Más de 200 representantes de pueblos originarios radicados en el Conurbano son los protagonistas de las jornadas de debate que finalizarán el próximo viernes en torno a la implementación local de la ley 26.160, que advierte la emergencia habitacional en la que están sumidas las comunidades aborígenes y determina un fondo social para su ayuda.
Con sede en las delegaciones comunales de Almirante Brown, distrito que auspicia la iniciativa junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la salud, la educación y la participación política serán otro de los tópicos sobre los cuales rondarán las exposiciones, además de la demanda histórica del reconocimiento de su derecho a acceder a la tierra que consideran “invadida” desde la conquista de América.
Las mesas de debate convocan a referentes de movimientos sociales con injerencia en la problemática para discutir la ley 26.160, sancionada en noviembre de 2006, que determina un fondo especial de hasta 30 mil pesos para solucionar la crisis habitacional de comunidades indígenas, una vez que el INAI realizara un relevamiento técnico, jurídico y catastral de su situación.
Además de caciques de las comunidades kolla, toba, mapuche y diaguita, entre otras, en los últimos dos días de reflexión participarán representantes de organismos gubernamentales.
La delegada browniana del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Graciela Fernández, adelantó a AUNO que su presentación rondará en torno a la “recomendación nacional sobre los pueblos originarios” que desarrolló el organismo al que pertenece.
En esa presentación se precisará la información obtenida a partir de un estudio que la entidad montó en cada provincia acerca de las condiciones en las que viven los indígenas y de la relación que mantienen con la forma de vida urbana.
Por ejemplo, a la hora de debatir acerca de la necesidad de respetar las prácticas culturales de las comunidades originarias, su relación con la atención médica de la salud mediante instrumentos técnicos y medicamentos es uno de los focos de atención, porque pone en conflicto el derecho a obtener una respuesta sanitaria, por un lado, y la conservación de las costumbres, por otro.
NO TODAS LAS VOCES A FAVOR
Pese a que el espacio abierto en Brown está presentado por la comuna como un ámbito para el reconocimiento de los derechos de los primeros pobladores de la tierra, movimientos como la Organización Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo) decidieron no participar porque consideraron que se trata de una ocasión ideada para “posar para la foto” y no de un verdadero reconocimiento de las tierras.
“No coincidimos ideológicamente con la propuesta y no lo haremos en tanto no se asuma la deuda histórica del Estado por el genocidio de los pueblos originarios”, demandó Benito Espíndola, abogado y referente de la agrupación en el Conurbano sur.
Según su visión, la “impunidad” caracterizó la apropiación de las tierras desde la llegada de los europeos al suelo americano, frente a lo que demandó que las políticas estatales garanticen un “resarcimiento concreto del daño”.
MNL-AFD
AUNO-25-03-09
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