Monte Grande, noviembre 28 (AUNO).– Con el fallecimiento de un hombre de 25 años, ya suman nueve los muertos por el incendio en la comisaría de Transradio que, de esta manera, se convirtió en la peor “masacre” en la historia en sedes policiales bonaerenses. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció “la responsabilidad del Estado bonaerense”, exhortó a la Justicia a investigar “las responsabilidades de policías y autoridades provinciales” y advirtió que un hecho similar podría ocurrir nuevamente.
El último en sumarse a la lista de los detenidos fallecidos producto del siniestro en la dependencia policial fue Carlos Corvera, quien hasta ayer estuvo internado en el Hospital Eurnekian, de Ezeiza. Tenía prisión preventiva desde julio por intentar robar una cortadora de césped y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5, que llevaba su causa, le había concedido la excarcelación mientras estaba hospitalizado.
Rodrigo Pomares, Coordinador del Programa Justicia Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, puntualizó que el hecho da cuenta de la “grave crisis humanitaria” en las que se encuentran las personas detenidas en las dependencias judiciales.
“Insistimos que lo que ocurrió es un delito del que el Estado es responsables, es una grave violación a los derechos humanos y el fiscal debe impulsar su investigación hacia las responsabilidades de los policías y a las autoridades provinciales”, agregó en diálogo con AUNO.
En su opinión, “hoy están dadas las condiciones” para que un hecho como el de Transradio “ocurra en cualquier dependencia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora o en cualquier dependencia de la provincia”.
La comisión patrocina, hasta al momento, a cinco de las familias de los fallecidos. Pomares destacó que podrán énfasis en que la investigación “no se centralice en atribuir las responsabilidades a quienes iniciaron el incendio sino en quienes debieron tomar medidas para evitar esas situaciones y no las tomaron”. El fiscal a cargo de la investigación es Fernando Semisa, de la UFIJ 4 de Esteban Echeverría.
Un mes antes del hecho, la CPM le había informado al Comité de Seguimiento Permanente Departamental de Lomas de Zamora, el encargado de monitorear la situación de las dependencias policiales, que las cuatro comisarías de Esteban Echeverría estaban inhabilitadas para alojar detenidos, y entre ellas estaba incluida la de Transradio.
La sede policial tenía una orden de desalojar los calabazos desde el 30 de enero pasado, cuando el juez Maffucci Moore aprobó el habeas corpus presentado por la CPM. Por entonces el juez recordó que la misma tenía una clausura dispuesta por el Tribunal en lo Criminal 5 de Lomas de Zamora desde el 11 de noviembre de 2011.
Al momento del incendio, el 15 de noviembre pasado, en la comisaría había 27 detenidos. Doce en la celda uno, nueve de ellos fallecieron. Otros diez estaban en la celda dos, cuatro en los buzones de castigo y uno en la cocina. Todavía hay un detenido internado en grave estado.
Todas los detenidos estaban con prisión preventiva y algunos de ellos con periodos prolongados. Algunos casos superaban los nueve meses y muchos por delitos con penas de expectativas bajas. De hecho, como consecuencia de lo ocurrido, dos fueron puestos en libertad por los jueces que tenían sus causas.
Según informó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hay 4042 detenidos y sólo mil camastros disponibles. Es decir, que 3 de cada cuatro personas deben dormir en el piso o en colchones improvisados. Además, el 80 por ciento de las comisarías no tienen ningún elemento para combatir incendios. “Esos lugares no reúnen ninguna condición para el alojamiento de personas. Organismo internacionales y la propia Corte de la Provincia han dicho que no son lugares aptos”, subrayó el referente de la CPM.
En marzo del año pasado había ocurrido un hecho similar en la comisaría 1° de Pergamino, en donde murieron 7 personas. La causa está elevada a juicio. No obstante, el Estado provincial no tomó hasta ahora ninguna medida drástica para revertir la situación.
Por el momento, la única medida que se tomó fue la resolución que emitió la Suprema Corte provincial para la creación de un espacio para el abordaje de las condiciones de detención en cárceles y comisarías. Para Pomares la respuesta “es escasa” porque, si bien es una respuesta a un planteo que le había hecho la CPM junto con la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que se pedía que se declare la crisis y se cree un comité de emergencia compuesto por todas las autoridades provinciales con injerencia en la materia, la Corte “resuelve solo a media y sin un plazo específico”.
En cuanto al Ejecutivo bonaerense, aún no ha hecho ninguna mención a la masacre en la Comisaría 3° de Esteban Echeverría y la última declaración relacionada con la situación de las dependencias judiciales a su cargo fue del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, hace unos meses, cuando manifestó que prefería “a los delincuentes amontonados y no sueltos”.
GS-AFD
AUNO-28-11-18
