(AUNO) Uno de los principales debates alrededor del acuerdo es el destino de los residuos radioactivos que genere el uso de ese reactor, ya que desde entidades ambientalistas se objeta que tengan que ser traídos de vuelta al país para su posterior tratamiento, por el riesgo que eso ocasionaría. Además, es algo que está expresamente prohibido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. El proyecto fue desarrollado por la empresa rionegrina INVAP, y consiste en la venta de un reactor de investigación para la localidad australiana de Lucas Heights.
Tras ser aprobado por el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en una sesión que para la asociación Greenpeace fue “sin debates, sobre tablas y a una velocidad insólita”, el proyecto descansa en la Cámara de Diputados, en la que el 10 de diciembre se produjo la renovación parcial de sus integrantes.
A raíz de esta renovación, Greenpeace resaltó que caducaron los dictámenes favorables que habían realizado los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Energía, por lo que los nuevos integrantes de las mismas deberían volver a analizar el asunto.
“Según el reglamento de la propia Cámara de Diputados, se establece que al producirse la renovación de los miembros de las comisiones caducan los despachos emitidos anteriormente por las mismas. El Acuerdo Nuclear, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa, contaba hasta ahora con despachos de mayoría favorables en las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Energía”, destacó la organización.
Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Grenpeace Argentina recordó que “en noviembre de 2001 se hizo el primer intento de aprobar el Acuerdo en la Cámara de Diputados, intentando usar el mismo procedimiento que el utilizado en la Cámara de Senadores que lo aprobó sin debates, sobre tablas y a una velocidad insólita”.
Desde aquel momento, el acuerdo fue eje de discusiones en Diputados y públicas, por lo que su aprobación generaba un costo político no deseado, lo que provocó que el tema se diluyera. Si bien en octubre de 2002 se consiguieron los despachos favorables de comisión, no logró avanzar de ahí.
Ahora, sin embargo, su posible aprobación quedó un paso más lejos por la renovación legislativa, aunque el proyecto mantiene su estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional. Para Villalonga, “el Acuerdo no sólo es inconstitucional, sino políticamente un error y carece de toda legitimidad. Debe ser retirado de la Cámara por parte del Poder Ejecutivo y encararse una nueva etapa de negociación con Australia para alcanzarse un nuevo acuerdo que sea respetuoso de la Constitución Nacional”.
En este sentido se pronunciaron en los últimos tiempos integrantes de más de 300 entidades defensoras del medio ambiente, que presentaron un proyecto de resolución en el Cámara de Diputados que insta al Ejecutivo a renegociar el Acuerdo. “Esa es la dirección que debería tomar el accionar de la nueva Cámara de Diputados, procurar retirar este Acuerdo de la Cámara y renegociar con Australia en otros términos”, evaluó Villalonga.
AUNO 17-12-03 mar
