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“No hay oferta de suelo urbano. Es decir, no hay lugar para acceder a tierras para vivir.” Este fue uno de los tópicos de análisis en los que coincidieron una antropóloga, una socióloga y un arquitectos especializados en urbanismo para tratar de explicar la seguidilla de tomas de tierras que se suceden en el gran Buenos Aires. En los últimos 15 días, un campo 84 hectáreas ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, de Lomas de Zamora, fue habitado por decenas de familias que lotearon y hasta hicieron el trazado de las calles. La represión policial no tardó, y la respuesta de la gente fue un corte del Camino Negro; hoy, la dimensión de la toma haría palidecer cualquier nuevo intento de desalojo. Una semana después y a un kilómetro de distancia, otras familias intentaron poblar un predio frente a un barrio levantado hace poco más de diez años, pero quienes viven allí los enfrentaron, hasta hubo peleas y tres heridos de bala. Los medios de comunicación mostraron la punta del iceberg, pero en lo profundo hay un drama: según datos oficiales, el déficit habitacional es de 3,5 millones de unidades sin construir, es decir 14 millones de personas tomando como parámetro una familia tipo de cuatro personas.
El derecho a una vivienda está contemplado en el artículo 14 bie de la Constitución Nacional, en el 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y el 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, “el suelo es un negocio, dedicado a la especulación inmobiliaria”, sintetizó Rodolfo Livingston, uno de los arquitectos más reconocidos del país.
“En la era capitalista, la tierra no tiene ningún valor social; simplemente, es una mercancía y su valor económico es lo único que importa”, definió en diálogo con AUNO. Esto se opone claramente a la idea de suelo que tenían, por ejemplo, las comunidades originarias de América, pueblos en los que “nunca se hubiera pensado en (función de) el valor mercantil de la tierra” a la que veneraban, comparó.
Por ello, el suelo como bien económico evidencia las “remotas posibilidades” a acceder al derecho a una vivienda que padecen aquellos que tienen bajos sueldos, salarios “en negro”, subsidios o están desempleados. Pero “cuando la gente tiene trabajo, cuenta con las herramientas para hacer su propia casa y no necesita que nadie le regale nada”, afirmó Livingston, que ejemplificó con el caso de la Villa 31 de Retiro, donde los obreros y habitantes del lugar construyeron sus propios hogares. Varios barrios que comenzaron como tomas avanzaron hacia la urbanización. Sin embargo, según el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (Cohre, por su sigla en inglés), apenas el 27 por ciento de los asentamientos llegaron a la escrituración.
Para la socióloga Carla Rodríguez, miembro del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), “no sólo no hay un mercado de tierras acorde a los recursos de la gente, sino que en las últimas décadas se evidenció la falta de normas que regulen el acceso al suelo y a la viviendas”, una realidad que da cuenta de la “ausencia del Estado” en políticas socio-espaciales y que evidencia “ la liberalización del mercado del suelo”, que es administrado por las empresas inmobiliarias.
A esta cuestión debe sumársele el crecimiento demográfico. De hecho, en los barrios más pobres, varias generaciones conviven en un mismo lote —si no en una misma vivienda—, con más expectativas de lograr una casa propia a través de una toma o una ocupación que por la vía formal de la compra de un inmueble. Para Rodríguez, este incremento poblacional y la falta de opciones para acceder a un derecho vital, obliga a gran parte de los habitantes “a resolver sus necesidades por fuera de los marcos legales”. (ver ¿Cuánto cuesta tener una casa? )
BAJO LA LEY DE LA DICTADURA
Otra de las razones que permiten que la falta de un lugar para vivir sea un problema frecuente tiene su antecedente cercano en la década de 1970. La antropóloga María Cristina Cravino apuntó a la ley 8912 “de ordenamiento urbano”, sancionada por el gobierno de facto en 1977, que regula el uso del suelo y restringe la extensión de la ciudad. Su vigencia, básicamente, impide la comercialización de un terreno sin infraestructura, es decir que imposibilita y sanciona el acceso a un lote si antes no están los servicios básicos (electricidad, agua, cloacas, gas y alguna otra cosa privada). Ante las exigencias que estipula la norma para acceder a una vivienda, “un trabajador con bajos recursos no tiene ninguna opción” de adquirirla, sintetizó a AUNO la investigadora.
“Antes de esa ley la gente podía acceder a una casa a través de cuotas y distintos planes habitacionales”, afirmó Cravino y comparó que esas posibilidades “fueron negadas durante los ’90 y recién hace cuatro años el Gobierno volvió a ponerlas en marcha”. No obstante, insistió en que el Estado debería, como primera opción, “ofrecer lotes con infraestructura, aunque de ninguna manera debe dejar los planes de viviendas de lado”.
La necesidad de políticas y normativas que regulen el derecho a una vivienda es una cuenta pendiente de la gestión estatal, concordaron las investigadoras. “No es una solución simple, pero es necesaria la implantación de un marco normativo y un seguimiento continuo” para que la legislación esté acorde a la coyuntura social, resaltó caRLA Rodríguez.
Y QUÉ DICEN LOS MEDIOS
La televisión, la radio y los diarios suelen rotular y clasificar los sucesos sin descubrir las diferencias que presenta cada uno. Así, en acontecimientos como las tomas de tierras de los últimos días se utilizaron frecuentemente términos como “usurpación de tierras” y “enfrentamiento entre vecinos y usurpadores”, y calificativos como “saqueadores”, “intrusos” Y “okupas”.
El tratamiento que de estos temas hacen los medios de comunicación “es muy acusador”, definió Cravino. En su criterio, la falta de viviendas “es un tema mucho más complejo y que va más allá de lo que se muestra en los medios masivos, influenciados por sus propios intereses”.
La antropóloga resaltó que muchas de las figuras jurídicas que se utilizan para hacer referencia a los protagonistas de las tomas de tierras, “están desactualizadas y son simplemente descalificadoras”. De esa forma, “se habla de la gente como ‘delincuentes’, ‘usurpadores’ y nunca se mencionan los derechos que permanentemente les son negados”.
Por su parte, Rodríguez consideró que los medios de comunicación “descontextualizan la información, dificultan el entendimiento y exacerban los conflictos” entre las mismas personas que se paran en distintas veredas, se dividen y se enfrentan sin buscar consensos que posibiliten la salida a un problema más profundo.
RCI-AFD
AUNO-28-11-08
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