Lomas de Zamora, oct 02 (AUNO) – Desde los últimos años diversos sectores políticos y económicos formulan críticas, amplificadas por no pocos medios de comunicación, sobre el uso supuestamente indebido de “la plata de los jubilados” (es decir, de los fondos que la ANSES dispone para el pago de jubilaciones y otras prestaciones), porque, según cuestionan, suelen ser aplicados a destinos reprobables.
Un repaso histórico ayudará a introducir el tema. En setiembre de 1993 se sancionó la Ley 24.241 que estableció un desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones con un régimen mixto: el anterior esquema público (el llamado “de reparto”) pasaba a convivir con otro privado (“de capitalización”).
El nuevo modelo comenzó a funcionar el 15 de julio de 1994 cuando se puso en marcha el sistema de aportes a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Hasta entonces, la jubilación en Argentina era pública, con la excepción de algunas cajas especiales, como las de profesionales.
La reforma significó una de las mayores transferencias de recursos del Estado a compañías privadas de la historia argentina, porque la mayor parte de los aportes y contribuciones originadas en el trabajo fueron a parar a las AFJP, mientras el Estado debía seguir haciendo frente a las jubilaciones preexistentes y a gran parte de las nuevas: quienes tenían mayor edad no les convenía afiliarse a las AFJP, porque lo que podrían capitalizar era muy poco.
Entonces se rompió una regla básica del sistema: los haberes de los jubilados se financian con los aportes de los trabaja-dores activos. Esto se cumplía en menor escala, puesto que el Estado debía pagar casi todas las jubilaciones, mientras que los aportes se perdieron en su mayoría. La consecuencia fue que el déficit fiscal existente se viera ampliado de manera exponencial y el Estado se vio obligado a tomar préstamos, que eran concedidos en gran medida por… las AFJP.
O sea que, paradójicamente, los ingresos que el Estado dejaba de percibir porque pasaban a mano de los privados eran suplidos por préstamos que estas mismas entidades les daban, por supuesto que cobrando intereses jugosos. Por si esto fuera poco, las comisiones que cobraban las AFJP por administrar las carteras eran de tal magnitud (alrededor del 30%) que rozaban la estafa.
Se calcula que por este concepto se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares, lo que constituyó la parte más importante del negocio. Otro recordado negocio de las AFJP provino del llamado Megacanje, realizado en 2001 durante la presidencia de Fernando de la Rúa, a instancias del ministro de Economía Domingo Cavallo, que consistió en un canje de bonos por otros con el supuesto objetivo de alivianar el peso de la deuda a través de una extensión de los plazos de pago.
Sin embargo, sucedió todo lo contrario: fue un fraude descomunal que no sólo no sirvió para alcanzar lo invocado, sino que además terminó desencadenando la crisis económica, pero también social y política más grande de la historia argentina.
¿Cómo participaron las AFJP de este negociado? La operatoria consistió en canjear bonos preexistentes por otros nuevos y, a cambio de ellos, los agentes intermediarios cobraban una comisión.
Muchos de estos bonos ya estaban dentro de las carteras de AFJP. Por lo tanto, cobraron abultadas sumas cuando en realidad hicieron de intermediarios… de sí mismos. Como estos se podrían mencionar otros ejemplos.
Volver al sistema público
Y mientras tanto, ¿en qué invertían las AFJP? ¿Y cuánto obtenían como rédito? En 2007 comenzaron a producirse algunos cambios en la legislación previsional (y su operatoria), que se perfeccionaron en octubre de 2008, cuando la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto para reestatizar el sistema.
La Ley 26.425 fue aprobada en noviembre y comenzó a regir al mes siguiente. Con la reglamentación de la ley se definió también que el total de los activos de las AFJP se traspasaría al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (conocido como FGS). Estos activos estaban compuestos por depósitos a plazo fijo, bonos, acciones y otras inversiones. La parte de acciones merece una aclaración muy especial: las AFJP tenían distintas proporciones de participaciones accionarias en empresas, pero consolidadas en un solo tenedor (la ANSES).
