“¿Qué hace esta chica acá?”, se preguntó Catalina Alaniz al ver a la militante Ana María Lanzillotto, embarazada de casi ocho meses, en el centro clandestino de detención Puente 12. Era al comienzo de la última dictadura cívico militar. Jamás olvidará aquella primera imagen. Y tampoco la última: la mujer sujetándose el vientre, en pleno trabajo de parto, mientras sus secuestradores la sacaban de otro centro clandestino, “La 205”, para llevarla a otro sitio, otra de las incógnitas de los años del terrorismo de Estado.
Ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, a 300 metros del Hogar Escuela Evita, en Esteban Echeverría, “La 205” fue identificado a fines de 2016 y demarcado el 28 de enero pasado. Durante la señalización del predio, que en la actualidad funciona como sede del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) de la Policía Bonaerense, militantes políticos, sociales y de Derechos Humanos instalaron dos carteles para identificar el espacio. Los carteles fueron retirados por los policías apenasw finalizada la actividad, en un vano intento de ocultar y silenciar los crímenes allí cometidos durante la dictadura.Ese accionar no sólo motivó una reseñalización del lugar, sino que impulsó un proyecto para crear allí un espacio permanente para la Memoria.
Tres sobrevivientes
Catalina Alaniz tenía 22 años cuando fue detenida, el 13 de julio de 1976, luego de que la Policía y el Ejército allanaran su casa. Estuvo una semana incomunicada en la Comisaría 38 de Flores, donde se enteró que la seguían hacía un mes. “Yo no militaba, pero tenía una amiga militante, Laura, que trabajó muchos años con el padre Mugica”, comentó en diálogo con El Cruce.
La liberaron, pero fue secuestrada otra vez del lugar donde vivía por “cuatro tipos vestidos de civil”, quienes simularon ser “compañeros de Laura”.
“Me dijeron que me iban a matar porque yo la había vendido, cosa que no era así. Era todo una comedia”. Esa madrugada, fue trasladada en un auto “bajo” hasta un sitio que todavía se desconoce. “Me bajan, me hacen ir a un subsuelo donde estaban torturando a Ana Ramona (Sánchez), me hacen sentar y le preguntan si me conoce. Ella dice que sí, porque habíamos trabajado en la fábrica Perfecta Lew, donde ella era delegada, y que no me vio más desde que renuncié. Después de que terminaron con ella, empezaron conmigo”.
Al cuarto día, las dos mujeres fueron trasladadas al Centro Clandestino Puente 12, también conocido como “Cuatrerismo” o “Brigada Güemes”. Ahí llevaron después a Ana María Lanzillotto, quien militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En una de las pocas oportunidades que tuvieron de hablar, Lanzillotto —pareja del militante Domingo “El Gringo” Menna— le contó a Alaniz que “venía de Campo de Mayo”.
Liliana Latorre, una joven de 22 años, también fue llevada a ese lugar después de que el 4 de agosto de 1976 un grupo de hombres armados, vestidos de civil, la secuestrara de su casa en Almagro. El 24 de julio de 1976, la pareja de Latorre, Jaime Emilio Lozano, también había sido secuestrado.
La demarcación.
Tras unos 20 días de estar detenidas-desaparecidas en Puente 12, Alaniz, Latorre y Sánchez fueron trasladadas a La 205, en Esteban Echeverría, junto con otras personas. Aunque no logra precisar los tiempos con exactitud, Latorre recuerda que el viaje —el 22 de agosto de 1976— “no fue muy largo”. Pero fue siniestro: “A mitad de camino nos bajaron y nos hicieron un simulacro de fusilamiento”, cuenta Alaniz.
Las tres sobrevivientes coinciden: las llevaron en una camioneta. Latorre recuerda que las “depositaban” en el vehículo, como si fuesen “objetos” y las cubrían con una manta “que según Ana Ramona tenía olor a caballo”. Alaniz estima que eran unas 20 personas, mujeres y hombres. Entre ellos se encontraba Eduardo Corvalán. Apuntó que fueron los primeros en llegar a este lugar, donde “no había otros compañeros”.
Los tormentos de “La 205”
Liliana Latorre sostuvo que estuvieron “todo el tiempo vendadas y esposadas o sujetas con trapos, acostadas sobre catres”. En el centro clandestino les daban dos mantas: una para colocar arriba de los catres, sobre los flejes de metal, y otra para taparse. “A mí me dieron dos mantas para poner arriba de los flejes y una para taparme, porque estaba tan flaca que se me caía el pantalón que llevaba puesto”, puntualizó Latorre, a quien sus captores confundieron con un hombre durante un tiempo, debido a su delgadez y su cabello corto. Eso le hizo “la vida mucho más fácil”.
