Zimerman—. No es justo para los familiares de las víctimas y, por otro lado, es un mensaje cruel a la sociedad cruel, a la que se le asegura que los policías cuentan con beneficios especiales y que existen cadenas de protección que los amparan en la impunidad.”

Acompañados de Zimerman, los familiares de Olivera, Argañaraz y Aredes argumentarán mañana a las 9.30 ante la Cámara de Apelaciones el pedido de revocamiento del beneficio de arresto domiciliario que realizaron anteriormente a el Juzgado de ejecución penal Nº1, y que éste había rechazado. Las razones principales en las que se basa para pedir que el acusado vuelva a la cárcel son tres: el tiempo que Balmaceda estuvo prófugo de la Justicia; la consideración de que si bien es insulinodependiente, no es un enfermo grave en estado terminal; y la falta de arrepentimiento que demostró en los exámenes psicológicos a los que debió someterse durante el proceso judicial en el que se determinó su responsabilidad en el triple crimen.

Balmaceda comenzó a cumplir su condena en noviembre de 2006, cuando fue detenido en la localidad bonaerense de José Mármol, nueve años después de que su sentencia haya quedado firme, en 1997. En cuanto a su enfermedad, Zimerman remarcó que “el hecho de que por su estado de insulinodependiente haya perdido parte de una pierna y el pie de la otra no representa un estado de enfermedad grave y terminal”, uno de los requisitos que marca el código penal para determinar que un acusado puede cumplir su condena en su domicilio particular. Por eso, según su entendimiento, “debería estar preso en una institución penitenciaria de carácter hospitalario”.

Pero además, el abogado de las familias relacionó la enfermedad de Balmaceda con su comportamiento durante los años en los que esquivó a la Justicia, ya que sospechó sobre las consultas médicas que realiza todos los meses: “La justicia no controla las salidas que Balmaceda hace de su domicilio por su tratamiento médico, y eso no está bien”.

Por último, la apelación remarca la “falta de atención” por parte del Juzgado de Ejecución Nº1 al momento de aprobar la resolución, de los informes psicológicos realizados sobre el acusado en los que “demostró no sentirse culpable ni arrepentido por el asesinato de los jóvenes”.

El proceso se reanuda en la Cámara de Apelaciones luego de el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 les negara a las familias la participación en el proceso judicial de otorgamiento de arresto domiciliario a Balmaceda en base al artículo 81 del Código de Procedimiento Penal, que identifica como partes de esos procesos al acusado y al Ministerio Público Fiscal. “Pedimos la nulidad de ese artículo ya que, una vez aprobada la resolución, el fiscal desapareció. Las familias quedaron abandonadas, sin representación en el proceso”, apuntó Alejandro Zimerman.

El juez de Ejecución Penal que recibió la revocatoria por parte de los familiares, Francisco Valetutto, adujo que la reacción por parte del particular damnificado “había llegado tarde”. “Cómo vamos a llegar tarde si nunca nos avisaron desde el juzgado cuándo aprobaron la resolución. Nos enteramos de casualidad y apelamos enseguida”, remarcó Zimerman.

LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR
El día de la masacre, Agustín “El Negro” Olivera, de 26 años, Oscar Aredes de 19 y Roberto “Willy” Argañaraz, de 24, se habían juntado en la esquina de Figueredo y Guaminí, en Budge, tal como era costumbre en el barrio. Allí fueron encontrados por Balmaceda, Miño y Romero, que bajaron de una camioneta de la Bonaerense y dispararon contra ellos. Tras “plantar” dos armas cerca de los cuerpos de Agustín y Oscar, ya muertos, subieron a “Willy”, herido en una pierna, al móvil policial. Allí se cree que o remataron, ya que el cuerpo exhibía más de siete impactos de bala.

Don Antonio Olivera, padre de Agustín, aún vive a una cuadra de aquella esquina. Esa tarde de mayo de 1987 volvía de trabajar cuando la policía le impidió el paso. “Nadie me quería contar nada. Cuando logré llegar a mi casa, no me querían dejar pasar. Hasta que me acerqué a los cadáveres, tirados en la vereda. Ahí lo vi a mi hijo, muerto en el suelo”, relató a esta agencia.

Luego del primer juicio oral, el 24 de mayo de 1990, llegó la resolución del tribunal de Lomas de Zamora que condenó a cinco años de prisión a Balmaceda y Miño y a 12 a Romero. Sin embargo, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires anuló el juicio por “errores técnicos” y en junio de 1994 condenaron a los tres policías a 11 años de prisión por homicidio simple.

Pese a que la condena fue confirmada en 1997, ninguno de los responsables de la masacre fue preso. Los tres permanecieron prófugos durante años. En 1999, fue apresado Romero, que “goza de libertad condicional por estar en los últimos años de su condena”, detalló el representante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), Sergio CADeP.

En septiembre de 2006 fue detenido Miño, dos meses antes de caer Balmaceda, en noviembre de ese año. “Hasta entonces, pudimos constatar fehacientemente que estuvo viviendo en su casa de Florencio Varela lo más campante, protegido por una red de impunidad por parte de la policía y de la Justicia. Tanto él como los otros dos culpables fueron capturados gracias a las campañas que impulsaron los organismos de derechos humanos y las familias y vecinos de los chicos asesinados”, remarcó Smietniansky.

Si bien los familiares aguardan con esperanza el resultado de la audiencia de mañana, los abogados de CADeP no se engañan: “Con el arresto domiciliario se develó la práctica discrecional de otorgamiento de beneficios de la que son plausibles los miembros de la fuerza de seguridad que cometen delitos. La condición de salud de Balmaceda es igual a la de miles de presos que siguen pudriéndose en la cárcel”, concluyó.

AMB-AFD
AUNO-28-10-09
aauno@yahoo.com.ar

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