Aprueban una ley de protección a la niñez en riesgo

Con la aprobación de la ley que crea el Sistema Integral de Protección de Niños y Adolescentes se pone fin a la facultad que tienen los jueces de decidir la separación de los chicos en riesgo socioeconómico y su internación en institutos de menores. Se descuenta que será refrendado por diputados.

Por Elisabet Contrera

(AUNO-Tercer Sector*) Desde hace más de 10 años, organizaciones dedicadas a la niñez, académicos y especialistas reclaman al Estado por un marco legal acorde a la Convención Internacional de Derechos del Niño, incluida en la Constitución Nacional en 1994. Hoy, están más cerca de ver concretada su lucha contra la judicialización de la pobreza, luego de que la Cámara de Senadores aprobara por unanimidad una ley que establece la creación de un Sistema Integral de Protección de Niños y Adolescentes. De esta manera, queda derogado el sistema del Patronato de la Infancia que, desde 1919 concibe al niño como ‘objeto de tutela’ y brinda al Poder Judicial la potestad para separar a los niños de su ambiente familiar cuando están “en riesgo físico o moral”.
Con esta aprobación, la Cámara de Diputados tendrá en sus manos la sanción definitiva de la ley que considera al niño como “un sujeto activo de derechos, en un sentido abarcativo de los mismos y a lo largo de su crecimiento”, resaltó Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), uno de los principales protagonistas de la campaña por la derogación de la Ley 10.903, conocida como Ley Agote o de Patronato de Menores.
La legislación vigente faculta a los jueces encerrar al niño en un instituto de menores porque su familia no puede mantenerlo o es víctima de violencia. Específicamente, el proyecto aprobado prohíbe “las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada” de los chicos y reafirma “el principio de desjudicialización de los conflictos sociales”.
La ley también permite la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que trabajarán en la elaboración de las políticas públicas necesarias a fin de “restituir los derechos vulnerados de los niños y sus familias y la reparación de sus consecuencias”.
Luego de años de avances y retrocesos, Schulman reflexionó acerca de las motivos por los cuales se aplazó el tratamiento de esta nueva norma. “Cada vez que avanzan leyes de corte progresista aparecen lobbies de la Justicia de Menores y Familia, un colectivo fuerte a la hora de tomar decisiones sobre los chicos pobres. A esto se suma, que el tema de la infancia no forma parte de la agenda política. Los chicos no votan, por tanto no despiertan su interés”, sintetizó.
Modificaciones de último momento impidieron agregar en el proyecto sancionado el seguro social de inclusión, que permitiría dar otro paso en el camino a la igualdad de derechos. “Todos los niños, sin distinción de clases, podrían acceder a una asignación mensual fundamental para su crecimiento”, explicó la titular de Casacidn.
De todas maneras, de acuerdo a la iniciativa, el Estado podría adoptar “medidas excepcionales” cuando “las niños estuvieran privados de su medio familiar” pero deberán ser “limitadas en el tiempo” y sólo se podrán mantener “mientras persistan las causas que le dieron origen”, concluye el texto de la ley. El encargado de establecer estas medidas será el organismo administrativo y la Justicia intervendrá sólo para garantizar el procedimiento.
Además del Casacidn, un comité integrado por numerosas entidades especializadas en derechos humanos, de la infancia y adolescencia, Unicef, el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y la Sociedad Argentina de Pediatría se encuentran entre las organizaciones que lucharon por la anulación de la ley de Patronato.

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Cómo comunicarse:
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño
(011) 4815 –9524
www.casacidn.org.ar
casacidn@casacidn.org.ar

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Revista Tercer Sector

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