Ir al baño era otro de los tormentos de La 205, pues implicaba someterse a las “miradas obscenas” y los comentarios groseros de los guardias. “Yo trataba de no ir, porque los guardias nos observaban todo el tiempo, salvo alguno que se daba vuelta. Era denigrante. ¿Cuál era necesidad? Joderte la vida. Ir al baño era en sí un verdadero tormento, porque le tenías que pedir a alguien, que era un hombre, que te lleve y ese alguien tenía que tener ganas de llevarte”, detalló Latorre.
La comida es una gran incógnita para estas tres mujeres, que día a día intentan completar los blancos de la memoria. “Ninguna de las tres nos acordamos cómo era la comida ni cuándo comíamos, si era dos veces por día, si era una vez por día, si había días que no comíamos”, aseguró Latorre, quien recibía ración doble de alimento, que comía sentada en los catres de metal, igual que el resto de los detenidos-desaparecidos. “La forma en que estábamos era parte del tormento de este lugar: no poder moverte, acostadas todo el tiempo, atadas de pies y manos, vendadas. Tampoco se podía hablar, aunque yo en algún momento puede tener algún mínimo diálogo con una compañera más próxima. Ellos que trataban de caminar lo más despacio posible para sorprenderte”, graficó Latorre.
Liliana Latorre y Catalina Alaniz y un abrazo lleno de emoción.
Alaniz recordó que en La 205 los guardias caminaban permanentemente y nunca salían, por lo que correrse la venda o hablar con los compañeros era una tarea difícil y riesgosa, aunque no había quién no lo intentara. La joven encontró un modo de aflojarse la venda y eso le permitió ver cómo los guardias se llevaban a Lanzillotto en pleno trabajo de parto. La militante embarazada había comenzado a “sentirse mal” durante las últimas horas de la tarde, un día a principios de septiembre. Esa noche, con la venda muy floja, Alaniz alcanzó a ver cómo dos guardias la levantaban, cada uno de un brazo, y la llevaban fuera del salón, mientras ella “iba caminando ya muy despacito, con su manito en el vientre”.
-¿Qué pasó con Ana? –le preguntó Alaniz a un guardia “más flexible” llamado Javier, una vez que se la llevaron.
-Va a la Sardá –le respondió.
Al día siguiente, antes del recambio de guardia, Alaniz le preguntó al mismo hombre qué sabía de la joven embarazada.
-Está bien –le dijo.
-¿Qué tuvo? –se animó a preguntarle.
-Tuvo un varón.
Recién 40 años más tarde se confirmaría que el hijo de Lanzillotto y Menna, había sido un varón: el nieto 121, Maximiliano Menna Lanzillotto, que recuperó su identidad en octubre de 2016.
Hasta el momento se sabe que Alaniz y Sánchez fueron las últimas detenidas de La 205. Latorre permaneció cerca de un mes en el lugar, hasta que la trasladaron sola a la Comisaría 1 de Monte Grande. La llegada de otra compañera le permitió recordar la fecha con mayor exactitud: “Sara Pesci llegó a la comisaría el 24 de septiembre de 1976 y a mí me habían trasladado dos días antes”. Ahí estuvo unos cuatro meses, hasta que fue “puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” el 26 enero de 1977 y trasladada a la cárcel de Devoto.
Liliana Latorre fue llevada a Coordinación Federal y liberada el 28 de octubre de 1977.
Alaniz y Sánchez fueron liberadas tres días después del traslado de Latorre a Monte Grande, la primera en Haedo y la segunda en Morón.
Una incógnita en el mapa
Entre 1972 y 1973 el predio de La 205 funcionó como un puesto de la Policía de provincia, que dependía de Cuatrerismo de San Justo. “Hasta entonces, esos lugares eran muy abiertos, había mucha crianza de ganado y de equinos, por lo que era muy común que se tuviera que cuidar el tema del robo de animales”, explicó Ricardo Poggio, integrante de los equipos de trabajo dedicados a la recuperación de ex centros clandestinos como sitios de memoria. Desde 2002 Poggio trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). “Para el 73 había un puesto de caballería que dependía de Cuatrerismo, pero que se dedicaba a cría y remonta, la actividad donde las fuerzas de seguridad reproducen y crían animales para proveerse de los mismos para sus actividadesbo. Originalmente, el lugar tenía esa función”, especificó Poggio en diálogo con El Cruce.
El frente de “La 205”, en la avenida Jorge Newbery, en Esteban Echeverría.
El sitio funcionó como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “a partir de 1976 y hasta principios de 1977”, precisó, aunque no descarta la posibilidad de que hubiera funcionado desde antes, vinculado con Pozo de Banfield.