Eso llevó a que Estado sea propietario de 41 empresas. Por ejemplo, del 9% del Grupo Clarín, 31% del Banco Macro, 25% de Telecom Argentina, 26% de Siderar (ex Somisa, hoy del Grupo Techint), 15% del Banco Patagonia, 20% del Grupo Galicia, entre otras.
En cuanto al funcionamiento del sistema previsional, se vuelve a incorporar el criterio de solidaridad intergeneracional, además de servir como instrumento tendiente a afianzar la capacidad del Estado para instrumentar una política de administración de activos financieros e intervención en la economía.
En el sistema de reparto, ya no es el aporte de cada persona que acumula un capital para su jubilación, sino que el aporte se hace al Estado, sobre cuyas espaldas recae luego la obligación del pago a los jubilados. Con el transcurso del tiempo, el sistema se va afianzando de manera muy marca-da, a la vez que se produce un incremento notable en la cantidad de beneficiarios. En forma paralela (y no por casualidad), comienza el debate acerca del uso de “la plata de los jubilados”.
El dinero de todos
Aquella aseveración, en apariencia inocente, dispara en realidad dos falacias. En primer lugar, los fondos no provienen sólo de aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores, sino que una parte muy significativa proviene de ingresos tributarios (20% del Impuesto a las Ganancias, 11% del IVA, 15% de la masa coparticipable y otros como Bienes Personales y los que gravan combustibles y cigarrillos), que sostienen el sistema, ya que en caso de no existir este sería deficitario, en gran medida por la importante cantidad de empleados no registrados o registrados por un importe menor que el haber que efectivamente perciben.
A pesar de ello, en los últimos años, la ANSES ha consolidado su situación financiera como consecuencia de la recuperación del salario y los mayores aportes al sistema en razón del aumento de empleo y el crecimiento de la recaudación impositiva. Puesto en números, a pesar de lo que la mayoría de la población cree, sólo el 51% de los recursos de la ANSES tiene como origen el aporte previsional, mientras que alrededor del 49% surge de la recaudación impositiva antes mencionada (estos porcentajes varían de acuerdo con la evo-lución de la economía).
Como se puede observar, el dinero del sistema de la seguridad social surge de toda la población, desde los más ricos hasta los más pobres, sean trabajadores o desocupados. Es decir, esos recursos son generados por los activos (trabajadores) y sus empleadores, pero también por toda la población, incluidos los desocupados, en este caso en su carácter de consumidores. Por eso, hablar de “la plata de los jubilados” es una falacia absoluta.
Los fondos de la seguridad social son “para” los jubilados, no de ellos y si lo fueran, también serían de los trabajadores activos. Además, en el supuesto caso de que los fondos no alcanzaran en determinado momento para hacer frente a los pagos jubilatorios, será el Estado y no “los jubilados” quien deberá hacerse cargo de ello.
Si siguiera el régimen de las AFJP y éstas no pudieran hacer frente a los pagos porque sus fondos no alcanzaran, ¿quién terminaría haciéndolo? Obviamente que también el Estado. Por lo tanto, ni antes ni ahora la plata era “de los jubilados”.
De todo ello se desprende que los movimientos financieros de la ANSES son un flujo que depende de una suma de factores: cantidad de empleos en blanco, relación de trabajadores activos con pasivos, cumplimiento de las empresas en el pago de los aportes y nivel de actividad económica, ya que aquella dependencia estatal también determina la recaudación impositiva que va al sistema previsional.
Otra falacia
La segunda crítica sostiene que “la plata de los jubilados se usa para cualquier cosa”, como inversiones financieras (algunas de ellas, al propio Estado), préstamos a empresas que pasan situaciones apremiantes, para pagar la Asignación Universal por Hijo o para comprar netbooks del Plan Conectar Igualdad. Este último cuestionamiento ya fue aclarado infinidad de veces, pero vuelve cada tanto en boca de algún desinformado (o malintencionado): según el decreto 459/2010, las netbooks se financian con una partida del Presupuesto (art. 9).
