Llegan a la Corte los reclamos de los pueblos originarios

La histórica lucha por el despojo de sus tierras y la criminalización de los reclamos que sostienen fueron los ejes de la charla que mantuvieron representantes de pueblos originarios con el Juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. Aunque no recibieron respuesta concreta, rescatan la posibilidad de plantear por primera vez su situación ante un ministro de la Corte.

Por Sebastián Ochoa

(AUNO-Tercer Sector*) La reunión que tuvieron organizaciones de campesinos y pueblos originarios con el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni se produjo días después de la vergonzosa represión del gobierno salteño a los aborígenes del departamento de Rivadavia, que se manifestaban contra un plebiscito para ver a quién se otorgan las tierras que –según los pobladores- les pertenece por derecho constitucional.
Las marcas de esa violencia, condenada por entidades de derechos humanos nacionales e internacionales, ambientaron un encuentro que se preparaba “desde hacía dos meses”, dijo Hernán Prego, abogado del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), que participó de la charla en el Palacio de Justicia la semana pasada. Una charla que más bien fue un monólogo sostenido por las voces de los visitantes, que dieron cuenta de la “criminalización de los reclamos campesinos”, que padecen. También interiorizaron al ministro sobre “el saqueo de recursos naturales”, que ahora sufren hasta sus tierras, por lo general descartadas por los hacendados para la producción. Zaffaroni los oyó sin darles una respuesta. No obstante, los integrantes de las organizaciones destacaron que “un ministro de la Corte se haya allanado para atendernos, cuando en nuestras propias provincias nunca nos atienden”. Aunque no se animan a aventurar un nombre, revelaron que dentro de poco “nos va a recibir alguien del gobierno nacional”.
Según Prego, lo que está en juego son los derechos campesinos. “Y sobre eso no vamos a negociar”, afirmó a AUNO-Tercer Sector. En la reunión con Zaffaroni “se habló de nuestra problemática y de las incumbencias que tiene él como ministro. Nos escuchó, pero no nos puso un sello de goma que nos solucionara las cuestiones. La nuestra es una realidad que a escala nacional tiene sus matices diferentes. Pero el fondo y la base de lo que sufrimos es el mismo: el despojo de las comunidades indígenas”. Que el encuentro solo les haya dado la oportunidad de hacer catarsis no les preocupa. “Si bien es un actor principal, poco podrá hacer Zaffaroni por sí solo. Igual, nos sirve para avanzar y seguir acumulando interlocutores que se interesan por lo que nos pasa”. El integrante del Mocase dio la respuesta que todavía no les dio ningún funcionario gubernamental: “Lo que necesitamos es una reforma agraria que responda a la realidad de nuestro país. Principalmente, tiene que contemplar que hay un derecho que es nuestro y no se cumple. Por otra parte, tiene que ver que en nuestro país hay mucha tierra y maneras de producir. Es distinta la situación del campo en Mendoza, donde con una hectárea se pueden tener viñedos y olivares, a la de Santiago, donde para tener una animal hacen falta un mínimo de ocho hectáreas”. Según Prego, el beneficio de una reforma agraria “no es solo nuestro. Es para el país. Francia y Noruega hicieron reformas y así les va. Allá son minifundistas. La historia de los países nos muestran que un país latifundistas es un país que no crece”, ya que la tierra queda en pocas manos.
Para reunirse con el ministro les ayudó la mediación del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Además del fundador de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), del encuentro participaron representantes de la Coordinadora Central de Tierras de Misiones; la Organización de los Valles Calchaquíes de Salta; los integrantes de la Mesa Regional Buenos Aires; la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la Unión de Jóvenes Campesinos de San Juan y Mendoza; el Movimiento Campesino de Córdoba; el Mocase y la Red Puna de Jujuy. Cada una de estas entidades nuclea a su vez a decenas de todo el país.
En un comunicado conjunto, denunciaron que “la Argentina está sufriendo bajo el modelo de monocultivo de soja transgénica el saqueo de sus recursos naturales, bosques y suelos. Dentro de diez años tendremos que hablar de los responsables políticos y jurídicos de un nuevo genocidio. El de las riquezas humanas, culturales y naturales de este país. Será así si el Estado no controla la ilegalidad de los actores de este modelo de agronegocios”. En este sentido, con Zaffaroni hablaron sobre “las técnicas jurídicas que están contempladas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales para detener las violaciones colectivas que sufren los movimientos”.

También le contaron que en las provincias las organizaciones son “discriminadas por la Justicia con complicidad de policías, jueces y fiscales frente al accionar ilegal y violento de grupos económicos de grandes empresas de agronegocios, mineras y de turismo que, en ocasiones acompañados por grupos de seguridad armados, intentan el desalojo violento y compulsivo de comunidades de larga historia en el campo”, dice el comunicado. Como método para revertir esta situación, “en esta última década miles de familias campesinas e indígenas están construyendo organizaciones y movimientos sociales armando equipos de tareas de resistencia y luchas, equipos jurídicos y equipos de formación, capacitación y asistencia técnica” con el fin de generar propuestas de desarrollo alternativas al modelo “impuesto por las multinacionales de la soja transgénica”.
Juan Herrera pertenece al Movimiento Campesino de Córdoba. Para él, “en cada lugar del país se producen conflictos con la tierra. Y todos que tienen la misma problemática: la pérdida del derecho campesino y la amenaza a su vida. Al no tener soluciones políticas desde el Ejecutivo y la legislatura, los campesinos salen a protestar, luego se los criminaliza y finalmente, se los condena”, diagnosticó. “Los campesinos son los que actualmente hacen frente al accionar ilegal y violento de grupos económicos de grandes empresas”, explicó.
En el encuentro con Zaffaroni también plantearon la situación que padecen miles de campesinos “como la falta de acceso a la tierra y al agua, y lo que es más grave, cómo se criminaliza la vida del campesino”, dijo Prego, ya que “cuando un campesino reclama legítimamente sus derechos de propiedad, se lo acusa de usurpación y se lo penaliza”. Por ello, manifestó la esperanza de que “se pueda adoptar (en la Corte Suprema) una postura más abierta acerca de la problemática campesina y que se pueda trabajar conjuntamente en una agenda concreta en la justicia”.
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Cómo comunicarse:

Hernán Prego: 1551319371

Movimiento Campesino de Córdoba: (03549) 495076.

Mocase: (03843) 421195

Comunidad Web de Movimientos Sociales: www.movimientos.org

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*Revista Tercer Sector

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