Lomas de Zamora, diciembre 01 (AUNO) – Leonardo tiene 6 años; Milagros, 4. Son dos hermanos del barrio de Villa Fiorito y a ambos les detectaron plomo en sangre (plombemia), tras un estudio que les realizó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), en 2014. Por ser mayores de 6 años, sus padres y sus cuatro hermanos no pudieron hacerse el examen. Su madre asegura que todos ellos son “víctimas de plombemia”.
El 27 por ciento de los niños menores de 6 años tiene más de 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre, informó Acumar, lo que representa una cantidad necesaria para que la sustancia empiece a generar consecuencias en el cuerpo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una persona saludable no debe tener ni la mínima cantidad.
“Los resultados de los análisis no fueron entregados a las familias, sino que solo se les informó oralmente”, denunciaron desde la Fundación Che Pibe, organización que tiene como objetivo brindarles a los chicos del barrio una alternativa para poder acceder a una mejor situación de vida. Sergio Val, miembro del Foro Hídrico de Lomas de Zamora y vicedirector de la fundación, cuestionó que los tratamientos que recibieron los afectados de Villa Fiorito fueron “breves y esporádicos”.
Acceder a información oficial no es fácil: integrantes de Che Pibe y departamento de salud lomense aseguraron que existe un acuerdo de confidencialidad, firmado por la Municipalidad de Lomas de Zamora y las autoridades de Acumar, que no permite que ninguno de los que estén comprometidos con el tema hable sobre la situación de los afectados.
“Se constató la presencia permanente de 17 compuestos volátiles asociados con la refinación de petróleo que son cancerígenos “, explicó la antropóloga Débora Swistun, en declaraciones a La Nación. En tanto, Sergio Val culpó por los residuos a la destilería argentina de petróleo sociedad anónima (DAPSA), que hace poco se mudo al polo petroquímico de Dock Sud pero que durante 40 años tiró “indiscriminadamente” sus residuos a “un descampado”.
Además, en el barrio hay otros “focos de contaminación” como la refinería de petróleo “Camilo Ferrón, la curtiembre Sadesa” que expulsan por sus chimeneas “emanaciones gaseosas” y la cuenca del Arroyo del Rey, que “trae los restos del parque industrial de Burzaco y fábricas de Monte Grande”, aseguró Val.
Los niños de corta edad son los más vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, según la OMS, ya que pueden tener consecuencias graves y permanentes en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, lo que lleva a una reducción intelectual. Produce cambios de comportamiento, por ejemplo, disminución de la capacidad de concentración y aumento de las conductas antisociales, además de un menor rendimiento escolar.
Estado de coma, convulsiones e incluso, provocar la muerte, son algunas de las consecuencias. En las embarazadas, la exposición puede causar aborto natural, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer o malformaciones leves en el embrión. Además, la plombemia puede causar, en cualquier edad, anemia, hipertensión, disfunción renal o cáncer.
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Las partículas venenosas son una amenaza constante para las familias de Leonardo y Milagros del resto del barrio porque por las tarde la curtiembre Sadesa, que queda cerca de sus casas, expulsa humo contaminado con desechos tóxicos que termina en el piso donde los chicos juegan y en el aire que respiran. Esos desechos también se filtran en las cañerías clandestinas que arman los vecinos por necesidad de tener agua corriente.
“No quiere comer. Tengo que sentarme y estar con él para que lo haga”, confesó la mamá de Leonardo, Marisel Puig, al nombrar las mayores complicaciones que tiene con su hijo, el que tiene mayor concentración de plomo de los seis que tiene.
También sostuvo que Leonardo “está complicado en el colegio y le cuesta entender”, por lo que junto a la maestra controlan el progreso de sus conductas, pero sostiene que frecuentemente el nene está “en las nubes”. Además, Marisel contó que Milagros “está peor” en conducta. “También les agarra mucho cansancio, mucho sueño, como si estuvieran débiles”, advirtió la madre.
En 2013, un relevamiento que hizo el Instituto Blacksmith y la Cruz Verde Suiza posicionó a la cuenca Matanza-Riachuelo como el octavo lugar más contaminado del mundo, dentro de 49 países. Esto lleva a recordar que ya en 1810 se habían instalado las primeras curtiembres, mataderos y saladeros en el Riachuelo y el año siguiente se había firmado el primer compromiso para limpiarlo, aunque eso ha quedado en un segundo plano con el correr de los años.
Una de las soluciones que se plantea es la mudanza de las 17.500 familias que viven cerca de la orilla de la cuenca. Este plan de saneamiento lo deben llevar adelante la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Este año se aprobó la construcción de 440 casas en Isla Maciel, barrio de Avellaneda.
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A partir del reclamo de la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que presentó un grupo de vecinos en la Corte Suprema en el 2004, se dio origen de la causa Mendoza, donde se responsabilizaba por daños y perjuicios al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a 44 empresas.
La demanda se amplió a los municipios de Buenos Aires, por donde se extiende la Cuenca. En 2008, la Corte Suprema dictó un fallo donde determinó quiénes llevarán las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas y la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento. La sentencia obligó a Acumar a llevar a cabo un programa para mejorar la calidad de vida.
Con la intención de revisar, continuar y crear nuevas acciones que garanticen una mejor calidad de vida de los vecinos, recomponiendo el ambiente y previniendo posibles daños futuros, se elaboró en diciembre del 2009 el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), actualizado en 2010 y 2016, con principios inamovibles.
“Un gran paso para lograr los objetivos” fue la actualización de este año, explicaron desde Acumar y sostuvieron que, “además de las deudas pendientes que se conllevan, como las falencias instruccionales, fallas en el control de las fuentes de contaminación y deficiencia en el acceso a bienes y servicios de los habitantes, es fundamental que se construya una Visión Compartida de la Cuenca a largo plazo, validada por todos los sectores involucrados, desde las autoridades gubernamentales y vecinos hasta industriales, con acciones inmediatas que lleven a un plan final de descontaminación a 20 años ”.
AUNO 01-12-2016
JIZ-CP-AFG
(*) Nota realizada para la materia Periodismo Gráfico