Hasta el momento, se sabe que el lugar era un “espacio satélite” del Centro Clandestino Brigada Güemes; que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y del general Ramón Camps. Integró la red de 29 centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires dependientes de la Jefatura de la Policía de la Provincia, conocida como “Circuito Camps”; y que estuvo al mando del subcomisario Walter Acosta.
A través de las declaraciones que el ex policía Rodolfo Peregrino Fernández realizó en 1983 ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), en Madrid, Poggio obtuvo mayores certezas sobre el lugar. “Sabemos que Peregrino Fernández, quien no quiso participar del sistema represivo y trató de oponerse hasta que finalmente lo echaron, fue a este lugar por una actividad. En esa ocasión, conoció al jefe del lugar, el comisario Acosta, quien le contó que hacía un tiempo el mismísimo Camps le había dado la orden de hacerse cargo de ese lugar, donde se habían construido unas edificaciones con los fines de dar una especie de ‘apoyo sanitario’”, expuso Poggio. Puntualizó: “Lo que se hacía ahí era mantener con vida a prisioneros que estaban muy lastimados o algunas embarazadas que eran prisioneras de estos grupos de tareas, o esconder criaturas que eran secuestradas con sus padres en los operativos”.
La investigación de La 205 comenzó a partir de un trabajo documental realizado por la Juventud Peronista (JP) Peronismo Militante de Esteban Echeverría, en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Con el apoyo de los jóvenes, Poggio realizó un trabajo de campo y logró obtener imágenes de los baños del sitio para desarrollar la investigación. Un análisis en profundidad de los testimonios de las sobrevivientes le permitió corroborar que “el ámbito geográfico era muy parecido, pero que la materialidad del lugar no”. Nuevos trabajos de campo y entrevistas a los vecinos más antiguos de la zona lo convencieron de aceptar la “sugerencia” de visitar la actual sede del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) de la Policía Bonaerense, ubicada sobre la avenida Jorge Newbery, a 300 metros del Hogar Escuela Evita.
A pesar de que le negaron el acceso, imágenes exteriores y satelitales le “dieron la pauta” de que el sitio “era el lugar que decían, por un lado, Peregrino Fernández con certezas administrativas, y, por el otro, las tres sobrevivientes con certezas materiales”.
El rol de los militantes de la JP de Esteban Echeverría fue central para obtener declaraciones de los vecinos y lograr un acercamiento inicial al predio. “Si no hubiera sido por los militantes del barrio, tampoco hubiéramos llegado a este resultado”, explicó Poggio, cuya investigación derivó en un informe que fue presentado al juzgado a cargo de las causas Brigada Güemes y Comisaría Monte Grande.
El 21 de diciembre de 2016, tras la inspección ocular que contó con la participación del juez federal Daniel Rafecas, personal del juzgado, las tres sobrevivientes, su abogado, Pablo Llonto, y miembros de Peronismo Militante, se confirmó que allí funcionó el ex CCDTyE La 205, también denominado “Puesto de Juan”.
Durante la inspección, Alaniz fue la primera de las sobrevivientes en identificar el lugar: “Cuando bajé del auto, caminamos unos pasos y le dije a Ana: ‘Este es el lugar’, porque reconocí el portón. Cuando nos bajaron de la camioneta, yo me corrí la venda y alcancé a ver la entrada”.
Una vez en el interior, ya no hubo dudas. Ahí estaba el “salón”, con sus ventanas rectangulares y, detrás, los eucaliptos que las detenidas-desaparecidas veían desde los catres, separado por una puerta de doble hoja de los baños y las duchas.
“Lo recordábamos más grande, exactamente igual, pero más grande. Nos dimos cuenta de que era más pequeño cuando fuimos a hacer el reconocimiento”, indicó Latorre y explicó: “La situación de estar secuestrada -desaparecida, no saber qué te va a pasar, si al otro día vas a seguir viviendo, si te van a matar, si te van a torturar otra vez, son cosas que te hacen sentir indefenso, mínimo en comparación con el lugar”. Alaniz sufrió la misma distorsión espacial que su compañera, pues en su recuerdo el sitio era “inmenso” y durante la inspección comprobó que “no es tan grande”.
A diferencia de 1976, los baños están terminados y hay inodoros donde antes había letrinas. En la inspección ocular se encontraron las duchas, el piletón, el espejo, y una pared que Latorre y Alaniz no recordaban, pero ambas habían dibujado en los planos que hicieron del sitio.
“Nunca me hubiese imaginado que iba a poder reconocer este lugar. Es un alivio para el alma, es muy sanador, porque un sobreviviente siempre está en la búsqueda de dónde estuvo, quiénes fueron sus compañeros. Es tan importante tener certeza de que estuviste ahí, es cerrar una parte de la historia. Yo siento que en cada uno de los lugares donde estuve, no sólo hay compañeros que no sé dónde están, sino que también dejé una parte de mí que ya tampoco está”, dijo Liliana Latorre.
