La realidad es que en la provincia de Buenos Aires de los 280 mil docentes públicos, el 60 por ciento no cuenta con representación de ninguna organización sindical, según datos que manejan los representantes sindicales bonaerenses.
Lomas de Zamora no se aleja de esta realidad, según las palabras de Pedro Ponce, secretario general de SUTEBA Lomas, que aseguró que sólo 2.700 docentes están afiliados a alguno de los sindicatos, de un total de ocho mil que trabajan en el distrito. Es decir que sólo están afiliados el 33,7 por ciento del total de docentes.
Aclaró que de los 2.700 afiliados, 2.600 pertenecen al SUTEBA y que el resto es parte de gremios provinciales, como la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udopba) o Asociación del Ministerio de Enseñanza Técnica (Amet).
El proyecto de ley de convenciones colectivas que fue enviado por el Poder Ejecutivo bonaerense a la Legislatura en junio establece en el artículo 5 la “representación en las negociaciones paritarias”.
Tomando en cuenta que más de la mitad de los docentes bonaerenses no están afiliados a ningún sindicato, los gremios solicitaron que “los derechos estén garantizados para todos los trabajadores provinciales y sus distintas representaciones sindicales, sin distinción de ideologías”.
“Desconfiamos de convenios colectivos de trabajo porque esto implica discutir que el salario este ligado al merito y no a la antigüedad, que el acceso a las escuelas dependan de los directivos y no a través del concurso en acto público y discutir el régimen de licencias, todo esto significa perder derechos y no ganarlos”, argumentó Ponce, en declaraciones a la Agencia Auno.
El proyecto de ley de convenciones colectivas del sector docente y la postura opositora que los sindicatos provinciales y federaciones nacionales sostienen frente al proyecto sacan a la luz una problemática mucho más profunda en el seno de la representación gremial y la crisis de representación sindical que sufre el sector.
Además Ponce criticó la ausencia de un “ámbito real para la discusión de los temas gremiales”, ya que para el representante de SUTEBA la Dirección de Reclamos Gremiales creada desde provincia “sólo funciona como una oficina de recepción de reclamos escritos”, aceptando la existencia de una grieta entre el estado y los trabajadores del ámbito educativo.
Hay varios artículos de la iniciativa de la gestión Solá donde no existe “demasiadas diferencias” entre las posturas de los gremios, pero la polémica se centra en el artículo cinco, donde se establece la representación gremial en la mesa paritaria.
Al respecto, Susana Laburu, dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), afirmó que “buscarán que los legisladores acuerden un trato paritario que sea el mismo para todos”.
Precisamente la preocupación de los gremios con respecto al tema de los acuerdos conjuntos que deja por fuera de la discusión a miles de docentes, desnuda la realidad de la precaria representación sindical no excepcional en un contexto donde la crisis de representatividad se tradujo en un rechazo generalizado de toda la clase política.
Y si bien este rechazo se demostró con mayor fuerza en diciembre de 2001, las secuelas de la profunda crisis, no sólo política sino social y económica, que se volvió estructural a lo largo de treinta años en el país, siguen presentes y cobran fuerza en la cotidianidad de las luchas sindicales.
Frente a esta realidad, desde SUTEBA Lomas se impulsará un congreso regional, que según Ponce, se realizará a fines de agosto o principios de septiembre, para discutir sobre las paritarias y los diferentes proyectos educativos, para avanzar luego con un congreso nacional ya que son políticas como estás con las que el sector apunta a apalear la crisis de participación real que están sufriendo.
jc-hrc