La ANSES sólo brinda su logística para la entrega. Pero suponiendo que fuera quien las comprara, hay que entender que como la mayoría de sus ingresos proviene de la recaudación impositiva, todo aquello que sirva para el crecimiento de la actividad económica, significará una mayor recaudación impositiva del Estado y por lo tanto… de la ANSES.
La Asignación Universal por Hijo, además de ser un instrumento formidable de redistribución del ingreso, es un poderoso dinamizador de la economía, ya que quienes la perciben, al ser de sectores de bajos ingresos, deben volcarla al consumo, que genera mayores ingresos impositivos (por lo tanto, también para la ANSES) y aumentan la cantidad de puestos de trabajo que devienen en… más aportes que van a la ANSES.
La misma explicación sirve para los (aislados) casos en que se concedieron préstamos a empresas comprometidas financieramente. El objetivo es mantener los puestos de trabajo que redundan en aportes al sistema. Además de que esos préstamos tienen un interés que una vez cobrado aumentará los fondos del sistema.
La ANSES invierte
Otra queja habitual está orientada a las inversiones. Quienes se oponen a que los fondos sean colocados buscando un rédito financiero, ¿pretenden que la plata quede en una caja fuerte o a lo sumo en una cuenta bancaria? ¿No entienden que los beneficios de las colocaciones son una base fundamental para capitalizar el fon-do y hacer frente a los pagos? ¿Creen que las AFJP guardaban el dinero y no invertían? “Guardar los fondos” a secas equivale a que pierdan valor.
De todo esto se desprende que el mejor mecanismo de sustentabilidad del financiamiento de la seguridad social y “la plata de los jubilados” es lograr un nivel creciente de aportes previsionales y de la actividad económica, lo que supone que la rentabilidad financiera de los fondos queda en segundo plano, porque lo fundamental es sostener y ampliar el consumo y el empleo, debido a que por ambos conceptos se retroalimenta la financiación de la ANSES.
La segunda parte del mismo planteo es criticar que se le presta al propio Estado. Si bien no hay que ser ingenuos, ya que sabemos que en esto hay un fuerte con-tenido ideológico, consistente en “secar” todo lo posible al Estado para sea chico y débil, acá las preguntas que surgen son: ¿no recuerdan que las AFJP también invertían en el Estado?
Y ahora que el sistema es estatal, ¿no es lógico que los costos financieros que el Estado debe afrontar vayan a beneficiar a otro organismo del propio Estado en lugar de una institución privada? O planteado al revés: pensemos en un empresario que además de su industria o comercio tiene un banco, ¿dónde es el lugar lógico en el que va a tomar sus préstamos o realizar sus colocaciones? Es tan obvio que será en su propio banco que ofende la inteligencia y el sentido común de cualquier mortal cuando se le quiere negar esa posibilidad al Estado.
Aunque no se puede dejar de reconocer que todavía los montos jubilatorios no alcanzan el nivel que todos desearíamos, es indudable que con la vuelta al régimen estatal Argentina recuperó sustentabilidad en su sistema, los aumentos alcanzados en los haberes jubilatorios en los últimos años han sido muy superiores a los de épocas pasadas, se amplió la cantidad de beneficiarios logrando niveles de cobertura que son los más altos de la historia, se logró mayor eficiencia y control en la disponibilidad de los fondos, y, lo que posiblemente sea lo más importante de todo, volvió a primar el criterio de solidaridad, que nunca debió dejar de ser el eje del sistema.
Por ello, en mi opinión esta es una de las tres medidas más importantes de carácter económico-social de la gestión kirchnerista, junto con la Asignación Universal por Hijo y la renacionalización de YPF.
- Profesor titular de Economía General en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
*Nota publicada por la Revista El Cruce número 38, año 6, setiembre / octubre de 2014, páginas 22-25. Es una publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ.
AUNO 02-10-14
RT-HRC
