Lomas de Zamora, diciembre 20 (AUNO).- El gobierno de Fernando de la Rúa heredó de la gestión de Carlos Menem un modelo económico agotado por demás, pero lejos de buscar otro rumbo, se esforzó por mantenerlo. Las privatizaciones de la década anterior, que habían reducido drásticamente el nivel de empleo e incrementado los índices de pobreza, se complementaron con los sucesivos ajustes de la inversión pública –-sugeridos en su mayoría por el Fondo Monetario Internacional (FMI)— y los esfuerzos por mantener la convertibilidad que llevó a cabo la gestión de la Alianza.
Las consecuencias sociales de este contexto económico comenzaron a hacerse notar el 13 de diciembre con los saqueos a supermercados en Rosario, Santa Fe, Mendoza y Santiago del Estero, entre otras ciudades del interior. En pocos días, se extendieron a la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, particularmente en los distritos de Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Lanús y Merlo.
El 19 de diciembre, la Plaza de Mayo se convirtió en el epicentro de la protestas, con los cacerolazos y la consigna “que se vayan todos” como principales síntomas del humor social. En un intento por controlar la situación, De la Rúa anunció por cadena nacional la declaración del estado de sitio, pero lo único que consiguió fue alimentar la indignación de una sociedad diezmada: el anunció se leyó como un gesto de prepotencia de un gobierno que ya todos sabían impotente.
Las protestas llegaron a las puertas del Congreso y poco después a la quinta presidencial de Olivos. Cerca de la medianoche, se conoció la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo, pero eso no bastó para acallar las voces que pedían a gritos un cambio. Tampoco la represión policial que se hizo sentir con fuerza durante el 19 y el 20 de diciembre y que dejó a su paso 39 muertos en todo el país.
El 20 de diciembre, pasadas las 19, se anunció oficialmente la renuncia de De la Rúa. Desde la Plaza de Mayo, los manifestantes despidieron el helicóptero presidencial que partió de la terraza de la Casa Rosada con aplausos y puteadas. Ante la ausencia de un vicepresidente que tomara la posta, dado que Carlos “Chacho” Álvarez había abandonado ese cargo un año antes, el ejercicio del Poder Ejecutivo cayó en manos del presidente provisional del Senado, el justicialista Ramón Puerta.
Desoyendo a los gobernadores justicialistas que pedían convocar a elecciones de manera urgente, Puerta decidió convocar a la Asamblea Legislativa para que designara a un presidente interino. Si bien el nombre de Eduardo Duhalde ya circulaba entre los diputados y senadores, el ex gobernador bonaerense todavía no contaba con el consenso necesario. Por ello, el 22 de diciembre la Asamblea eligió al puntano Adolfo Rodríguez Saá y fijó la convocatoria a elecciones para el 3 de marzo de 2002.
Sin embargo, esta última condición jamás se cumpliría. Rodríguez Saá permaneció una semana en el cargo, durante la que también tuvo que escuchar la disconformidad expresada en el repiqueteo de cacerolas, además de lidiar con los cabildeos en el PJ. Y es que muchos de los gobernadores temían que el puntano burlara la fecha prefijada para las elecciones con el objetivo de completar el mandato de De la Rúa —que terminaba en 2003—-, por lo que decidieron aislarlo: casi ninguno de ellos asistió a la reunión convocada por Rodríguez Saá en la residencia presidencial de Chapadmalal para consensuar una salida a la crisis. Enfurecido y políticamente debilitado, renunció a la Primera Magistratura el 30 de diciembre.
Esto obligaba a Puerta a hacerse cargo nuevamente del Ejecutivo y volver a convocar a la Asamblea Legislativa, pero el misionero se había esfumado, licencia por enfermedad mediante. Era el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, de tomar las riendas del país, pero su estadía en la Casa Rosada sería breve: llegó el 31 de diciembre, asumió la Presidencia, convocó a la Asamblea Legislativa para el día siguiente y se marchó.
El 1 de enero, sin más tiempo que perder, los diputados y senadores se reunieron en el Congreso para designar un nuevo presidente. Con la urgencia de dar una respuesta definitiva a la crisis política, el PJ llegó a un acuerdo para impulsar a Duhalde como presidente y el resto de los partidos no opuso mayor resistencia. Con 262 votos a favor y tan sólo 21 en contra, el Asamblea Legislativa designó al ex gobernador bonaerense para hacerse cargo de la Presidencia.
Duhalde reconoció públicamente que la Argentina estaba “quebrada” y anunció el fin de la convertibilidad, aunque jamás cumplió con la promesa de devolver en su totalidad el dinero a los ahorristas que se vieron afectados por el congelamiento de sus depósitos –-el “corralito” dictado por Cavallo—. La Argentina había soportado el trago más amargo de su historia reciente.
PS-AFD
AUNO-20-12-11
