El presidente del Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, rechazó el aumento del 30 por ciento de las prestaciones médicas para personas con discapacidad porque “no llega a dar respuesta a los reclamos” del sector y “no responde a la inflación”.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), oficializó un incremento para las prestaciones médicas en dos tramos: un 20 por ciento para enero y un 10 para febrero, y ratificó la continuidad de un adicional de 20 por ciento para las provincias de la Patagonia, según la resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial el pasado 7 de febrero.
El presidente del Foro explicó a AUNO que las prestaciones en diciembre quedaron 100 puntos debajo de la inflación anual de 2023, que fue de 211,4 por ciento, según el Índice de Precios al Consumidor (ICP) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
“Si quisiéramos terminar igual que la inflación, se necesitaría en diciembre un aumento del 50 por ciento, más o menos”, precisó Molero, quien agregó que el dato de 20,6 por ciento de inflación en enero, también informado por el INDEC, “da la razón” al sector discapacidad para rechazar la oferta del Gobierno.
“Teniendo en cuenta, a su vez, que cuando paga el Estado, a través de Incluir Salud a los pensionados, está pagando a casi 45 días y las obras sociales están pagando, con suerte, entre 60 y 90 días de facturado. O sea, que cuando vos cobrés ese dinero ya no hay relación con la inflación”, subrayó.
En tanto, la presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (CASAIE), Elizabeth Foschi, indicó a esta agencia que el sector se encuentra “atravesando una de las peores crisis”, producto de la “desactualización de aranceles”, que tiene un “desfasaje acumulativo” de 117 por ciento en el valor de las prestaciones.
“Así es totalmente inviable, imposible, brindar y garantizar las prestaciones”, remarcó la presidenta de la CASAIE, organización que forma parte del Foro y asiste a más de 200.000 personas con discapacidad, y representa a más de 100.000 instituciones.
Dificultades desde los servicios de apoyo para “garantizar las prestaciones”
La CASAIE está compuesta por diversos profesionales de apoyo a la inclusión educativa, como psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales, profesores de educación especial, personal administrativo, cooperativos y coordinadores, entre otros.
“Lo nuestro está considerado como una prestación educativa, por lo cual nos pagan, en el mejor de los casos, una matrícula en febrero y si no, nos pagan de marzo a diciembre”, explicó Foschi.
Durante enero los trabajadores del área no perciben un ingreso, aunque es un mes donde deben trabajar “fuertemente” para poder en fines de febrero y principio de marzo garantizar este recurso, como acompañante de apoyo a la inclusión educativa, recalcó.
“Nosotros vamos a salir a dar prestaciones de servicio a partir de febrero, a los chicos que comienzan las clases, donde está como valor de referencia de un maestro de apoyo en un 151 por ciento en diciembre y que ahora con el aumento se irá a unos 200.000 pesos”, explicó Foschi.
Al respecto, señaló que las instituciones que integran la CASAIE cobran las prestaciones a partir de los 60 días de presentada la factura y, en el caso de las obras sociales, las mismas pagan a los 150 días, “entonces al día de hoy partimos de no tener ni siquiera un arancel de 200.000 pesos”, aseguró.
“No es que no queramos dar el servicio, el problema es que no encontramos recursos humanos que quiera trabajar o que pueda trabajar por esos honorarios, entonces se nos está haciendo como muy inviable garantizarlo”, completó.
Una emergencia que preocupa
A su vez, el presidente de la Asociación de Transportes Especiales (ATRAES) de Santa Fe, Pablo Bolego, consideró que “la situación del transporte continúa siendo crítica”, y explicó a AUNO que el 90 por ciento de las personas con capacidad continúan “sin posibilidad de asistir a sus centros de día, sus centros de rehabilitación, sus centros educativos terapéuticos”.
“El servicio de transporte está sensiblemente castigado, no se puede salir a trabajar si no se cubren con los mínimos establecidos para poder costear la prestación”, señaló Bolego, quien consideró el incrementó del 30 por ciento otorgado por el Gobierno como “una gota de agua en un desierto”.
“La verdad es que lo que ofrece y lo que otorga el Gobierno en materia arancelaria es absolutamente insuficiente. Se afecta a más de 3.500 compañeros a lo largo y a lo ancho del territorio y son más de 230.000 personas las que con discapacidad que están afectadas por esta situación”, subrayó.
Además, precisó que desde la ATRAES reciben “la comunicación de prestadores que empiezan a dejar de brindar el servicio, porque buscan otras alternativas, empiezan a dedicarse a otra cosa”, lo que implica “el desafío de una persona a encontrar un trabajo, un nuevo laburo o pensar en hacer otra cosa, olvidándose de todo lo construido hasta acá”.
“Estamos hablando de un servicio, de una prestación para personas con discapacidad que es vital en muchos casos, y en otros para rehabilitarse y tener la calidad de vida que todos nos merecemos”, consideró e indicó que ante la problemática actual, las instituciones abocadas a brindar servicios a las personas con discapacidad se encuentran “literalmente vacías”, por lo que desde la Asociación están “muy preocupados”.
“Se están convocando asambleas en todo el país para que se pueda empezar a imaginar, a crear un plan de lucha a mediano y a largo plazo que permita que el Gobierno por lo menos nos escuche y nos vea porque se ha presentado un petitorio, pero hay un silencio de radio absoluto y estamos muy preocupados”, remarcó.
El petitorio al que hizo referencia Bolego fue presentado el pasado 7 de febrero en el marco de una jornada nacional de lucha en la que participaron las organizaciones que integran el Foro, más 300 transportistas, y 160 instituciones, junto a familias, amigos y personas con discapacidad.
La jornada tuvo su epicentro frente a la Quinta de Olivos, residencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien se encontraba en un viaje internacional por Israel y el Vaticano durante el reclamo y hubo réplicas en Santa Fe, Córdoba, Salta, San Juan, Tucumán, La Rioja, Río Negro, Chubut, Mendoza y Misiones.
La Jefatura de Gabinete recibió en Olivos la carta dirigida a Milei, en la cual se detallaron “todos los puntos que son necesarios resolver para, efectivamente, garantizar los servicios y las prestaciones a las personas con discapacidad”, precisaron desde el Foro en un comunicado.
“Entendemos que el país se encuentra en una situación económica muy grave y que este sector no es el único que se ve afectado, pero es muy importante que se pueda dar continuidad a los servicios que se brindan. En estos momentos no estamos solicitando recuperar lo atrasado, que será materia para otro momento, sino que se puedan cubrir las obligaciones que permitan dar continuidad al trabajo y brindar la prestación a quienes la necesitan”, señaló el escrito.
Fotos: Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad
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