Lomas de Zamora, noviembre 11 (AUNO).- “No fue motín ni fuga”: con este lema, familiares de las víctimas del incendio de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría reclaman justicia a un año de la masacre y convocan a una marcha para el viernes hacia la dependencia policial.
La investigación está a cargo de Fernando Semisa, titular de la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora. Hasta el momento no hay culpables. Familiares de las víctimas sostienen que el fiscal quiere acusar a los fallecidos por el hecho. Por tal motivo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió en mayo la recusación de Semisa por “falta de imparcialidad, objetividad y equilibrio” en la investigación, pero quedó sin efecto.
Según los familiares, el incendio comenzó en uno de los calabozos cuando varios detenidos reclamaban mejores condiciones de alojamiento. Apilaron contra una de las rejas un colchón y una manta y uno de los reclusos lo prendió fuego con un encendedor. Al momento de la masacre la dependencia policial tenía siete órdenes de clausura, seis de ellas determinadas por la Justicia y una por resolución Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Matilde Rojas es madre de Elías Soto, uno de los jóvenes que falleció en el incendio de la 3º el 15 de noviembre de 2018. Su hijo se encontraba hacia tres meses detenido, ya tenía condena y esperaba el traslado a un penal. Las veces que pidió en el establecimiento que lo llevaran a otra institución le informaron que “no podían” hacerlo porque “las comisarías estaban llenas”.
La dependencia policial se encontraba inhabilitada desde 2011 para alojar detenidos. Actualmente está en funcionamiento y cumple tareas administrativas. Los familiares de las víctimas marcharán este viernes desde Salta y Camino de Cintura hacia la Comisaría.
Cultura para hacer visible la violencia
A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la masacre allegados a las víctimas realizaron actividades para visibilizar la violencia institucional. En este caso lo hicieron desde el arte. En la Plaza del Tanque, en la estación de Monte Grande, pusieron en marcha un festival cultural el fin de semana que contó con números artísticos, bandas en vivo y un buffet económico.
Participaron del evento amigos, familiares y organizaciones sociales. Desde el escenario principal Celina Ordoñez, la mamá de Juan Carlos Fernández, quien murió cuatro días después del incendio, cuestionó que los familiares no son escuchados por la Justicia porque no desea mostrar “la clase de Policía” que hay en la provincia de Buenos Aires.
“Mi hijo no es un santo, pero estaba pagando (por) lo malo que estaba haciendo. No era justo que lo dejen morir así, prendido fuego y habiendo bomberos al lado”, lamentó Ordoñez. Las madres para ir a visitar a sus hijos pasaban humillaciones como ser miradas desnudas por los comisarios, detalló.
Más violaciones a los derechos humanos
Durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires se registraron 15 mil nuevas personas detenidas y hasta julio de este año el número llegó a 50.500. La Comisión Provincial por la Memoria denunció a través de su informe anual que este número es presentado como “un logro de la política criminal”. Sin embargo, no ha disminuido el delito sino que han “aumentado las violaciones de derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad tanto en contextos de encierro como en el territorio.
La CPM aseguró que las muertes en comisarías podrían haberse evitado si “las advertencias y denuncias reiteradas” hubieran sido no solo escuchadas sino “incorporadas” a las políticas del Gobierno actual. A su vez, “la falta de medidas” para prevenir hechos similares “podría ocasionar su reiteración” en cualquier momento en las comisarias de la provincia.
AUNO-11-11-2019
KEC-MDY
