Denuncian siete intentos de suicidio en el instituto de menores

“Se repiten constantemente”, denunció un delegado de ATE, que reveló la situación ocurrida en los últimos días de noviembre pasado. Es que a los jóvenes “los encierran y tiran ahí”, graficó la directora ejecutiva de Casacidn. Para el diputado Emilio García Méndez, “habría que tomar nota de los casos”.

Luego de haberse conocido la noticia del suicidio de dos adolescentes privados de su libertad en La Matanza, la seccional sur de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reveló a AUNO que siete chicos intentaron quitarse la vida en el Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora.

El asistente de minoridad y delegado gremial de ese instituto, Fernando Fernández, precisó que el 20 de noviembre dos jóvenes intentaron ahorcarse, y que al día siguiente se produjeron cinco nuevos casos.

“Los intentos de suicidio se repiten constantemente”, afirmó el especialista, para quien uno de los motivos por los cuales los chicos llegaron a esa situación fue el “estado psicótico” que el encierro provoca en ellos y que los conduce a tomar determinaciones traumáticas.

Otras de las causas de este comportamiento, mencionó, es la “situación de angustia y depresión” a la que ingresan luego de las visitas de sus familiares o allegados, ya sea “porque se entristecen o porque reciben malas noticias”.

“Los encierran y tiran ahí”, graficó a AUNO Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Aplicación y Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). El traslado de un instituto a otro o la permanencia indefinida en los centros genera en ellos “inseguridad e incertidumbre” con su consecuente pozo depresivo. Existe también la “depresión inducida” a través del uso de tranquilizantes para que los chicos “no se tornen rebeldes”.

Para Schulman, el epicentro del problema es “la liviandad con que los jueces toman los casos”. Otro factor que complica aún más la situación es “la falta de capacitación del personal de los institutos que, como es del servicio penitenciario, puede maltratar o amenazar a los internados”, criticó la especialista.

“Habría que tomar nota de los intentos de suicidio que se suceden en los centros de menores”, que son sitios que actúan como “política social reforzada de los chicos pobres”, destacó a esta agencia el diputado nacional Emilio García Méndez, en referencia al fallo de la Corte Suprema que negó la salida de chicos encerrados en el instituto San Martín, donde se repite la situación crítica de los jóvenes.

Para el legislador, “sólo a una mente afiebrada se le ocurre utilizar una cárcel para proteger a los jóvenes”, de modo que mientras los institutos conserven esa función “no habrá presupuesto que alcance para destinar al personal capacitado para atender a los problemas psicológicos de los chicos”.

Precisamente, para generar un mecanismo de contención en esos centros de encierro, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, había anunciado 120 nuevos nombramientos de personal especializado para la atención de la minoridad en riesgo.

Sin embargo, “esa cantidad de empleados no alcanzaría para cubrir las insuficiencias de todas las instituciones”, advirtió Fernández, e insistió en la necesidad de un “nuevo sistema para abordar este tipo de casos”, sobre el que las autoridades de esa institución no respondieron a esta agencia.

ANTECEDENTES
En septiembre pasado, Maximiliano Ezequiel Rodríguez, de 17 años, se quitó la vida en el Centro de Lomas. “Se había autoflagelado, pero nunca se le aplicó un tratamiento específico”, recordó Fernández. Marcos Dunda, de la misma edad, falleció en el instituto en marzo del año pasado, el día en que había sido cambiado de celda para ser trasladado a Los Tilos, en City Bell. Sufría de dolores abdominales que nunca fueron estudiados.

El pasado 17 de noviembre se suicidaron dos chicos en el Centro de Régimen Cerrado de La Matanza. Uno de ellos, Damián, provenía del instituto de menores de Lomas. Fernández afirmó que el adolescente estaba en situación de desborde: “Padecía depresiones y tenía un brazo atrofiado porque no había recibido el debido tratamiento kinesiológico”. No obstante, los profesionales “no pudieron ocuparse de él por la gran cantidad de chicos que necesitan atención”.

Para Nora Schulman, la solución “excede la situación específica del delito cometido” y queda en manos de “políticas públicas activas la satisfacción de las necesidades básicas de los chicos y garantías procesales para los que cometen delitos”.

MDY-AFD
AUNO-10-12-08
locales@auno.org.ar

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