Señalizar para recordar
“Un agravio más a la memoria”. Así definió Alan Muñoz Percario, el responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la JP Peronismo Militante de Esteban Echeverría, a la quita de los cuadros señalizadores de La 205 por parte de efectivos de la Policía bonaerense. Los habían colocado el 28 de enero pasado, en un acto de demarcación organizado por la agrupación peronista, organismos de DDHH y organizaciones sociales del distrito. La jornada contó con la participación de las sobrevivientes Alaniz y Latorre, la Abuela de Plaza de Mayo Alba Lanzillotto, familiares de desaparecidos y militantes de Derechos Humanos.
“Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de estado”, indicaba el cartel realizado por los militantes de la JP y colocado sobre una de las paredes del ex centro clandestino de detención, el segundo identificado en el distrito, para señalar con letras negras sobre chapa blanca el sitio que operó durante 1976. Un segundo cartel, hecho en madera y ubicado en la vereda, entre el acceso de vehículos y la parada de colectivos, rezaba: “Aquí funcionó el CCD La 205”.
A media hora de finalizado el acto, faltando unos minutos para las 20, miembros del GPM arrancaron ambos carteles y taparon las consignas “Memoria”, “Verdad”, “Justicia” y “Nunca Más”. No hizo más que reforzar las palabras que minutos antes había pronunciado Lanzillotto, luego del primer encuentro con las últimas personas que vieron con vida a su hermana Ana María: “La Memoria es muy importante. Aunque hay mucha gente que no se quiere enterar, yo pienso que si insistimos con estos carteles, con estos actos, con estas investigaciones, se van a tener que enterar aunque no quieran”.
Latorre, Alaniz y Lanzillotto, juntas en al acto frente al ex centro clandestino.
Tras el accionar de la Policía, la JP convocó a una conferencia de prensa para el 1 de febrero frente al predio. Un día antes, los carteles removidos volvieron a ser colocados en su sitio, luego de que diversas organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos denunciaran lo ocurrido. “Ni siquiera esperaron una hora para hacerlo. Cuando estábamos volviendo, la Policía paró a dos compañeras, nos bajamos del colectivo para ir a buscarlas y ahí nos enteramos que los estaban sacando”, explicó Muñoz Percario y remarcó que el “agravio” se realizó “el mismo día que el Gobierno Nacional dio marcha atrás a la decisión de mover el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.
En la segunda demarcación participaron la Abuela de Plaza de Mayo Delia Giovanola, el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV) Edgardo Depetri; el diputado bonaerense por el FPV Miguel Funes; Victoria Montenegro y militantes políticos, sociales y de DDHH. El cartel de la agrupación peronista fue reemplazado por otro más grande con la misma consigna. En esa oportunidad, Funes dio a conocer un Pedido de Informes (D-4775) y un Proyecto de Señalización (D-4776), presentados el 30 de enero en Diputados. El diálogo con El Cruce, el dirigente Muñoz Prrcario subrayó la importancia de preservar el predio y señaló que la agrupación trabaja en un proyecto de ley, junto con Funes, para que el sitio sea proclamado Espacio de la Memoria de Esteban Echeverría.
Juicio y castigo
Luego de la identificación del centro clandestino de detención, el juez Rafecas libró la orden de detención del subcomisario Walter Acosta, pero éste fue apartado del proceso judicial por padecer un cáncer de colon terminal. Esa decisión motivó la apelación por parte de las sobrevivientes. “Hemos llegado apenitas tarde, porque si bien se nos está escapando entre los dedos Walter Acosta, el mayor responsable de este centro clandestino, no queremos que el juez Rafecas sólo se dedique a él. Aquí hubo otros nombres y apellidos de quienes convirtieron este lugar, como tantos otros, en lugar de cautiverio, de tortura, de secuestro de mujeres embarazadas, de compañeras y, probablemente, de nacimientos y partos”, señalo Llonto, abogado de las sobrevivientes.
“La causa esta iniciada y va a tener responsables; serán los segundos de Acosta o los terceros”, aseguró Llonto, quien convocó a los presentes a “no bajar los brazos” y les pidió que “hablen con los vecinos de la zona que vivían en aquella época”. “Necesitamos saber mucho de este centro clandestino para llegar lo más pronto posible al juicio de este lugar”, expuso el abogado. En ese sentido, la conservación y demarcación del ex CCDTyE es elemental para continuar con la política de Memoria, Verdad y Justicia, y preservar las pruebas que permitirán juzgar los crímenes cometidos en el marco de la última dictadura cívico militar.
