“Abuso de poder” y “privación ilegal de la libertad” son denuncias que se escucharon en el barrio Libre Amanecer de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, después de que el último lunes policías de la comisaría de esa jurisdicción demoraron a 11 personas y obligaron a una de ellas a desnudarse en un calabozo. El mecanismo no parece ser nuevo: golpes, amenazas y un procedimiento “sin orden judicial” que obligó a las personas a firmar un “acta de delito de usurpación”, según denunció uno de los vecinos.
Según la denuncia presentada en la UFI 18 de Lomas de Zamora, alrededor de las 17:30 del lunes 8, el jefe de calle de la comisaría, Sergio Longone, acompañado de otros oficiales, se presentó en el barrio, ubicado sobre el camino de la Rivera del Riachuelo y General Hornos, y exigió a los vecinos que firmen una notificación judicial en una causa por el desalojo de las tierras que ocupan, cuya propiedad se autoadjudica un hombre llamado Adolfo Cachón. Sin embargo, los agentes en “ningún momento presentaron una orden de algún juzgado”, tal como corresponde a una acción de ese tipo, subrayó Juan Benítez, un vecino.
“Vamos a traer colectivos para llevarnos a todo el barrio”, amenazaron los policías, según consta en la denuncia judicial. Ante la negativa de firmar un documento al que no se les permitió acceder para leer en profundidad, 11 personas fueron “secuestradas” mediante insultos, tirones de pelos y amenazas con armas de fuego, y llevadas a la comisaría. Para ello, ya habían llegado al lugar dos patrulleros más y tres policías de civil.
Siete hombres, tres mujeres y un joven de 17 años fueron demorados durante al menos dos horas sin que se les mostrara una orden judicial ni que se les explicase cuáles eran los motivos de la privación de su libertad, según denunciaron. De acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron en la comisaría de Fiorito, los amenazaron con dejarlos presos y los embujaban contra la pared — “para que no quedasen huellas de golpes de puño”, según a AUNO Benítez—; luego las personas fueron obligadas a firmar un acta por la cual reconocían el delito de “usurpación”, aunque en ese momento no tuvieron conocimiento de lo que firmaban.
“PARAGUAYO, A QUÉ VENÍS”
Uno de los hombres que había sido llevado por los oficiales corrió peor suerte aún. Según Benítez, a Hugo Derliz Mora Camelli “lo desnudaron adelante de los policías y las personas detenidas en la comisaría, y lo hicieron inclinar a noventa grados. Luego, uno de los efectivos lo obligó a poner la cara en su cola cuando él se tiraba un pedo. Es la peor vejación que puede sufrir un hombre”, denunció Benítez.
Según consta en la denuncia de los vecinos, Derliz fue obligado a permanecer desnudo en el calabozo durante cinco minutos, mientras los policías “arengaban a los detenidos que para que abusaran de él con frases como ‘a este úsenlo como señorita’ o ‘acá le traemos una paraguayita’”, en alusión a su nacionalidad. La humillación no terminó allí, porque cuando le permitieron salir de la celda uno de los efectivos lo insultó con un “paraguayo de mierda, ¿a qué venís acá?”.
Carolina Altavelapiz, una de las mujeres detenidas, denunció que fue golpeada de manera tal que en la Unidad Sanitaria Norgren le diagnosticaron “traumatismo en la cavidad derecha, (o sea) arriba de la nalga”, en la cadera. Según el documento presentado a la UFI 18, cuando finalmente pudo irse de la comisaría, el comisario Longone la amenazó: “¡Tómatela! Si querés arreglar las tierras me las tenés que pagar a mí primero, no al dueño; sino, los vamos a sacar a las patadas”.
Un adolescente de 17 años fue “cacheteado” por los oficiales hasta que comprobaron que era menor de edad. Entonces, ya que su firma “no valía” para el “acta de delito de usurpación”, lo liberaron. La misma situación vivió otro hombre llamado Enildo, que no estaba de visita en el lugar.
LOS ORÍGENES
El barrio “Libre Amanecer” se construyó entre fines de 2006 y principios de 2007, cuando unas 200 familias ocuparon el predio conocido como “La Quema”. La necesidad de tener un lugar donde vivir los llevó a instalarse en este espacio que carecía de servicios públicos y donde actualmente padecen las consecuencias de la contaminación que la acumulación de desechos provoca en la zona.
Es que allí, antes de que se asentaran los actuales habitantes, desechaban sus residuos las curtiembres linderas, además de haber metales, engranajes oxidados, basura doméstica e industrial y apósitos hospitalarios que depositaban camiones. Todo ello, luego era quemado, sin que ninguna clase de estudio de impacto ambiental o autorización habilitase este uso del área.
Por entonces, cuando los vecinos se dirigieron a la Dirección de Tierras de la Municipalidad y a las empresas de servicios se encontraron que no podían gestionar la titularidad porque esas tierras pertenecían a una persona que hace seis años habría sido procesada por el homicidio de una joven embarazada que fue baleada en un tiroteo durante un intento de desalojo del barrio que hoy lleva su nombre, en las cercanías a “Libre Amanecer”.
Ángel Cáceres, vecino de la adolescente que aseguró haber estado presente en el episodio y consideró que el mecanismo utilizado hace seis años fue “el mismo que el que se usó el lunes”, en el que privaron de la libertad a once personas.
“No conocemos personalmente al que dice ser el dueño. Sólo a través de la negativa de las empresas cuando le pedimos los servicios. Pero cuando se habla con cualquiera que nombra a esta persona, se nota que hay algo raro”, explicó Benítez, quien además exigió la presencia de organismos de derechos humanos para que los defiendan de la impunidad.
UNA HISTORIA OSCURA
Según las denuncias de los vecinos, las presiones para que desalojaran la zona son reiteradas. Unidades de Gendarmería paradas en las esquinas del barrio como intento de amedrentarlos y amenazas verbales con llevarlos presos son elementos constantes en la vida de los vecinos del barrio.
Pese a que nunca se lo vio personalmente en el lugar, el presunto porpietario estaría detrás del desalojo y sería quien habría realizado una de las denuncias por usurpación. Sin embargo, cuando las personas del barrio consultaron a la titular de la UFI 18, Viviana Simón, si había implicados en la causa, se les informó que “no había asentado ningún expediente sobre denuncias en su oficina”, según explicó Benítez.
Del mismo modo, tampoco hay denuncias asentadas en la comisaría donde los vecinos fueron vejados —que es la misma a la que pertenecieron los ex policías Antonio Peloso e Isidoro Concha, ambos condenados a cárcel por torturas y asesinatos—.
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