Lomas de Zamora, abril (AUNO) – La Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (ADDUC) advirtió sobre la colocación “compulsiva” de medidores en casos de morosidad, lo que, aseguró, “va contra el concepto de servicio público y obligatorio que protege la Constitución”.
El titular de ADDUC, Osvaldo Bassano, y padres de niños electrodependientes alertaron sobre la instalación de estos medidores que funcionan por medio de un sistema prepago en casos de morosidad y señalaron la falta de regulación sobre la acción que inició Edenor de modo unilateral.
“Es una alternativa inconstitucional, discriminatoria y más cara, porque al final del camino la acumulación de compras hace que sea más caro el servicio. La empresa no conecta los medidores, permite que haya baja tensión y no da cumplimiento a las obligaciones de concesión, mientras busca instalar este sistema que no está regulado. Hoy Edesur y Edenor están despidiendo gente, presentan falta de insumos y están transitando un proceso de vaciamiento, este tipo de acciones son manotazos de ahogados para seguir cobrando sin prestar el servicio adecuado”, sostuvo Bassano en declaraciones a AUNO.
La polémica situación comenzó a denunciarse en barrios sobre los que tiene competencia Edenor, donde la empresa retira los tradicionales medidores para suplantarlos por la nueva modalidad de consumo limitado de kilowatts, en lo que es un método es similar al de la telefonía celular con tarjeta o al de los salones de videojuegos, la luz funciona hasta que se acaba el crédito.
En ese sentido, Mauro Stefanizzi, padre de Joaquin, un chico electrodependiente, apuntó: “Tenemos conocimiento de que la empresa cambia los medidores unilateralmente y luego de eso informa a los vecinos, intentando seducirlos con una quita de la deuda y el pago en cuotas, mientras que de querer volver a tener el medidor deben abonar la reconexión que está por encima de los 4 mil pesos. Entre los usuarios con morosidad nos encontramos nosotros y no es por un uso no sustentable de la energía, sino porque nuestros hijos la necesitan para vivir”.
Tal es el caso de Jessica Marín, madre de Thiago, también electrodependiente, quien evitó la colocación del artefacto en su vivienda de José C. Paz. “Vino una cuadrilla de una empresa tercerizada de Edenor con una lista de las direcciones donde tenían que poner el medidor prepago, entre las que figuraba mi casa. Yo respondí que el medidor no lo tocaban porque mi hijo lo necesita para vivir”, relató.
Marín también agregó que “al día siguiente llamó el subgerente de Relaciones Internas de Edenor pidiendo disculpas y diciendo que había sido un terrible error de ellos”, al tiempo que subrayó que “no hubo ningún aviso previo y si no hubiera estado en casa me hubieran puesto el medidor. Estos errores, como ellos los llaman, los terminan pagando los chicos”.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un pedido de informes a la prestadora del servicio eléctrico en el noroeste del Gran Buenos Aires y el norte de la Ciudad de Buenos Aires y al ENRE y rechazó la limitación del suministro. “Queremos que dejen de multiplicarse los inconvenientes con el suministro, que éste pueda ser brindado sin interrupciones y respetando las necesidades de los usuarios que más lo necesitan”, subrayo el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, en un comunicado.
Si bien todavía no se han registrado casos bajo la el territorio cubierto por Edesur, la proveedora adelanta sus intenciones en el área de preguntas frecuentes de su web e involucra al ENRE en la futura formalización del sistema prepago.
“No, aún no contamos un procedimiento formal para habilitar la instalación de medidores autoadministrados. Durante el primer semestre del 2017 el ENRE determinará el encuadramiento tarifario de los consumos asociados a este tipo de medición, solo estará disponible para su uso residencial”, aclara la empresa frente a la consulta sobre si existe legislación asociada a la medición autoadministrada.
“Las empresas niegan que lo están ofreciendo, pero tenemos conocimiento de que se le ha ofrecido a mucha gente. De esa manera se precarizaría el servicio, ya que el consumidor no tendría un servicio universal y constante, violentando los derechos del consumidor. Va contra el concepto de servicio público y obligatorio que protege la Constitución”, resaltó Bassano de ADDUC.
El titular de la organización que defiende a los consumidores cuestionó, además, que “el ENRE no dice nada y mira para otro lado porque hoy son socios de las empresas”, y estimó que “las proveedoras de energía eléctrica están haciendo una pantomima para eludir la responsabilidad monetaria de realizar las conexiones adecuadas”.
Mientras tanto, “no hay ningún tipo de resolución que se refiera a la eximición de hogares con pacientes electrodependientes”, remarca Stefanizzi y advierte que la falta de protección a quienes necesitan de la energía eléctrica para vivir implica “un peligro muy grande”.
El consumo promedio en el hogar de un electrodependiente ronda los 1.500 kilowatts, número que supera con amplitud los 600 kilowatts que se estiman en una casa que no precisa de cuidados intensivos para uno de sus residentes. En Provincia existe una ley que marca algunas condiciones especiales en el suministro para estos casos, no obstante, Edesur y Edenor la desconocen bajo el argumento de que su regulación es federal.
Desde julio del año pasado, Stefanizzi y un importante grupo de familiares de electrodependientes aguardan la discusión de un proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Castagneto (FPV-PJ) que exige la gratuidad servicio en sus viviendas, una iniciativa que fue varias veces bloqueada por Cambiemos en los debates de comisiones, incluso al no dar quórum, por lo que actualmente la medida está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el último paso antes de ser debatida por la cámara.
“Fuimos recibidos por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, él propone una serie de cambios en los que coincidimos. Ahora estamos debatiendo si se aprueban los cambios y se vuelve a pasar el proyecto por las comisiones o sí se impulsa la ley y luego se realizan los cambios”, indicó Stefanizzi.
AUNO 08-04-2017
MR-AFG
