Lomas de Zamora, diciembre 7 (AUNO).- La audiencia preliminar por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes durante la última dictadura cívico-militar inició ayer en la ciudad de La Plata. “Después de años de espera, por lo menos es un atisbo de esperanza”, destacó una de las victimas de terrorismo de Estado.
La reunión convocada el viernes fue dispuesta por la Cámara de Casación de La Plata con la finalidad de ajustar detalles previos a los juicios orales que tendrán lugar a inicios del año entrante.
Algunos de los ítems que fueron tratados fueron la fecha de inicio de los juicios, la cantidad de víctimas a las que se les tomará testimonio y la cantidad de audiencias semanales. En este último caso, se llegó al acuerdo de dos semanales, por cuestiones de “economía procesal”.
Este fue el primer paso formal para enjuiciar a los responsables de dos de los centros de detención más importantes del denominado Circuito Camps. Sin embargo, la audiencia convocada para las 11 en los Tribunales Federales platenses no estuvo exenta de dificultades.
La demora de una hora en el inicio fue el menor de los reclamos que los abogados querellantes realizaron antes los jueces. Históricamente, estas dos causas han sufrido diversos reveses burocráticos que son propios de la jurisdicción, de acuerdo a lo expuesto por la abogada Guadalupe Godoy.
A pesar de que las causas habían sido elevadas a juicio en 2012, solo lo hicieron parcialmente. Los procesos orales fueron acordados para comenzar ocho años después, la primera semana de febrero de 2020.
Además, la abogada representante de la querella fue tajante cuando denunció lo “desmantelado” que se encuentra el programa que se encarga de los juicios por crímenes de lesa humanidad en el distrito.
En este sentido, remarcó que los jueces encargados de la audiencia se excusaron de participar en las causas y los jueces actuales pertenecen al Tribunal Oral Nº2 de San Martín.
DEFINICIONES A RESOLVER
La pertenencia de los jueces a un distrito tan lejano geográficamente, como lo es el municipio de San Martín, generó varios debates a lo largo de la jornada. El primer problema ocurrió cuando desde el juzgado se analizó la posibilidad de que solo uno de los cuatros jueces que debieran estar presentes en los debates efectivamente se encuentre físicamente en el proceso, los tres restantes lo harían de manera virtual a través de videoconferencias.
Los abogados representantes de las víctimas insistieron en la “necesidad” de que el proceso tenga lugar en la ciudad. Aludieron al “importante valor simbólico y reparador” que tendrían los juicios de llevarse a cabo en la ciudad de las diagonales e incluso propusieron diversas sedes para que se realice, como el Teatro Federal de La Plata o la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El segundo problema sucedió luego de que fuera rechazada la propuesta anterior realizada por la Fiscalía General y las querellas. Se discutió la posibilidad de que los juicios tengan lugar en San Martín, idea que también fue enérgicamente rechazada. “Da la sensación de que el cuerpo solo lo tienen que poner los testigos”, criticó Godoy en relación a las pretensiones de los jueces.
Dicho señalamiento fue también realizado contra la defensa de los acusados, quienes insistieron en que el estado de salud de sus clientes no era el óptimo para asistir a las audiencias. “Parece un criterio de hostigamiento (contra los acusados)”, cuestionó el abogado defensor Gerardo Ibáñez.
“Ojalá hubiera estado en juicio cuando tenía 40 años (el cliente de Ibañez), esa no es responsabilidad nuestra”, ironizó frente a la argumentación de la defensa, el abogado representante de las Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli.
Otra de las personas que cuestionó los dichos de los abogados de los represores fue Ruben Fernando Shell, quien fue secuestrado y permaneció detenido en el Pozo de Quilmes durante 1977: “Si ellos son unos pobres viejitos, nosotros también somos unos pobres viejitos”.
A pesar de que denunció “la bajada (de línea)” y el “apriete” que el ex presidente del Tribunal Oral Nº1 de La Plata, Carlos Rozanski, realizó sobre la justicia del distrito, remarcó la “esperanza” que le dio el inicio del juicio. “No queremos venganza. No queremos otra cosa que sea justicia”, sintetizó.
Por otra parte, la cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y Fundación Clara Anahí, Elsa Pavón, fue más pesimista respecto a la audiencia preliminar. Para ella, luego de 7 años de la elevación de la causa todavía se discuten “pequeñeces”. Sin embargo, reconoció que espera “un poco mas de atención” por parte del gobierno de Alberto Fernández a los juicios de crímenes de lesa humanidad.
EL CIRCUITO DE LA MUERTE
La relación de la capital provincial con ambas causas está ligada indisolublemente con la represión estudiantil conocida como “La Noche de los Lápices”. El 16 de septiembre de 1976 y en los días siguientes, estudiantes secundarios de esa ciudad fueron secuestrados y luego trasladados y torturados en los Centro Clandestinos de Detención (CDD) de Quilmes y de Lomas de Zamora.
Tanto el Pozo de Quilmes como el Pozo de Banfield fueron parte central de lo que se dio a llamar Circuito Camps: un conjunto de CDD que dependía directamente del jefe de la policía bonaerense, el general Ramón Camps.
Este circuito estuvo conformado por 29 centros clandestinos con funciones específicas. Por ejemplo, la función del Pozo de Banfield era la de brindar asistencia médica a las mujeres embarazadas que eran secuestradas y obligadas a parir en la clandestinidad.
Uno de los nombres más significativos en el banquillo de los acusados por la causa del Pozo de Banfield es el de Juan Miguel Wolk, encargado directo del CDD que operó en Lomas de Zamora y mano derecha de Miguel Etchecolatz.
El acusado de crímenes de lesa humanidad había eludido a la Justicia durante años al fingir su muerte, pero finalmente fue apresado en 2013 y en la actualidad se encuentra con prisión preventiva. Está acusado por cometer más de 300 asesinatos, 235 secuestros y torturas y de casos de robos de bebés que nacieron dentro de las instalaciones castrenses que comandaba.
El resto de los acusados por los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield son Etchecolatz y Jorge di Pasquale (ambos con prisión común); Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Miguel Ángel Domínguez Matheu, Jaime Smart, Eduardo De Lío, Antonio Simon, Carlos Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Azonrena, Jorge Bergés, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Juan Torino y Enrique Augusto Barre, todos ellos con prisión domiciliaria.
AUNO-07-12-19
JP-AFD
