El subsidio de 100 pesos por hijo para trabajadores que no cobren salario familiar impulsado por el Estado bonaerense en noviembre último y puesto en marcha a partir de febrero de este año se aplicará a partir del último trimestre de este año en los municipios de Esteban Echeverría y Almirante Brown, según anunció a AUNO el ministro de Desarrollo Social provincial, Daniel Arroyo.
La medida que beneficia a trabajadores que no cobran asignaciones familiares había sido puesta en marcha a fines de 2008 y desde su lanzamiento fue interpretada como una suerte de respuesta al reclamo largamente impulsado por la CTA, que siempre puso el acento en la universalidad de la propuesta, es decir, que el beneficio llegue a todo el país, a los trabajadores ocupados o desocupados, y a los chicos menores de 18 años.
En cambio, “Derecho Garantizado para la Niñez” es el plan que otorga 100 pesos por hijo menor de 6 años a quienes no cobran salario familiar, y que desde febrero fue aplicado a modo de prueba piloto en General Lavalle, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Chacabuco, Tigre, San Nicolás, Florencio Varela, Ezeiza, Florentino Amegüino, Ensenada, Benito Juárez, Azul, Olavarría y Avellaneda.
En diálogo con esta agencia, Arroyo informó que la iniciativa abarca, en principio, 15 municipios porque “no hay fondos” para lanzarla en toda la provincia, aunque reconoció que su pretensión es “volverla extensiva a todo el territorio bonaerense a fines de 2010”.
Por su parte, el diputado nacional y economista de la CTA Claudio Lozano aseguró a AUNO que “una estrategia de alcance universal que involucre a todos los menores de hasta 18 años es posible en términos financieros”, aunque el ministro remarcó que “el programa no presenta esas características por razones presupuestarias”.
Esta versión del plan diseñada por el propio ministro sólo alcanza a los menores de 6 y excluye a monotributistas, trabajadores formales y destinatarios del Plan Familias, y pretende ser una iniciativa que busca transferir el programa Jefas y Jefes de Hogar a las madres solteras.
El programa es “un avance”, concedió Lozano, a la vez que criticó el carácter “focal” de este instrumento por sus restricciones territoriales y de edad: “Si fuese universal como lo venimos reclamando, el proyecto tendría un impacto redistributivo y garantizaría el derecho a la salud y a la educación de los sectores más postergados”, añadió.
De todas maneras, el gobierno bonaerense está seguro de que con esta iniciativa se puede “garantizar derechos básicos a la niñez, lograr que todos cobren una asignación básica generalizada, promover una política de desarrollo local al impulsar el consumo y reducir la pobreza y la indigencia”, según enumeró Arroyo.
Por otra parte, Lozano criticó que “el Gobierno nacional se resistió a avanzar en esta dirección en momentos de mejores condiciones económicas e insiste en tejer estrategias de carácter subsidiario que abandonan la transferencia de ingresos”.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, en la provincia hay un 1,7 millones de niños menores de 6 años, de los cuales 690 mil están en situación de pobreza, y entre los pobres hay 195 mil que están en la indigencia.
“Este instrumento (por el plan) tiene que ser por pibe, no por trabajador, ya que la lógica sería que el Estado garantizara que todos tuvieran el mismo ingreso para el acceso a la salud y a la educación”, concluyó el referente de la CTA.
MDY-AFD
AUNO-13-03-09
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