(AUNO-TERCER SECTOR*) Los buques llegarían desde
Sydney, Australia. Cruzarían el Cabo de Hornos, en el sur argentino, para luego
trepar por el Atlántico y llegar hasta el puerto de Buenos Aires. Allí,
descargarían el peligro que transportaron durante miles de kilómetros: los
residuos nucleares dejados por el reactor australiano Lucas Heights, que sería
construido por la empresa argentina Invap. La escena se repetiría una y otra
vez, por años, a pesar de su inconstitucionalidad.
Sin embargo, gracias al trabajo de la
organización Greenpeace, de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente
(Funam) y de más de 70 ONG´s de todo el país, la escena, por ahora, parece
estar un poco más lejos de ser real. Tras una serie de protestas y denuncias en
el país y en el exterior, lograron poner en cuestionamiento el proyecto, a la
vez que se frenó su aprobación final.
Pero las ONG´s saben que todavía no pueden
cantar victoria. Luego de la aprobación en el Senado del proyecto para importar
residuos nucleares desde Australia, el tema volvió a Diputados. Por las
controversias que generó su tratamiento, se decidió enviarlo a Comisiones
Especiales de Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología, y Medio Ambiente
para que sea estudiado con mayor detenimiento. Y ahora, luego del decreto que
llamó a las Sesiones Extraordinarias que se desarrollarán hasta el 21 de este
mes, las ONG´s no quieren descuidarse ni un segundo del asunto.
En el temario de cuestiones a tratar durante las
sesiones, compuesto por ocho ítems (entre ellos, el Presupuesto Nacional 2002),
todos los puntos están claramente definidos. Menos el número dos, que,
vagamente, sólo dice: “Consideración de Acuerdos y Tratados
Internacionales”. La ambigüedad en la definición es vista con sospecha
por las organizaciones, que se mantienen en alerta.
La historia comenzó en julio de 2000, cuando la
empresa rionegrina Invap firmó un contrato con la Australian Nuclear Safety
Organization (Ansto) para la construcción de un reactor nuclear en Australia,
por unos 180 millones de dólares. Los gobiernos de ambos países festejaron el
acuerdo. Pero, al poco tiempo, se supo que una de las cláusulas obligaba a la
empresa argentina a hacerse cargo del reacondicionamiento en el país de los
residuos nucleares arrojados por el reactor que ella misma iba a construir a 35
kilómetros de la ciudad de Sydney. Una medida así era inconstitucional. Según
las ONG´s, Invap lo sabía, pero igual firmó el contrato. A partir de entonces,
comenzaron los problemas.
Las ONG´s australianas empezaron a manifestarse
contra la construcción del reactor. El tema cobró cada vez más presencia en
la opinión pública. Así, ante la polémica, una comisión especial del Senado
australiano comenzó a investigar el contrato. Entonces, el tema llegó a las
organizaciones argentinas, que rápidamente se pusieron a trabajar.
Consideraron, de movida, que el proyecto de importar residuos era
inconstitucional, según establece el artículo 41 de la Carta Magna.
Luego, llegó el tiempo de las comprobaciones y
de las denuncias en la Argentina llevadas adelante por Greenpeace, Funam y
decenas de organizaciones de todo el país.
Para Invap, el procedimiento sería el siguiente.
Australia enviaría el combustible usado, quemado, que ya perdió su capacidad
de mantener reacciones en cadena como para funcionar en el reactor. Sólo que,
ahora, ese combustible, tras una serie de fusiones generadas durante su uso,
contendría radioisótopos diferentes (y más peligrosos) a los de su estado
original. La nueva “versión” del combustible traería plutonio,
cesio, uranio; elementos altamente radiactivos con una vida media de cien mil
años. Eso es lo que llegaría a la Argentina.
Aquí, Invap realizaría un proceso que se llama
“reacondicionamiento”, que consiste en hacer decaer la temperatura de
los residuos, colocarlos en moldes de cemento o matrices de vidrio y
“estacionarlo” durante quince años, para recién poder devolverlos a
Australia, en condiciones admitidas por las leyes de ese país. Pero todo esto
viola la Constitución Nacional. Además, las organizaciones dicen que Invap no
tiene capacidad ni instalaciones para hacer frente a semejante compromiso.
El artículo 41 de la Constitución Nacional
establece: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. Según las
ONG´s, Invap y los organismos estatales de los cuales depende la Comisión sabían desde el principio de la inconstitucionalidad del contrato
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno de la provincia de Río
Negro
firmado.
Ante las protestas y las denuncias, Invap y la
CNEA, de la mano de distintos constitucionalistas, comenzaron a esbozar el
argumento que les serviría para avanzar con el proyecto del reactor. Así, la
empresa argumentó que los residuos sólo estarían “temporalmente” en
el país, no en forma permanente, y que por lo tanto su reacondicionamiento no
violaba lo establecido por el artículo 41.
Pero en la Constitución no existe distinción
entre residuos temporarios y permanentes. Para el biólogo Raúl Montenegro,
presidente de Funam, la distinción no es válida, ya que, además de
inexistente, es imprecisa, porque los residuos permanecerían durante años en
el país. “¿Cuántos años estará la basura nuclear en la Argentina? ¿10
años, 15 años, 20 años? ¿Esto es temporario para Invap y la CNEA?”, se
pregunta Montenegro.
Como una forma de avalar el contrato y hacer
frente a las denuncias, los Ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y
Australia decidieron firmar en Canberra un “Acuerdo sobre usos Pacíficos
de la Energía Nuclear”. De esta manera, lo que en principio era un negocio
entre empresas y organismos pasó a tener tono estatal.
“Ante los argumentos de peso sobre la
ilegalidad del contrato, Australia buscó el acuerdo con el gobierno argentino,
a nivel Estado, para tener un mayor apoyo. Un tratado bilateral (que no era
necesario para el acuerdo comercial) para que el Estado argentino respalde el
compromiso adquirido por Invap”, explica Juan Carlos Villalonga,
coordinador del área de energía de Greenpeace, y agrega: “Es dramático
ver que Australia buscó el acuerdo para garantizar que se cumplan sus leyes, y
que Argentina lo hizo para garantizar que se pueda violar la Constitución, y
para defender un contrato comercial de Invap”.
Actualmente, Australia envía sus residuos
nucleares a Francia. Pero tras una serie de protestas, y al perder en la
licitación por el nuevo reactor de Lucas Heights, lo más probable es que el
territorio francés deje de ser, pronto, el basurero de Australia, que también
tiene problemas similares con Escocia, otro receptor. Ante este cuadro, el
gobierno australiano quiere asegurarse tener país al cual llevar sus
desperdicios. Así, los problemas de Australia con los países receptores de
combustible nuclear agotado hicieron que la empresa de ese país mirase con
mejores ojos en contrato con Invap.
Días atrás, el senador Nick Bolkus, ex vocero
federal del partido Laborista de Australia, envió una carta a los diputados y
al pueblo argentino. “El gobierno de nuestro país ha intentado persuadir a
los australianos de que Argentina está preparada para aceptar un sin fin de
basura nuclear. Realmente, no creemos que los franceses, que fueron los
perdedores de la licitación, acepten llevarse los residuos, y por lo tanto
ustedes deberán cargar con un problema de altísimos costos. Mi pedido es que
el Parlamento argentino evite la ratificación del tratado”, decía la
carta. Ahora, la palabra la tienen los funcionarios argentinos. Y nadie sabe
cómo puede terminar esta historia. Pero, lo que sí se sabe, es que las
organizaciones no van a quedarse de brazos cruzados.
Por Ariel González Mouls
* Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
